No habrá juicios sumarios antes de resultados: Woldenberg

Investigar sin sesgos recursos de campaña foxista, ofrece el IFE

Jaime Cárdenas y Pablo Gómez piden se cite a declarar al mandatario El instituto no es MP, advierte Lujambio

ENRIQUE MENDEZ

El Instituto Federal Electoral (IFE) ofreció ayer "investigar a fondo, con todos nuestros recursos, pero sin sesgos", si como candidato Vicente Fox utilizó recursos irregulares en la campaña de 2000 manejados por Amigos de Fox, aunque el presidente del Consejo General, José Woldenberg, acotó que no se alimentará "la espiral de especulaciones ni se harán juicios sumarios" antes de tener resultados.

Tanto el consejero electoral Jaime Cárdenas como el representante del PRD ante el IFE, Pablo Gómez Alvarez, pidieron que en las investigaciones, además de Lino Korrodi, se cite al mandatario, "como principal promotor y beneficiario de Amigos de Fox", para que "informen lo que saben" del presunto financiamiento desde el extranjero a sus actividades políticas. El perredista dijo que hasta ahora el Presidente no es culpable, pero ello no implica que esta vez deje de indagarse debidamente.

Incluso, Cárdenas planteó "dar vista al Ministerio Público" para obtener pruebas, y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que determine si se cometieron actos ilícitos. "Es fundamental que se esclarezcan los hechos, y espero que los Amigos de Fox no vayan a chicanear este asunto, no lo vayan a dilatar", expresó.

En sentido contrario, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Alonso Lujambio, afirmó que si bien el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) amplió las atribuciones del instituto, éste "no es ministerio público", y por lo tanto no puede obligar a nadie a presentarse a declarar, aunque señaló que ni la Secretaría de Hacienda ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pueden negar ahora información. "No le busquemos pies al gato, deberán entregar la información que les sea solicitada", expuso.

De igual forma, el representante de Acción Nacional, el diputado Armando Salinas Torre, planteó que en la indagatoria no se requiere girar un citatorio o pedir información a Fox porque, dijo, ésta debe ceñirse a los nombres que cita el tribunal en su sentencia.

Ayer, durante la sesión extraordinaria del IFE, Lujambio presentó un informe de la comisión, que en la reunión del miércoles pasado determinó reanudar la investigación sobre el supuesto financiamiento irregular que recibió Fox en 2000, la cual se abre a partir de la relación entre la Alianza por el Cambio y los Amigos de Fox, y comenzará entre 19 personas, empresas, bancos y asociaciones vinculadas con la campaña del mandatario actual.

Antes de que la indagatoria se reanude de manera formal, Lujambio se adelantó y pidió que ante las expectativas generadas por la resolución sobre los gastos irregulares de Fox en 2000 -revelados en exclusiva por La Jornada durante la campaña, y posteriormente ampliados por el PRI en el Senado-, se juzgue al instituto "no por el resultado final de las investigaciones, sino por la profundidad con que se realicen y la legalidad a la que se apeguen".

El tema de las finanzas foxistas generó este viernes un amplio debate entre los consejeros y los representantes de los partidos políticos en el Consejo General.

Luego del informe de Lujambio, Pablo Gómez insistió en que Fox y Korrodi deben tener "bastante información" sobre la cantidad de recursos que manejaron y, por lo tanto, están obligados a "ayudar a este instituto como ciudadanos de la República".

Además, dijo que si el secreto bancario es aplicable en el uso de la información de cuentas y manejo de cheques, la Comisión de Fiscalización debe considerar pedir al Ministerio Público averiguar qué funcionarios bancarios le entregaron al PRI copias de los documentos que presentó el coordinador de los senadores priístas, Enrique Jackson Ramírez, para demostrar la triangulación de recursos desde Estados Unidos a Amigos de Fox.

"Y entonces también pedir al senador Jackson nos haga el favor de informar al instituto quién le dio copias de los cheques, no tanto por interés del IFE, sino por su obligación de dar reporte al Ministerio Público, o directamente al procurador" general de la República, sostuvo.

Para Gómez Alvarez, ahora que el organismo electoral tiene mayores atribuciones en materia de fiscalización de recursos de los partidos políticos, también es necesario que averigüe directamente en la CNBV todos los estados de cuenta del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), así como los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para determinar si tiene sustento o no la queja perredista presentada en contra del tricolor por el desvío de recursos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida.

Mientras, Jaime Cárdenas reprochó a sus compañeros del Consejo General haberse apresurado a cerrar la investigación del financiamiento que recibió Vicente Fox, y cuestionó que la queja del PRI "se desechó a toda costa. Cerraron todos los caminos, todas las ventanas. Envenenaron los pozos".

Confió en que esta vez el procedimiento se agote y el resultado de las investigaciones sea convincente y creíble, y solicitó que como él, el compromiso de los otros consejeros sea "con la verdad". Pidió que ahora, como parte de las pruebas se incluyan también los libros Asalto al palacio, de Guillermo Cantú, y El Fenómeno Fox, de Francisco Ortiz Pinchetti.

"En esos libros -dijo- hay pistas adicionales, nombres interesantes de personas relacionadas o presuntamente relacionadas con los hechos y que pueden ser requeridas, como Alfonso Romo Garza, Francisco de Paula León Olea, José Luis González y González, Eugenio Garza Herrera, Elías Villegas, Antonio Díaz de León, Alejandro Arenas, Enrique Molina, Carlos Garza Alvarez, Ricardo Alanís, Pablo Escandón, o el grupo hotelero Fiesta Americana."

Sus afirmaciones calaron no sólo entre los consejeros, sino incluso en el presidente del Consejo General, José Woldenberg. "Quiero -dijo- salir al paso a una afirmación que no puedo aceptar, en el sentido de que el Consejo y la comisión intentaron cerrar 'a toda costa' la investigación".

Lo que se discutió, recordó, fue qué posibilidades tenía el instituto ante el rechazo de las autoridades hacendarias de entregar información, aduciendo el secreto bancario, y refirió que entonces confió en que cuando los partidos interpusieran un recurso ante el Tribunal Electoral, esa instancia dotaría al IFE de instrumentos legales para que el gobierno atendiera sus requerimientos.

Lujambio le respondió que ante el obstáculo que representaba el secretario bancario, la decisión fue cerrar el caso para que los partidos impugnaran ante el tribunal, y que éste les diera la razón.

Por otra parte, el Consejo General aprobó la resolución para acatar la sentencia SUP-JDC-015/2002 del Tribunal Electoral, que instruye al IFE a "proveer lo necesario" para restituir en su cargo al dirigente del Partido Alianza Social en el estado de México, Juan Lago Lima, a quien su partido removió y suspendió de sus derechos cuando en 2000 se inconformó por la nominación de una candidata a diputada federal.

El punto fue aprobado a pesar de que PAN, PRI, PRD y PAS defendieron que la resolución del tribunal precisaba que el tema debía ser desahogado en una sesión ordinaria, y no en una extraordinaria, como la de ayer. "No podemos acatar el fallo desacatando sus términos", delimitó Salinas Torre.

Este asunto derivó en una amplia discusión en la que los partidos afirmaron que con este fallo se "cierra la pinza" para que el Estado intervenga en la vida interna de los partidos y abre la puerta a las infiltraciones. Ante ese panorama, anticiparon que defenderán en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma que impida al tribunal tomar ese tipo de decisiones, que, dijeron, competen exclusivamente a los órganos de deliberación de cada partido.

Sin embargo, José Woldenberg afirmó que no hay ningún intento intervencionista en la resolución, y planteó que si los partidos "se ciñen a sus normas internas, estos asuntos no llegarán a la autoridad electoral".