Interpusieron demanda por la muerte de los 14 veracruzanos en el desierto de Arizona

Familia de migrantes exige a EU 52 mdd de indemnización

CRISTOBAL GARCIA BERNAL Y FERNANDO LOPEZ -CORRESPONSALES

Familiares de los 14 indocumentados mexicanos que perecieron en el desierto de Yuma, Arizona, interpusieron hoy ante una corte federal de Tucson, Arizona, una demanda por 52 millones de dólares contra el gobierno de Estados Unidos, a quien responsabilizan de la tragedia ocurrida el 23 de mayo del año pasado.

Los familiares de las víctimas responsabilizaron al US Fish and Wildlife Services, argumentando que previo al incidente negaron a una organización humanitaria el permiso de colocar contenedores con agua en la misma área donde fueron encontrados los cadáveres de los migrantes.

De acuerdo con la demanda, el gobierno estadunidense tenía conocimiento del fuerte operativo de vigilancia de la Patrulla Fronteriza, lo que estaba obligando a los indocumentados a utilizar rutas cada vez más peligrosas para llegar a Estados Unidos.

En entrevista, James Clark, uno de los representantes legales de los afectados, aseguró que en varias ocasiones el grupo de Fronteras Humanas, con base en Tucson, había solicitado permiso al US Fish and Wildlife Services para colocar contenedores con agua, que de haber sido colocados podrían haber salvado la vida de los indocumentados.

Sin embargo, no se dio la autorización, alegando que los contenedores eran una amenaza para la vida y el ecosistema del lugar. "Se interpusieron los intereses del gobierno sobre la vida humana", dijo el abogado.

Informó que cada uno de los familiares de los 14 indocumentados desaparecidos exige una indemnización de 3.75 millones de dólares, y que el gobierno de Estados Unidos tiene seis meses para contestar; en caso de negar los cargos, promoverán una demanda civil, otra de las vías para que se determine en favor de las familias mexicanas.

El 23 de mayo de 2001, agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron los primeros cinco cuerpos de 14 indocumentados mexicanos provenientes de Veracruz, quienes murieron de sed después de caminar por más de cinco días en el desierto de Arizona bajo temperaturas que superaban los 112 grados.

Sólo 12 personas sobrevivieron a la tragedia, entre ellos Jesús López Ramos, de 21 años de edad, quien fue señalado como uno de los coyotes que llevaban al grupo, y que posteriormente se declaró culpable de los cargos de tráfico de indocumentados, actualmente cumple una sentencia de 16 años de cárcel en una prisión federal de Phoenix, Arizona.

Mientras, luego de varios días de agonía, murió el indocumentado guatemalteco Juan Antonio Urrutia, de 23 años, víctima de las lesiones en la cabeza que se provocó al arrojarse de una camioneta en movimiento del Instituto Nacional de Migración (INM).

Juan Antonio y otros 15 indocumentados centroamericanos fueron interceptados en Gómez Palacio, Durango, a principios de semana. Según ellos, pretendían llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua, para continuar hasta Estados Unidos. Sin embargo, Juan Antonio saltó de la unidad del INM cuando eran trasladados a un puesto migratorio para ser repatriados. Al caer se pegó en la cabeza, lo que le provocó fractura del cráneo y más tarde la muerte en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.