Junto con lugareños del Ajusco, privó de su libertad a policías y personal de la Corena

Cesan a funcionario de Tlalpan involucrado en enfrentamiento

No se suspenderán operativos para asegurar madera cortada ilegalmente, afirma Mireya Imaz

ELIA BALTAZAR, LAURA GOMEZ Y ANGEL BOLAÑOS

Presuntamente involucrado en la tala ilegal de árboles en el Ajusco y participante en el enfrentamiento ocurrido la madrugada del jueves con efectivos de la policía y personal de la Comisión de Recursos Naturales (Corena), un funcionario de la delegación Tlalpan fue cesado ayer como enlace territorial con los pueblos de Santo Tomás y San Miguel por el titular de la demarcación, Gilberto López y Rivas.

"Son circunstancias inadmisibles que no podemos tolerar, y menos de un servidor público", dijo el jefe delegacional, quien explicó que el ex funcionario, de nombre Azael García, participó con los talamontes en la privación ilegal de la libertad de policías y personal de la Corena, que realizaban un operativo de aseguramiento de madera obtenida de árboles derrumbados de manera ilegal.

Azael García fue quien intentó involucrar a los uniformados, así como a funcionarios de la Corena y de la delegación, de ser éstos últimos quienes pretendían llevarse la madera del paraje La Perlita, cuando él formaba parte del grupo que agredió a los servidores públicos, a quienes tuvieron retenidos de la una hasta las cuatro de la mañana de ayer, cuando intervinieron 200 efectivos de la SSP para lograr el rescate.

Mireya Imaz, directora de Ecología de Tlalpan, advirtió que la agresión a los policías capitalinos y al personal de Corena es la reacción de un grupo que se siente afectado y recurre a la confrontación, pues es la tercera ocasión que suceden hechos violentos durante operativos de detección de tala ilegal en el Ajusco.

Imaz rechazó también que en la negociación para liberar a los servidores públicos se aceptara como condición impuesta por los talamontes levantar una denuncia en su contra.

La denuncia no se presentó contra Mireya Imaz, sino contra otros cuatro empleados adscritos a su área, y quien la levantó fue el mismo Azael García. Los funcionarios públicos de Ecología quedaron a disposición del Ministerio Público, pero más tarde obtuvieron su libertad al comprobar que nada tuvieron que ver con la tala ilegal de árboles, descubierta la madrugada del jueves.

Ahora Azael García está sujeto a investigación ?aunque no detenido?, acusado de tala ilegal por el personal de Corena y los policías que fueron agredidos, según consta en la averiguación previa TLP-2T3/5021/0205. García ya había sido acusado antes por el mismo delito, pero las autoridades carecían de pruebas para demostrar su responsabilidad, explicó Mireya Imaz.

Según el testimonio de los afectados, fue Azael García, acompañado de una centena de personas, quien agredió y amenazó de muerte a los servidores públicos que aseguraron la madera ilegalmente talada, con el argumento de que estos últimos eran quienes pretendían robar la madera. Lo que pretendía García era protegerse, explicó López y Rivas, quien aseguró que el caso también será turnado a la Contraloría General del DF el lunes próximo, para que se actúe en consecuencia.

"Se trata de la reacción de un pequeño grupo que se siente afectado y por ello la confrontación, pues las autoridades de Medio Ambiente están afectando sus intereses cerrando aserraderos clandestinos, decomisando madera", dijo el delegado.

Por su parte, Mireya Imaz dijo que este hecho es resultado de los operativos que han llevado a cabo las autoridades para acabar con la tala ilegal de árboles, pues en 2000 no hubo una sola denuncia por este delito, pero este año son ya 10 las averiguaciones previas iniciadas por ecocidio.

Gracias a las investigaciones, agregó, se ha logrado la detención de cinco vehículos y el decomiso de 100 metros cúbicos de madera, que permanecen en resguardo de las autoridades. Esta es una cifra histórica, dijo Imaz, "porque nunca se había dado un golpe de esta magnitud, dada la tolerancia que hubo de las autoridades en turno".

La directora de Ecología advirtió que los operativos no se suspenderán, a pesar de la agresión del pasado jueves. Aseguró que se extenderán a las madererías, donde se le agrega valor a maderas de pino y oyamel, que son muy cotizadas.

"Quienes estén involucrados podrían cumplir penas de entre tres y seis años de cárcel y cubrir multas de entre mil y 20 mil días de salario mínimo", dijo la funcionaria delegacional. Porque "no se trata de un problema entre funcionarios y talamontes, sino de la sociedad, pues hay que preservar los bosques y el agua para las futuras generaciones y en beneficio de los propios comuneros". Además, agregó, es ilógico que las autoridades no puedan transitar y cumplir su trabajo en el Ajusco, cuando su obligación es proteger esta zona.

Los cuatro servidores públicos que permanecían en el MP: Samuel Reyes Romero, César Terrazas Rojas, Rubén Rojas Villaseñor y Alán Yusen Ley Cooper quedaron libres, pues se acreditó que los árboles habían sido cortados 96 horas antes de los hechos.