Nuevo emplazamiento al Estado mexicano

El 6 de mayo comenzó el descargo de pruebas requeridas en el proceso de dictamen de las controversias constitucionales interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las autoridades de más de 300 municipios inconformes con el procedimiento de aprobación de una reforma en materia de derechos y cultura indígenas que no corresponde, ni en espíritu ni en letra, con los acuerdos de San Andrés ni con su traducción jurídica: la propuesta de reformas constitucionales elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), presentada el 29 de noviembre de 1996.

Siendo incierto el fallo de la Suprema Corte, no queda duda que el paso emprendido por los pueblos y comunidades indígenas es un emplazamiento público, mediante los canales jurídicos previstos, al Estado mexicano. No es el primero ni será el último.

Entre octubre de 1995 y febrero de 1996, un numeroso y representativo grupo de comunidades y organizaciones indias del país, entre las que se contaban como actores centrales los representantes civiles de un ejército rebelde, consiguieron el diálogo más amplio, plural y directo entre la sociedad civil y el gobierno federal del que se tenga noticia en nuestro país. En febrero de 1996, este diálogo cristalizó el documento más contundente de compromisos firmados entre el gobierno federal y un sector de la sociedad: los acuerdos de San Andrés.

Para ese momento, los pueblos indios del país, gracias al resonador mundial que les confirió el EZLN, habían ganado ya la batalla cultural por la cual la sociedad mexicana, los medios de información incluidos, tuvo que reconocerles una pertinencia y una visibilidad nunca antes lograda.

La llamada ley Cocopa, pese a no haberse aprobado hasta la fecha, es la propuesta de reformas más discutida y con más legitimidad en la historia del país.

La Consulta por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio, en marzo de 1999, y la Caravana de la Dignidad Indígena, entre febrero y abril de 2001, son las movilizaciones más profundas de la historia reciente mexicana, porque además de las multitudes convocadas, ambas abrieron espacios de encuentro que permitieron una todavía mayor visibilidad sobre las condiciones concretas de desigualdad que pesan sobre una vasta población.

Sumando eventos a lo "nunca antes ocurrido", durante la Caravana de la Dignidad Indígena un grupo de representantes del EZLN y del Congreso Nacional Indígena pudo, por primera vez, dirigirse a la nación desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Pese a todo lo anterior, la visibilidad lograda no alcanza a alumbrar todo lo que cotidianamente logran las comunidades y organizaciones de los pueblos indios del país.

Larga lucha municipal en Oaxaca, por un autogobierno sin mediación de los partidos. Impugnación de las políticas públicas y propuestas para todo el sector, gracias a los caficultores indígenas independientes. Luchas ecologistas en Guerrero, Oaxaca, Morelos, estado de México, Michoacán, Quintana Roo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Distrito Federal, en defensa del bosque y el agua, o contra los megaproyectos.

Una verdadera estrategia de defensa del territorio, mediante canales legales, que ha logrado restituirle a las comunidades wixárika de Jalisco 7 mil, 700 y, en el juicio más reciente, 200 hectáreas, en los añosrecientes. Una reflexión amplia sobre lo que implica la depredación y la privatización de los recursos naturales del país y la impugnación de por lo menos dos de los contratos de bioprospección que amenazan la biodiversidad mexicana. Una defensa de la vida campesina y del cultivo que la sustenta, rechazando la introducción de las variedades transgénicas del maíz, corazón de la comunidad y pieza clave para la sobrevivencia de por lo menos 3.2 millones de campesinos, de los cuales 35 por ciento lo siembran como autoconsumo.

Por encima de todo, la resistencia creciente, inscrita en estrategias de autogobierno y autogestión para equilibrar, en la medida de lo posible, aquella forma de gobernar tan entronizada en nuestro país que no pregunta ni consulta ni permite la participación efectiva de los afectados por los planes de gobierno.

Aunque sería muy fructífero que este emplazamiento a la Suprema Corte prosperara, en cualquier caso este México, ya no tan invisible, seguirá su empeño por democratizar las relaciones entre gobernantes y gobernados.