Alejandro Nadal

GATS: servicio malo

La mayor parte de los acuerdos de la OMC cubren la liberalización del comercio de bienes, pero el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés) hace extensivas esas reglas al sector terciario. Firmado en 1994 en Marrakesh, el GATS abarca todos los servicios: banca, seguros y fianzas, transporte, telecomunicaciones, correos, salud, recolección de basura y residuos, consultorías, construcción, comercio al mayoreo y menudeo, turismo, distribución y tratamiento de agua, educación, seguridad, manejo de reservas naturales y, desde luego, la generación y distribución de energía eléctrica.

En muchas de estas ramas la apertura comercial implica también la privatización de los servicios. Algunos están ligados a necesidades básicas de la población y se juzgó inconveniente sujetar su distribución a la capacidad de pago de los usuarios. El artículo I.3 del GATS parece dejar fuera del acuerdo a esos servicios, pero su redacción es ambigua y en los hechos las negociaciones incluyen servicios básicos como los de educación y sanidad.

Independientemente de su objetivo (protección del consumidor, el medio ambiente o equidad en el acceso a un servicio), toda la legislación nacional sobre el sector terciario está sujeta a la vigilancia de la OMC por el GATS.

Al amparo de ese organismo se busca eliminar las restricciones "innecesarias" al comercio de servicios en la nueva ronda de negociaciones acordada en la reunión ministerial de la OMC en Doha. Los signatarios del GATS deben presentar sus nuevas demandas antes de junio de 2002 y ofrecer concesiones antes de marzo de 2003.

El sector servicios (responsable de 70 por ciento del PIB en los países ricos) posee el más rápido crecimiento en el mundo. Desde 1985 el comercio mundial de servicios se ha cuadruplicado hasta rebasar 2 billones de dólares anuales, equivalente a 27 por ciento del comercio mundial. Los servicios financieros y bancarios son los más dinámicos, y sólo en esta rama los países subdesarrollados acusan un déficit superior a 33 mil millones de dólares anuales.

Nada garantiza que la liberalización comercial en servicios permita mayor crecimiento, reducir la desigualdad o alcanzar mayores exportaciones. En el sector turismo, por ejemplo, se calcula que entre 60 y 90 por ciento del precio que pagan los turistas que viajan a los enclaves turísticos propiedad de cadenas multinacionales queda en manos de esas empresas y de las líneas aéreas.

Tampoco es evidente que los consumidores reciban mejor calidad. La experiencia en la privatización de la generación y distribución de energía eléctrica demuestra que no necesariamente se obtiene mejor servicio a menor costo. La sustitución de un monopolio público por otro privado o un oligopolio puede implicar mayores márgenes de ganancia y un freno a la competencia local sin que los consumidores reciban mayores beneficios. Además, la capacidad para promover objetivos de crecimiento o conservación ambiental se ha visto seriamente menoscabada.

Pero corre prisa en el consejo del GATS. Hace diez días la Unión Europea dio a conocer sus demandas con los sueños de las empresas europeas para una mayor apertura en 29 países como Brasil, China, Egipto, India, Malasia, México y Venezuela. Estas demandas incluyen la eliminación de restricciones sobre inversión extranjera (IED), de tal modo que el GATS se articula con los esfuerzos de la OCDE para aprobar el acuerdo multilateral sobre inversiones ya que muchos de los sectores cubiertos en el acuerdo son de servicios no comerciables.

Los países ricos exigen mayor apertura en los servicios a cambio de ampliar el acceso a sus mercados para productos como textiles, ropa y productos agrícolas. A cambio de nuevas concesiones de los países pobres, los ricos prometen algo que deberían haber hecho hace años. Mientras tanto, los subsidios para el sector agropecuario en los países ricos (aproximadamente mil millones de dólares diarios) se mantienen y hasta se incrementan (como en Estados Unidos).

Hace un año se acordó que el consejo del GATS debía evaluar cuidadosamente el comercio de servicios tomando en cuenta las necesidades de los países subdesarrollados. En octubre pasado diez países pobres exigieron a la OMC una evaluación rigurosa del GATS, con especial énfasis en los efectos sobre el empleo y los servicios básicos. Todavía no inician los trabajos de esta evaluación, pero las negociaciones no esperarán los resultados.

Para los líderes de la iniciativa privada en México, la renovación de negociaciones en el GATS es bienvenida. Va directamente en contra del fallo de la Suprema Corte sobre la apertura de la industria eléctrica. Todo augura nuevos espacios de rentabilidad para el capital privado, aunque eso no signifique necesariamente más bienestar para la población.