Alberto Aziz Nassif
El círculo de los consensos posibles
Terminado el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión queda en el ambiente político una sensación ambigua; por una parte, destacan iniciativas aprobadas que abonan en favor de la construcción de mejores instituciones, y por la otra, prevalecen las imágenes de un Legislativo dominado por la lógica de la confrontación. Después de varios periodos ordinarios y extraordinarios el Congreso ha marcado una frontera entre los consensos posibles y los que resultan imposibles, como dos círculos que determinan las posibilidades y las dimensiones de los cambios en la transición mexicana.
Desde el inicio de este gobierno la composición del Congreso que dejó el voto del 2 de julio de 2000 estableció una zona amplia de interrogaciones, pero también de certezas; entre las primeras quedó una básica: cómo funcionaría un gobierno dividido, sin mayoría legislativa, con un sistema presidencial y un Congreso multipartidista, fórmula complicada para lograr consensos. En lo relativo a las certezas se estableció un círculo de consensos imposibles; una parte sustantiva de los proyectos del presidente Fox serían parte del círculo de los consensos imposibles entre los dos poderes.
Los consensos que el Poder Legislativo puede procesar son aquellos proyectos poco politizados que cumplen al menos dos condiciones, quitan facultades discrecionales al Ejecutivo o son la materia en que los partidos no han establecido una posición particular, no polarizan, y al mismo tiempo hay un sector social organizado para establecer nuevas reglas en un campo especializado de la actividad social. Quizá en estos casos están los dos avances más significativos de este periodo de sesiones, polarizado por las diferencias en torno a la política exterior del gobierno foxista y la relación con Cuba; se trata de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el paquete de reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aprobado por amplios consensos en ambas cámaras.
La Ley de Transparencia responde a un viejo problema que acompañó al autoritarismo mexicano durante décadas: el gobierno de las decisiones en la sombra y al margen de los ciudadanos. Se trata de terminar con la confidencialidad y el secreto como modo de operar de los gobiernos. Poco a poco las nuevas reglas del juego político, la composición de poderes y la presencia destacada de ciudadanos organizados, medios de comunicación independientes, serán los acompañantes necesarios de una democracia incipiente que necesita de la transparencia y de su par, que es la rendición de cuentas. El objetivo es quitar discrecionalidad al gobierno. Este es un consenso que logró el Congreso con esta nueva ley, que crea reglas y una institución para transparentar las decisiones del gobierno (Instituto Federal de Acceso a la Información). Se supone que de ahora en adelante, y una vez que se termine de implementar este proceso jurídico, no habrá zonas oscuras y secretos, salvo los explícitamente reservados por razones de seguridad. Ahora los ciudadanos podremos conocer de licitaciones, ventas, compras, concesiones, salarios, prestaciones, normatividad, etcétera. En estas materias todavía faltan otros eslabones de reformas pendientes, como la medios masivos y telecomunicaciones, que posiblemente pasen al círculo de los consensos imposibles por la gran cantidad de intereses en juego.
La otra reforma, la científica, fue un caso interesante porque a una iniciativa del Ejecutivo, por cierto muy deficiente, se sumó una comunidad científica organizada y un Legislativo sensible, sin una posición dura, condiciones que facilitaron importantes modificaciones entre el proyecto original y el resultado legislativo. De un proyecto centralista, parcial y con marcado carácter tecnológico se pudo pasar a otro más incluyente, con equilibrios entre ciencia y tecnología, con certezas jurídicas para el sistema integrado por los centros públicos de investigación, con un Conacyt no sectorizado, un ramo presupuestal para la materia, certidumbre para el Sistema Nacional de Investigadores. Se trata de reglas que pueden generar una política científica de Estado. Políticamente se logró que la comunidad científica se movilizara para establecer propuestas y jerarquías; simultáneamente, el Congreso estuvo atento y receptivo a los cambios propuestos por la comunidad.
Parece increíble que el Congreso de los consensos posibles sea el mismo que el de los imposibles, pero así se han establecido estos círculos y todo indica que en el futuro inmediato seguiremos con el mismo patrón de comportamiento. Si esto es cierto, la reforma eléctrica correrá la misma suerte que la ley sobre derechos y cultura indígenas y la reforma fiscal. Por lo pronto preguntamos: Ƒqué otras reformas pueden entrar en el círculo de los consensos posibles?
