Se impidió la entrada a 15 representantes de los municipios y comunidades

Accidentado inicio de las audiencias sobre la reforma indígena en la SCJN

Piden a ministros abrir sus oídos y sus corazones para valorar sensatamente las peticiones

MATILDE PEREZ Y JESUS ARANDA

Representantes y autoridades de comunidades indígenas de Oaxaca y Puebla pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abran sus oídos y corazones para que valoren sensatamente los argumentos y alegatos con los que avalaron las controversias constitucionales interpuestas en contra de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas.

Esperanzados en que los ministros del máximo tribunal valoren el diálogo abierto y sincero propuesto por los pueblos indígenas, y escuchen que su alegato a la violación al derecho de consulta no es una ''simple formalidad, sino un acto trascendente que legitima a cualquier autoridad y legislación'', los representantes y autoridades indígenas pusieron en manos de la Corte el futuro de sus pueblos.

Mural colectivo

La entrada principal de la SCJN fue rodeada de dibujos de niños indígenas y fotografías de las regiones que habitan quienes en una enorme manta asentaron: ''No es pecado ser indígena''. Integrantes de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y del Congreso Nacional Indígena se hicieron un espacio entre el movimiento de los vendedores ambulantes del Zócalo capitalino para solicitar a los transeúntes su solidaridad, porque ''todos merecemos un México digno y justo''.

En el primer día del periodo de mes y medio durante el cual los magistrados de la Suprema Corte revisarán las 330 controversias constitucionales, los abogados Adelfo Regino y Larisa Ortiz Quintero hablaron del anhelo de los indígenas de lograr justicia. ''Esperamos una palabra de esperanza, que no cancele la paz ni el desarrollo de los pueblos indígenas, sobre todo en Chiapas'', dijo el abogado oaxaqueño Regino Montes.

Pero las audiencias no se iniciaron sin tropiezos. Según narró Larisa Ortiz Quintero, abogada de los indígenas del municipio de Molcaxac, Puebla, ayer se impidió la entrada a los 15 representantes de los municipios y comunidades indígenas, y los pocos que pudieron acceder a la sala lo hicieron 30 minutos después de la hora programada; por lo anterior, la audiencia se alargó a hora y media.

''Tenemos confianza en que la SCJN resuelva a nuestro favor; no pedimos nada fuera del marco legal ni de la ley'', aclaró la abogada en la improvisada conferencia de prensa a las afueras de la Corte.

Después, el síndico municipal de Molcaxac, David Rivera Quintero, comentó que para ellos no fue fácil tomar la decisión de interponer la controversia constitucional, porque ''nos sentíamos débiles, como las hojas en el viento, y agredidos por las huestes de Manuel Bartlett Díaz (ex gobernador de Puebla). También nos encontramos con una maquinaria gubernamental y con los senadores Diego Fernández de Cevallos (PAN) y Jesús Ortega (PRD), que con la ley (indígena) aprobada nos quieren regresar a la época de Porfirio Díaz''.

El abogado mixe Adelfo Regino Montes recordó que durante años los pueblos indígenas han pedido que el Ejecutivo federal cumpla con los acuerdos de San Andrés, pero no tuvieron ninguna respuesta. Hace más de un año, el 28 de marzo de 2001, en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados los indígenas -entre ellos el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-EZLN- ''pedimos que se reconocieran en la Constitución nuestros derechos y tampoco hubo respuesta; hoy tenemos confianza en que se haga justicia''.

Sin embargo, Regino Montes expresó la incertidumbre de los pueblos mixes de Oaxaca, ya que el pasado 25 de abril la SCJN desechó las pruebas testimoniales y periciales antropológicas que presentaron los municipios indígenas, y ''eso nos preocupa porque queremos que los ministros escuchen a nuestras autoridades para que sepan cómo nos organizamos y funcionan nuestros pueblos; por eso afirmamos que el Congreso de la Unión no cumplió con el requisito de consulta a las asambleas comunitarias''.

Por ello, agregó, siete ayuntamientos zapotecos de la zona norte de Oaxaca interpusieron una reclamación para inconformarse con la decisión de la Corte y que ésta admita las pruebas. ''No es un simple acto de capricho, sino la entrega de los elementos para que los ministros conozcan el dinamismo y anhelo de los pueblos.''

Después, en un manifiesto dirigido a la Suprema Corte, 295 autoridades de municipios indígenas de Oaxaca destacaron que, a pesar de participar activamente en la construcción del país, están en el abandono, la exclusión y el olvido, son objeto de racismo y discriminación y de un aberrante colonialismo interno. Además hicieron un público reconocimiento al EZLN por animarlos a levantar su rostro, principios y valores indígenas, y buscar caminos para reivindicar sus derechos.

En voz de Nemesio Bautista y Valentín Vargas Hernández, las autoridades de dichos municipios oaxaqueños manifestaron su indignación por la aprobación de una ley indígena que les niega el derecho a la libre autodeterminación y autonomía, el reconocimiento a sus territorios y el uso y disfrute de manera colectiva de los recursos naturales.

''Los legisladores, con su actitud, cancelaron la paz en Chiapas y en nuestras regiones indígenas, y las posibilidades de un desarrollo integral y sostenido. Hoy, señores magistrados, en sus manos está hacer justicia y saldar la deuda que el Estado tiene con los pueblos indígenas. En sus manos está corregir los vicios en que incurrieron el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas e impedir que se consume una pretendida reforma constitucional que sólo nos traerá más pobreza, exclusión, explotación y exterminio.''

Las formalidades -abundaron las autoridades indígenas de Oaxaca- no pueden condenarnos a vivir en un país formalmente homogéneo y materialmente pluricultural. ''No cierren las esperanzas de vida que tenemos los pueblos indígenas.''

Guillermo May, del Congreso Nacional Indígena (CNI), confió en que el máximo tribunal oxigene el diálogo con los pueblos indios y el EZLN a través de un dictamen a favor de las controversias constitucionales, y así volver a impulsar la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).