REPORTAJE

Realizan acciones a favor de los candidatos del blanquiazul y el tricolor, respectivamente

En la disputa por la alcaldía de Ciudad Juárez, las burocracias federal y local

El PRD y el PAS, con presencia marginal entre el electorado y los medios

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Ciudad Juarez, Chih., 5 de mayo. En la disputa por la alcaldía de Ciudad Juárez, cuyos comicios extraordinarios se realizarán el próximo domingo, PRI y PAN están enfrascados en lo que semeja una elección de Estado: Los cuadros de las burocracias federal y estatal desarrollan,respectivamente, acciones gubernamentales a favor de las candidaturas de José Alfredo Delgado Muñoz, de Acción Nacional, y de Roberto Barraza Jordán, del PRI, que encabeza la Alianza Unidos por Juárez.

Los otros dos candidatos a la alcaldía, el perredista José Luis Rodríguez y Josefina de Lourdes Stanley, del Partido Alianza Social (PAS), apenas han logrado una presencia marginal entre el electorado y los medios de comunicación, a pesar de sus esfuerzos por llamar la atención de la ciudadanía con los escasos recursos económicos de los que disponen.

Con una población superior al millón y medio de habitantes, Ciudad Juárez es el centro urbano más importante del estado y el de mayor peso electoral. En él se concentran 815 mil 578 electores del total de un millón 600 mil que tiene la entidad.

El municipio ha sido gobernando ininterrumpidamente por Acción Nacional desde 1992 hasta octubre de 2001, cuando la anulación de la elección extraordinaria por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio lugar a la integración de un gobierno interino que preside un concejo municipal, al cual designó el Congreso estatal, mismo que tiene mayoría priísta.

En la recta final de estos comicios, en la práctica una segunda vuelta para los abanderados del PRI y PAN tras la anulación de la elección constitucional, han destacado las constantes denuncias y quejas entre uno y otro bando en contra de la participación directa de funcionarios públicos de primer nivel en los actos partidistas.

Ese tipo de señalamientos involucran directamente al gobernador Patricio Martínez y al secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Barrio Terrazas, cabezas de los dos grupos políticos y económicos inmersos en la disputa por el control de Ciudad Juárez.

Cruz Pérez Cuellar, dirigente estatal del PAN, y su homólogo del PRD, Luis Javier Valero Flores, coincidieron en denunciar la acción directa del gobernador en la elección extraordinaria de presidente municipal. "Hay un interés personal del gobernador por mantener el control político de Juárez. Por un lado parece buscar convertirse en héroe al rescatar de manos del PAN uno de sus bastiones más importantes a nivel nacional y, por otro, tiene un claro interés económico en la plaza. Es indudable que el desarrollo del municipio deja negocios jugosos que a Patricio Martínez le encantan, eso sin mencionar los intereses del narco", indicó Pérez Cuéllar.

En el mismo sentido, el perredista Valero Flores sostuvo que Patricio Martínez apuesta en Juárez parte de su futuro político, no sólo por el peso específico que tiene esa población en la correlación de fuerzas, sino porque asegurar la presidencia municipal le permitiría llegar a la sucesión estatal en 2004 con fuerza, para imponerle a su sucesor en el gobierno de Chihuahua al priísmo local y al propio Roberto Madrazo Pintado, dirigente nacional del tricolor.

Los padrinos de la elección

El PRI no tiene el menor empacho en aceptar la participación directa de los funcionarios que conforman el aparato de gobierno estatal en los comicios extraordinarios de Juárez.

El presidente estatal del PRI, Mario Trevizo, ha destacado que no hay impedimento para que los militantes de su partido con cargos públicos realicen trabajo político en sus tiempos libres, a favor del candidato de la Alianza Unidos por Juárez.

Trevizo incluso dio por oficial una lista de padrinos, en la que "aparecen" miembros del gabinete del gobernador Patricio Martínez, que recibieron el encargo directo de dar seguimiento constante a las acciones gubernamentales y al trabajo partidista en cada uno de los siete distritos electorales locales de Juárez.

La lista, que constituye una coordinación de campaña paralela a la del candidato aliancista Roberto Barraza, la encabeza el coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del estado, Víctor Emilio Anchondo Paredes, hombre de la absoluta confianza del gobernador Martínez.

Así, todos los jueves después de la sesión ordinaria, Anchondo y el resto de los legisladores del tricolor y personal del Poder Legislativo viajan a Juárez, donde permanecen hasta el domingo revisando el trabajo del Comité Municipal de su partido.

Entre los funcionarios asignados al trabajo partidista figuran varios miembros del gabinete patricista: en el segundo distrito local, los responsables son Alfredo Rueda Marquez, secretario de Planeación; Miguel Etzel Maldonado, coordinador estatal de Seguridad Pública; Horacio Almazán, presidente de la Junta Estatal de Aguas; y Víctor Mendoza, director de Tránsito del estado.

El listado incluye en el quinto distrito a la secretaria de Educación y Cultura, Graciela Ortiz; en el tercero, al recaudador de Rentas del gobierno estatal en Juárez, Sergio Borunda; en el cuarto, a los secretarios de Comercio, Leopoldo Mares, y de Desarrollo Urbano, Roberto Cano; en el sexto, el secretario de Gobierno, Sergio Martínez Garza; para el séptimo fue asignado el secretario de Fomento Social, Kamel Athié, y en el octavo el director del Instituto de la Vivienda, Ramiro Arroyos.

Ellos supervisan a un grupo de más de 400 personas, integrado por maestros federales y estatales, así como empleados gubernamentales, que todos los viernes viajan desde Chihuahua en caravana de autobuses para repartir propaganda en las colonias populares y realizar visitas domiciliarias en Ciudad Juárez. Todos se hospedan en hoteles y se les proporciona dinero para su estancia de tres días, pero el líder del PRI asegura que "son activistas voluntarios, que tienen familia en Juárez y están respaldando con sus propios recursos el trabajo del partido".

Ramón Galindo Noriega, coordinador de campaña del candidato del PAN a la presidencia municipal, Jesús Alfredo Delgado, dijo que todos esos elementos evidencian que el PRI y el gobierno del estado convirtió los comicios extraordinarios para designar nuevo alcalde en Ciudad Juárez "en una elección de Estado".

Sin embargo, Acción Nacional no está libre de señalamientos. Desde la toma de protesta de Delgado, el blanquiazul llamó a todos sus cuadros en la estructura de poder en municipios y delegaciones federales. Hasta Juárez se trasladaron los 14 alcaldes que tiene ese partido en el estado; 192 regidores; 16 síndicos; 11 legisladores locales y cinco concejales municipales.

Desde la ciudad de México viajaron ex profeso el secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, miembros de su equipo, senadores y diputados federales.

Apenas el sábado 27 de abril, en un segundo acto político partidista, durante la presentación del Código de Ética para funcionarios públicos del PAN, los cuadros del blanquiazul se trasladaron nuevamente a Juárez, algunos de ellos, como el alcalde de Parral, Bernardo Avitia, y la primera regidora de Buenaventura, Beatriz Fierro, arribaron al lugar a bordo de vehículos oficiales de sus respectivos ayuntamientos.

Esto dio pie a que de inmediato el PRI iniciara una campaña de volanteo, acusando a los funcionarios panistas de incurrir en acciones ilícitas.

El costo económico de la contienda

En la disputa por Juárez, PRI y PAN no escatiman recursos económicos. Frente al tope de campaña de 4 millones 700 mil pesos que determinó el Instituto Estatal Electoral (IEE) para la elección extraordinaria, privan señalamientos de que los candidatos del blanquiazul, Jesús Alfredo Delgado, y del tricolor, Roberto Barraza, han gastado de cinco a seis veces esa cantidad en la segunda vuelta.

Para Acción Nacional el costo de la campaña supera los 20 millones de pesos, según los datos extraoficiales, mientras que la Alianza Unidos por Juárez habría gastado 30 millones.

A esas cantidades se suma el costo del proceso extraordinario, presupuestado por el IEE en 20 millones de pesos.

Hace menos de un año, en la elección constitucional de 2001, la organización de los comicios que fueron anulados costó al IEE una cantidad similar, por lo que la elección de autoridades municipales los juarenses habrán erogado en total 40 millones de pesos.

Desde 1998, cuando el PRI recuperó la gubernatura, que estaba en manos del PAN, los dos partidos mantienen en Juárez una lucha territorial palmo a palmo. En la elección intermedia del año pasado, el tricolor logró el triunfo en cinco de los siete distritos electorales locales, y dos quedaron en manos de Acción Nacional. Sin embargo, en cada uno de ellos el ganador se definió por algunas decenas de votos.