Uno de ellos dio positivo en la prueba de balística

Identifican a los tres acusados de asesinar a funcionarios de la SSP

Familiares de los detenidos denuncian coacción del Ministerio Público y presentan queja ante la CDHDF

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consignó ayer al juez penal de turno anexo al Reclusorio Oriente a los presuntos homicidas de Guillermo Robles Liceaga y Martín Guerrero Rojas, director ejecutivo y subjefe, respectivamente, del área de Operaciones Mixtas (Grupo Roble) de la Secretaría de Seguridad Pública.

Jesús Samuel Barrón Rosales y Jorge Sánchez López, ambos ex agentes de la Policía Judicial capitalina, junto con Ricardo Guerrero Ugalde, agente en activo de la Procuraduría General de la República, quedaron a disposición del juez, en tanto sus familiares acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a presentar una queja por presuntas torturas físicas y sicológicas a los detenidos.

El procurador Bernardo Bátiz Vázquez informó que el Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios de la dependencia encontró suficientes elementos para consignarlos por el delito de homicidio calificado.

Explicó que fueron identificados por varios testigos, entre ellos uno de los dos policías que resultaron lesionados en el atentado contra Robles Liceaga, quienes viajaban en el asiento trasero del vehículo conducido por Guerrero Rojas, así como un taxista que presenció los hechos y ayudó además a los lesionados a salir del auto.

Por la mañana, el funcionario ofreció informar públicamente de los avances de la investigación. "Nosotros les proporcionaríamos en lo que ya avanzamos: periciales en vehículos, cotejos de armas; estamos haciendo los cotejos de los elementos balísticos, que no es tan rápido". La dependencia convocó a una conferencia de prensa que se canceló 30 minutos después de la hora señalada, con el argumento de que los tres detenidos ya habían sido trasladados al reclusorio.

Fuera del edificio de la PGJDF, familiares de los detenidos denunciaron que sus parientes fueron sometidos a torturas físicas y sicológicas, aunque incurrieron en algunas contradicciones. Guadalupe Barrón Rosales, hermana de Jesús Samuel, dijo primero que nunca se les permitió ver a sus familiares y posteriormente, al conocer que se había suspendido una conferencia debido a su traslado al penal, aseguró que era mentira, ''porque hace un momento acabo de hablar con mi hermano".

Señaló que su hermano, quien dijo es ahora taxista pero negó conocer que fue destituido de la PJDF por resultar positivo en la prueba para detectar el uso de drogas, había visitado a un amigo: "se está cometiendo una arbitrariedad; ellos tienen las pruebas suficientes para demostrar que son inocentes".

Bátiz señaló que los dos ex agentes judiciales se negaron a rendir su declaración ministerial, mientras el agente de la PGR afirmó que resultó positivo en la prueba de absorción atómica, porque en días pasados acudió a prácticas de tiro en Balbuena, lo que la PGJDF está verificando.

Por la tarde, en un comunicado, la PGJDF confirmó la consignación de los detenidos e indicó que un desglose de la averiguación previa correspondiente quedó abierta, a fin de continuar las investigaciones, pero no se ofrecen detalles sobre las pruebas periciales y las declaraciones con las que se sustentó la acusación ante el juez.