Corrupción, ilegalidad e informalidad, obstáculos, asegura

Estancado, el sistema de apertura rápida de empresas en el DF: Cofemer

HUMBERTO ORTIZ MORENO

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) no avanza. Tendría que estar operando en el primer semestre de 2002, pero a estas alturas del sexenio "los gobiernos estatales y municipales, las delegaciones políticas en el Distrito Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se han puesto las pilas, no dan los registros rápidamente, y tardan todavía de 40 a 50 días en autorizar la operación de negocios".

Es la voz de desaliento del director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Carlos Arce Macías, quien ante reporteros advirtió que "estamos aún muy lejos de los niveles en que deseamos opere el sistema" y denunció que prevalecen a nivel nacional esquemas de corrupción, ilegalidad e informalidad propiciados por el desorden territorial, la discrecionalidad en los permisos de uso de suelo y la disociación entre los planes de desarrollo urbano y las estrategias económicas locales.

Así, lamentó que solamente en cinco ciudades del país -Aguascalientes, Culiacán, Mazatlán, Toluca y Naucalpan- ya esté operando el SARE.

El funcionario hizo ver que los obstáculos han sido detectados especialmen-te en la ciudad de México y los municipios conurbados del estado de México, así como en Puebla, Guadalajara y Monterrey. En León, Mérida, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla apenas están iniciando los trabajos para la desregulación.

Arce Macías atribuyó esta problemática a la disociación entre los planes de desarrollo urbano y los de orden económico. Simple y sencillamente, los primeros no permiten la apertura de las pequeñas empresas.

"Tenemos un problema de políticas públicas muy serio. El mayor obstáculo radica en el uso del suelo y en que los planes de las ciudades no están adecuados para que los ciudadanos desarrollen su actividad, principalmente en servicios", puntualizó.

Fomento a la corrupción

Lógicamente, subrayó el director de la Cofemer, todo esto abre paso a la ilegalidad y a la informalidad y las acciones de desarrollo urbano fomentan la corrupción y el ingreso de intereses de desarrolladores de vivienda y comerciantes que capturan a los órganos de regulación.

Y es que los programas estatales propician que las ciudades operen con planes de uso mixto, "muy bonitos pero superados por la realidad", deploró.

Arce Macías está consciente de que este es un serio y grave problema que no podrá resolverse en el corto plazo, porque para empezar las instancias municipales tienen que poner de acuerdo a sus directores de desarrollo económico y urbano, para luego pasar al nivel estatal, lo cual es tardado.

Más que consensos, enfatizó el funcionario, es preciso llegar a planes estratégicos de las ciudades, donde cada quien proyecte su desarrollo urbano y prevea cómo crear organismos reguladores que no sea capturados por desarrolladores de vivienda y comerciantes.

Otro problema que observó el director de la Cofemer es el relativo a la falta de interés de los fedatarios y corredores públicos para incorporarse al SARE. De 3 mil 100 registrados, solamente se han inscrito 249 en toda la República, o sea apenas 8 por ciento. Unicamente 178 cuentan con el software del Sistema de Acción Tributaria (SAT) para procesar las solicitudes de nuevos negocios; sólo 25 lo han utilizado.

Y todavía más: el SAT tiene dificultades internas y no entrega con prontitud dicho software.