La actual política oficial de reconciliación divide y confronta a actores: Onésimo Hidalgo

Autonomía indígena, alternativa ante conflictos comunitarios en Chiapas, afirma investigador

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 3 de mayo. La presente política oficial de reconciliación en Chiapas se mueve entre dos extremos: la aplicación de justicia y la impunidad de los paramilitares. Ante la compleja situación de numerosas comunidades, enfrentadas en diversas regiones indígenas del estado, el investigador Onésimo Hidalgo Domínguez afirma que "si los acuerdos de San Andrés se hubieran cumplido, la autonomía indígena sería una alternativa para resolver los conflictos comunitarios".

En un amplio análisis, divulgado ayer por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, CIEPAC, Hidalgo Domínguez asevera que el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía "no toma como prioridad la solución de los problemas estructurales, por ejemplo el de la tenencia de la tierra, y sólo se concentra en atender los casos coyunturales".

En cambio, el gobierno salazarista elude su responsabilidad al no demandar al Ejército federal (que ocupa 232 posiciones en Chiapas y mantiene al menos 32 retenes) "respeto a la tierra, las comunidades, la producción, el agua y otros recursos".

En el documento La coyuntura y el nuevo gobierno de Chiapas, Onésimo Hidalgo considera que el movimiento campesino de la entidad se ha dividido en dos grandes bloques: "En el primero encontramos a quienes se relacionaron con Pablo Salazar pero no encontraron solución a sus reclamos; por otro lado, están quienes buscaron satisfacer sus intereses personales, y tampoco lo consiguieron, así que se retiraron del gobierno y están volvieron a los métodos tradicionales de lucha". En este caso se encuentran una vertiente del MOCRI, la Alianza Campesina para la Liberación de Ixtapa (ACLI) y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en Venustiano Carranza. El nuevo gobierno, al no ofrecer opciones, reprime a estas organizaciones cuando lo confrontan.

Hidalgo identifica a otras organizaciones campesinas y ONG, que mantienen lazos con el gobierno y se suman a su proyecto "porque ahí están sus líderes y se benefician con proyectos productivos y de coinversión con agencias de cooperación internacional y recursos del Banco Mundial".

Autor, junto con Gustavo Castro, de La estrategia de guerra en Chiapas y Población desplazada en Chiapas, libros publicados en 1999, Onésimo Hidalgo señala que "la disputa real de estas opciones se concreta en el terreno de las comunidades, las cuales están pagando el costo político de contradecirse y confrontarse con el EZLN, ya que éste comparte territorios con organizaciones, y se disputan el control político regional".

Considera que para el gobierno chiapaneco "el marco de acción son las organizaciones sociales y los municipios constitucionales, mientras que para el EZLN son los municipios autónomos; basta mencionar que tan sólo en el municipio de Ocosingo, y en el marco de ocho municipios autónomos zapatistas, son alrededor de 50 los casos latentes de confrontación".

El análisis revela que una diferencia más entre organizaciones se deriva de su modo de relacionarse con el gobierno: "Mientras el EZLN se mantiene al margen de los gobiernos estatal y federal, y fortalece su resistencia civil, otras organizaciones se asocian a proyectos productivos". Esto determina diferentes formas de construir la autonomía. Con base en eso, Hidalgo explica los conflictos comunitarios, entre municipios autónomos y militantes de alguna de las tres ARIC (Asociación Rural de Interés Colectivo: Unión de Uniones, Oficial e Independiente); del PRI (CNC, UCIAF, Paz y Justicia), la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC en sus dos expresiones), las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), y en particular la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Con excepción de las priístas, estos grupos "antes fueron aliados del zapatismo y hoy han llegado a enfrentamientos violentos".

Es necesario, según Hidalgo, rediscutir la independencia y oficialidad de las organizaciones. "Es urgente una política de paz y reconciliación que resuelva las causas que originan los conflictos". El gobierno ha creado una Comisión de Reconciliación para las Comunidades en Conflicto. "Sin embargo, su trabajo ha generado conflictos de otro tipo; ejemplo de esto es la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas en Chenalhó, donde el retorno de los desplazados agudizó conflictos al interior de la propia organización, entre la organización y ONG que antes la apoyaban, con el equipo pastoral, y con los zapatistas". Esto ha llevado "a un desdibujamiento de Las Abejas, lo que quiere decir que la política de reconciliación oficial reposiciona actores, divide y confronta a quienes antes fueron aliados".

Lo mismo explica, de acuerdo con el investigador, lo que ha sucedido en la zona norte de Chiapas, donde se agudizan los conflictos entre los que militan en el PRD y los desplazados de las bases de apoyo zapatistas: "El reciente acuerdo de paz, firmado el 26 de abril en Sabanilla entre la organización paramilitar Paz y Justicia, la Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales (UCIAF) y delegados de la Iglesia católica, genera un conflicto entre zapatistas e Iglesia católica, ya que esta última cae en la trampa de asumirse como parte del conflicto". En tanto, no se desarma a los paramilitares. "El conflicto cambia de terreno, pero sigue latente".

Otra fuente de problemas comunitarios es que, con el apoyo de organizaciones sociales, el gobierno ejecuta el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Selva (que abarca mil 590 proyectos productivos para los municipios de Las Margaritas, Ocosingo, Altamirano y La Trinitaria). "Queriéndolo o no, esto polariza a las comunidades y es entendido como un proyecto de contrainsurgencia, lo cual, junto con las mayores incursiones del Ejército en las comunidades, continúa agudizando los conflictos y aumenta la descomposición del tejido social".

Saldos negativos de militarización

Según observación de CIEPAC, citada en el análisis, el Ejército federal se encuentra posicionado en 232 puntos del territorio chiapaneco, con 32 retenes permanentes en la selva Lacandona, la frontera con Guatemala y Los Chimalapas, además de una serie de retenes intermitentes, "con la finalidad de vigilar recursos naturales estratégicos que son del interés de las empresas trasnacionales, y mantener cercado al EZLN".

Onésimo Hidalgo señala: "El gobierno local, al no exigirle al Ejército federal respeto a la tierra, las comunidades, la producción, el agua, etcétera, elude su responsabilidad, para así no afectar los intereses de las empresas trasnacionales, que cada vez tienen mayor presencia en Chiapas con la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá (PPP) y la introducción de productos transgénicos". En este contexto "se da la amenaza latente de desalojar 32 comunidades de la reserva ecológica de Montes Azules".

El gobierno local "no detiene a los líderes paramilitares ni procura su desarme, para no confrontarse con la estrategia del Ejército. No distribuye la tierra susceptible de reparto para no detener su privatización". Además, continúa el proceso legal de privatización con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares (Pocede), "porque es exigencia y condición necesaria para la inversión de las corporaciones trasnacionales.

"La militarización y el actuar de cuerpos policiacos ha dejado saldos negativos para los derechos humanos, pero el gobierno local no acepta las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y contradice las denuncias de las ONG.

"Muchos municipios, comunidades y organizaciones sociales, incluyendo al EZLN, han optado por fortalecer el proceso de las autonomías. Es decir, ante la falta de reconocimiento legal de los acuerdos de San Andrés, la opción es ejecutarlos desde las comunidades, fortaleciendo relaciones y redes a nivel comunitario, regional, municipal, estatal, nacional y en el espacio internacional. De esta manera, el proceso se articula en la construcción de escuelas autónomas, redes de salud, cooperativas, proyectos productivos, la denuncia y defensa de los derechos humanos, la participación de las mujeres en todos los niveles, la implementación y defensa de la agricultura orgánica, y la producción para fortalecer la resistencia."

El ánalisis concluye: "Hay una reactivación militar en Chiapas; han aumentado de nueve a 17 los presos zapatistas, y a corto plazo no se prevé el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés".