El Movimiento Internacional Somos Iglesia demanda sanción judicial a pederastas

Exige ONG renuncia de obispos encubridores

JOSE ANTONIO ROMAN

La credibilidad y la autoridad moral del Vaticano, minadas a raíz de las múltiples denuncias sobre sacerdotes pederastas, pasa necesariamente por la renuncia de los cardenales y obispos que encubrieron los abusos sexuales, y por la demanda y sanción judicial contra los responsables directos, afirmó el Movimiento Internacional Somos Iglesia.

El organismo, que agrupa a más de un centenar de organizaciones no gubernamentales y grupos eclesiales a escala mundial, principalmente de Europa, América y Africa, señaló que la integridad de la Iglesia católica está en juego. "Ninguna institución que reclame autoridad moral puede permanecer en silencio. No puede permitir que estas prácticas sigan teniendo lugar o tratarlas como si fueran problemas internos que deban ser guardados en secreto", expuso.

Dijo que en muchos casos, estos actos son no sólo inmorales sino también delitos de acuerdo con las leyes civiles, por lo que deben ser tratados como tales. Las autoridades de la Iglesia, incluyendo los funcionarios del Vaticano, deben colaborar irrestrictamente con las autoridades civiles y renunciar al reclamo de cualquier fuero o exención de la aplicación de la ley civil.

Los líderes de la Iglesia, agregó el grupo, son ciudadanos de sus respectivos países y como tales tienen el deber de cooperar con las autoridades civiles en asuntos legales.

En una declaración el movimiento Somos Iglesia señaló que si los casos de pederastia resultan ya en sí mismos aberrantes y condenables desde cualquier punto de vista, es peor que estas prácticas las cometan líderes que presumen sobre todo de enseñar temas morales.

Pero es peor aún cuando se muestran las evidencias, como es el caso, de que la jerarquía de la Iglesia ha encubierto sistemáticamente esos casos de abuso, asignando con frecuencia a los sacerdotes transgresores a otras parroquias donde han vuelto a tener contacto con jóvenes. Resulta claro que los prelados han estado más interesados en la reputación de la Iglesia o en la protección de los sacerdotes que en la grave situación de las víctimas, apuntó el organismo.

Así, la escasa disposición de la Iglesia a tratar un asunto tan escandaloso como el crimen de abuso sexual en su propia casa permite acusar legítimamente a las autoridades eclesiásticas de hipocresía.

Tan sólo en el año pasado, los medios de comunicación informaron sobre el abuso sexual de que han sido víctimas "numerosas" religiosas por parte de sacerdotes en cuando menos 27 países del mundo. Esto, a pesar de que buena parte de la reciente atención de los medios se ha concentrado en casos ocurridos en Estados Unidos. "La realidad nos demuestra que el problema tiene dimensiones verdaderamente internacionales", señaló.

El Movimiento Internacional Somos Iglesia propuso que si las autoridades están realmente interesadas en restaurar su reputación, el Vaticano debe emprender acciones enérgicas en torno a este problema y condenar no únicamente los casos de abuso sexual, sino las acciones de los prelados que los hayan encubierto, que no hayan informado de ello a las autoridades civiles competentes y que -como ha ocurrido en algunos casos- hayan tratado de culpar a las víctimas. Los culpables de abuso sexual deben ser considerados responsables de acuerdo con las leyes civiles de cada país.

Asimismo, propuso la celebración de un concilio de la Iglesia católica, en cuya agenda se incluya el tema de la democratización de los procesos de toma de decisiones considerando una participación importante de los laicos, la obligación de las estructuras eclesiales de rendir cuentas, nuevas enseñanzas y actitudes en torno a la sexualidad y una discusión sobre el proceso de selección -o elección- de los obispos.

Imputación contra dos cardenales

Otros temas que requieren especial atención, según el movimiento, son la selección de seminaristas y su educación, así como la restructuración del propio ministerio sacerdotal. Este último tema debe incluir el análisis del celibato en el contexto del sacerdocio, la ordenación de mujeres y los derechos de las personas homosexuales y lesbianas en la Iglesia.

De igual forma, exhorta con urgencia a que todo ese culto religioso muestre su solidaridad con las víctimas de abuso sexual, y que los cardenales Darío Castrillón Hoyos y Giovanni Battista Re, prefectos de las pontificias congregaciones para el Clero y de los Obispos, respectivamente, renuncien a sus cargos.

Ambos cardenales, se añade en la declaración, han tenido, con seguridad, conocimiento de estos casos de abuso y de su encubrimiento, pero nada han hecho que se conozca públicamente para modificar el actual sistema. Su salida de esos cargos sería un signo de que la reforma a fondo ha comenzado.