Silvia Gómez Tagle
Transparencia en los partidos
La recientemente aprobada Ley de Acceso a la Información Pública y la Transparencia es sin duda un paso muy importante en el camino del fortalecimiento de nuestra democracia, postergado desde la reforma política de 1977. En ese contexto es muy oportuno el acuerdo del consejo general del Instituto Federal Electoral del pasado 17 de abril, que permite a los mexicanos el acceso a toda información sobre ingreso, gasto y manejo de recursos de los partidos políticos "sin ninguna excepción". Anteriormente sólo podían conocerse los dictámenes y resoluciones, pero ahora tendremos acceso a informes y anexos de los expedientes de los partidos políticos, lo cual los compromete a llevar un manejo escrupuloso, si es que desean ganarse la confianza del electorado.
El financiamiento a los partidos es un tema que está en el debate de todas las democracias y sobre el que no hay consenso. Inclusive hay dirigentes que desean la "autofinanciación" como una forma de avanzar en el proceso de consolidación democrática, cuando en realidad es al contrario. Fue a partir de la reforma de 1977 que los partidos fueron considerados en la ley como entidades de interés público porque son organizaciones indispensables para el funcionamiento de un sistema democrático, ya que son los encargados de "conectar" a la sociedad con el Estado. Esto significa realizar las tareas de promoción de candidatos (reclutados en la sociedad o en el mismo partido) que sean capaces de convocar a los ciudadanos a votar. Los partidos tienen a su cargo organizar las deliberaciones colectivas que conduzcan a formular proyectos nacionales diferenciados, articuladores de las aspiraciones de los ciudadanos; sin ellos la sociedad se encontraría desarmada (literalmente sin armas ni argumentos electorales) para participar en las elecciones, y los candidatos, fueran triunfadores o perdedores, significarían lo mismo para la gran mayoría de ciudadanos.
Muchas veces los partidos incumplen sus responsabilidades, pero esto no significa que la solución sea "privatizarlos", sino todo lo contrario: el financiamiento público y la obligación de ofrecer a la opinión pública cuentas de sus recursos fortalece el compromiso con sus electores; de otra manera solamente podrían "autofinanciarse" los que controlan los recursos del gobierno (como ocurrió en México muchos años) o los que sostienen alianzas con los capitales más fuertes, nacionales o extranjeros, lo cual cancela los principios democráticos de pluralidad y equidad e introduce distorsiones indeseables en los intereses que promueven, porque los sectores más pobres de la población serían los que menos recursos podrían aportar a las campañas, en tanto que los empresarios ricos pretenderían cobrar los favores mediante lealtades de los políticos.
En México el financiamiento público es el principal medio para el desarrollo de los partidos, aun cuando hay muchos sectores que piensan que sería "más democrático" el autofinanciamiento, sin advertir el riesgo que se correría si los partidos dependieran únicamente del financiamiento privado para sus campañas y otras actividades.
Hoy los partidos reciben un generoso presupuesto que otorga el Estado por conducto del IFE, tienen acceso a los medios de comunicación, libertad de acción, garantías legales para que las decisiones de los órganos electorales sean imparciales y se pueda reclamar a los tribunales federales o locales en la materia. Asimismo han adquirido considerables responsabilidades frente a la sociedad. La obligación de publicar las listas de personas que aportan recursos puede inhibir a donadores "vergonzantes" u oportunistas, que no aceptan una identificación pública con un partido porque quizá no se identifican con sus ideas o esperan conocer el resultado de las elecciones para apoyar públicamente sólo a los ganadores. Inclusive hay empresarios que apuestan a dos candidatos de diferentes partidos al mismo tiempo para tener la certeza de "ganar", cuando menos con uno de ellos, sin que les importen las contradicciones entre partidos, lo que a la postre busca promover intereses privados sea mediante la administración pública o de medidas legislativas que favorecen intereses privados. Si a los empresarios que hacen negocios en el marco de la economía formal se agregan los "empresarios" informales o francamente ilegales, como son el narcotráfico y todos los negocios vinculados con el lavado de dinero, los riesgos de la privatización de partidos resulta enorme.
Por ello, privilegiar el financiamiento público es la única forma de evitar que la política electoral se convierta exclusivamente en negocio privado, y en este sentido la transparencia en el uso de recursos es indispensable para que los partidos asuman su compromiso con la sociedad.
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