La SCJN tiene la oportunidad histórica de hacer justicia a los pueblos indios, dicen

Interponen 330 municipios de siete estados controversia contra reformas a la ley indígena

De proceder, se avanzaría hacia la solución pacífica del conflicto chiapaneco, señalan

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la ''oportunidad histórica de hacer justicia a los pueblos indios'', corregir los errores de los legisladores y avanzar así hacia la solución pacífica del conflicto chiapaneco y la problemática que enfrentan los indígenas del país.

Señalaron lo anterior representantes de 330 municipios de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Veracruz y Morelos, que interpusieron la controversia constitucional ante el máximo tribunal del país en contra de las reformas legales sobre derechos y cultura indígenas, en vísperas de que la Corte dé inicio, el próximo lunes 6 de mayo, a las audiencias constitucionales -que terminarán el 15 de junio-, en las que los demandantes y las partes demandadas -Presidente de la República, Congreso de la Unión y diversas dependencias federales- alegarán lo que a su derecho convenga.

Al hablar en conferencia de prensa en nombre de una decena de municipios de diversos estados que entablaron la controversia, así como de diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, Fortín Hernández anunció que con el inicio de las audiencias se desarrollará de manera paralela una serie de actividades a las afueras de la Suprema Corte, con el propósito de mantener informada a la sociedad civil, además de que participarán personalidades que en su momento fueron asesores de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para explicar los alcances de los acuerdos de San Andrés y la importancia de que éstos sean retomados por el Congreso para otorgar a los pueblos indios plenos derechos.

Por su parte, Larisa Ortiz, abogada que representa al municipio de Molcaxac, Puebla -el cual será el primero en tener la audiencia constitucional-, se quejó de que el tiempo de 30 minutos que durará dicha audiencia es ''insuficiente'', por lo que, además de entregar sus alegatos y peritajes por escrito, aprovecharán para que representantes de las comunidades expongan oralmente sus argumentos.

Cabe señalar que en razón de que son 330 las controversias en materia indígena, y que cada una debe desahogarse de manera individual, la Suprema Corte resolvió fijar un plazo del 6 de mayo al 15 de junio para realizar este procedimiento en sesiones de trabajo de prácticamente todo el día.

Es decir, se explicó en la Corte, si el tiempo fijado para cada audiencia fuera de una hora, para desahogarlas se requeriría de casi mes y medio más, lo que atrasaría su resolución. Además, sólo después de que se desahogue dicho procedimiento los ministros estarán en condiciones de continuar el proceso, cuya fase siguiente sería la elaboración del proyecto de dictamen de cada una de las controversias.

Ortiz aseguró que Molcaxac, al igual que los otros municipios demandantes, pide a la Corte únicamente que ''resuelvan conforme a derecho'', que confirmen que hubo violaciones en el proceso de reforma constitucional e invalidar así dichas modificaciones en materia indígena. ''No pedimos nada fuera de la ley, pero queremos que por primera vez los ministros escuchen también los argumentos de las comunidades que han vivido injusticias desde hace más de 500 años''.

Por su parte, Damián Camacho, quien también representa a municipios demandantes, y que es miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), señaló que la Suprema Corte debe asumir con plena autonomía su papel de garante de la constitucionalidad y la justicia.

Indicó que los recientes fallos del máximo tribunal, en los que declaró la inconstitucionalidad del decreto presidencial en materia de energía eléctrica o en el caso del aborto constituyen señales que permiten esperar un fallo conforme a derecho. Sin embargo, aceptó que los ministros tienen el reto de resolver en contraposición al sistema jurídico vigente, el cual no reconoce ni respeta los derechos indígenas.

De invalidar la reforma constitucional, indicó, los legisladores tendrían la oportunidad de ''reivindicar'' su actuación y aprobar los acuerdos de San Andrés Larráinzar, en los que se plasmaron no sólo las aspiraciones de los pueblos indios sino que, además, fueron producto de un proceso de diálogo encabezado por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y con el consenso del EZLN y de diversas organizaciones indígenas del país.