Después de promover en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un proyecto de resolución para proteger de los derechos humanos y las libertades fundamentales durante acciones contra el terrorismo, México terminó retirándolo ayer en Ginebra.

El proyecto, que fue presentado junto con otros 20 países, demandaba que todas las medidas tomadas por los estados y la comunidad internacional para combatir el terrorismo debían estar sujetas a un mecanismo de inspección, que vigilara su aplicación conforme a los derechos humanos y garantías fundamentales, y en apego a las legislaciones humanitarias, incluyendo las de refugio y asilo, para su protección permanente.

La importancia de la iniciativa en el contexto internacional nacido del 11 de septiembre resultaba incuestionable. En Estados Unidos se ha tomado un conjunto de medidas legislativas que erosionan las libertades civiles.

Ese es el caso de la Ley Patriótica, del 26 de octubre de 2001, y de la Proposición de Ley del 12 de diciembre de 2001, mediante las cuales se autoriza a los tribunales militares el enjuiciamiento de presuntos terroristas extranjeros, entre otras cuestiones.

La primera de dichas medidas otorga al Poder Ejecutivo, en relación con los extranjeros no residentes y sospechosos de terrorismo, autorización intervenir comunicaciones telefónicas e informáticas durante 120 días, congelar sus cuentas bancarias y detenerlos durante periodos renovables de seis meses.

Todos esto, claro, restringiendo por completo el derecho de habeas corpus. Asimismo se facultó al presidente Bush para encomendar a tribunales militares y juzgar los delitos de terrorismo sin que los imputados puedan gozar de ningún derecho. Estas medidas, además de avalar la discriminación injustificada de los extranjeros no residentes, proscrita por todos los tratados internacionales de derechos humanos, quebrantan el derecho a la libertad y facilitan la comisión de torturas.

De haber prosperado la propuesta mexicana se habría puesto un freno al deterioro de las libertades civiles en ese país.

Es por ello que las aseveraciones de diversas ONG de derechos humanos, señalando que detrás del fracaso de la iniciativa se encuentran las presiones de Estados Unidos, tienen fundamento.

Según declaraciones hechas a La Jornada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las presiones se instrumentaron directamente desde la embajada estadunidense a la cancillería mexicana.

Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas y Human Rights Watch expresaron de inmediato su "consternación" por lo sucedido.

El lamentable fracaso de este proyecto pone de relieve, una vez más, la influencia de Washington sobre las resoluciones en materia de derechos humanos que se presentan a Naciones Unidas, y confirma que México, más allá de las plausibles intenciones de erigirse en paladín de la defensa de estos derechos fundamentales, tiene grandes limitaciones para librarse de la incesante presión de Washington.