Debe ser autónomo y contar con suficientes recursos, afirman involucrados

Rechazo unánime a que el instituto de evaluación educativa dependa de la SEP

Primero se deben establecer los parámetros con los que se examinará, dice Latapí Sarre

JOSE GALAN

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) debe ser autónomo e independiente del gobierno federal, abierto a la participación de la sociedad y contar con recursos suficientes aprobados por el Congreso de la Unión, con el propósito de examinar tanto a instituciones, maestros y programas educativos, así como también a las mismas autoridades educativas, coincidieron legisladores, analistas, académicos, el magisterio y el sector privado.

De esta forma, en la primera parte del seminario legislativo Marco Normativo para la Calidad Educativa, realizado ayer por la tarde en el Senado de la República, fue unánime el rechazo a que el INEE, aún bajo proyecto de iniciativa de ley para su creación, forme parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se convierta en juez y parte de los procesos de evaluación de la educación en el país, y garantice así una educación de calidad.

Pablo Latapí Sarre, especialista en temas educativos, sostuvo que ante la creación de dicho instituto primero deben quedar muy claros ciertos puntos: "Ƒquién debe evaluar?, Ƒqué debe evaluarse en el proceso educativo?, Ƒcómo y cuándo hacerlo? Y, lo más importante, Ƒcon qué fines debe evaluarse? Si evaluar la educación es indispensable, sobra decir que tiene que haber una filosofía de la educación que guíe la evaluación", dijo ante legisladores.

"Se deben precisar los fines de la educación, el tipo de ser humano que se quiere formar, el desarrollo de sus facultades, su relación con el contexto nacional y referir todo esto al funcionamiento concreto del sistema educativo en sus diversos niveles y modalidades", agregó Latapí Sarre.

Advirtió que el cúmulo de procesos de evaluación existentes "han perdido credibilidad, porque es la propia SEP la que ejecuta y evalúa; esa dependencia está sujeta a fuertes presiones internas y externas para orientar sus evaluaciones -por ello ha evadido su responsabilidad legal de dar a conocer los resultados y, en consecuencia, no conocemos la calidad de nuestra educación ni sabemos si los resultados de las evaluaciones han sido utilizados, y en qué medida, para mejorar la calidad educativa".

El analista advirtió sobre la posibilidad de crear un INEE a semejanza del Instituto Federal Electoral -"es una comparación desafortunada y peligrosa"- porque se trata de materias diferentes. "El INEE no será árbitro entre partes contenciosas, ni se orientará a declarar válidos hechos pasados. Por eso no debe hablarse de la ciudadanización de la evaluación educativa, pero debe crearse un organismo con autonomía real que no resulte vulnerable ante los intereses políticos", enfatizó.

Guillermo Aréchiga Santamaría, secretario de Organización del SNTE, sostuvo que la evaluación educativa requiere de "un gran acuerdo social, incluyendo la redefinición de la propuesta de calidad de la educación, y de la educación misma". Por ello, dijo que desde la óptica del magisterio se debe evaluar integralmente el sistema educativo nacional, desde la pertinencia de planes y programas; el presupuesto educativo; su equidad y a las mismas autoridades", y sostuvo la tesis de que el INEE debe depender del Poder Legislativo, "porque es allí donde hay que rendir cuentas".

Para Judith Kalman Landam, jefa del departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, "hay contradicciones" en el anteproyecto de creación del INEE que, por un lado, contiene un sólido sustento teórico, pero por el otro "presenta debilidades en sicología y teoría cognoscitiva". La experta consideró que "los resultados de la evaluación serán importantes en la medida en que sean entendidos y se sepa qué hacer con ellos".

Elvia Palomera Pimentel, responsable de la Comisión de Educación del Sector Privado, advirtió que "hay grupos que consideran la evaluación como algo funesto, porque aseguran que tendría objetivos punitivos". Dijo que el empresariado del país exige conocer la situación real del sector educativo para poder aportar "su capacidad en la toma de decisiones".

Para que la evaluación sea objetiva, agregó, "debe ser realizada por terceros, incluyendo al sector productivo y los padres de familia".