Pactaron con altos funcionarios de empresas, asegura

Frenan panistas iniciativa de ley sobre biodiversidad: Bortolini

Presentan comisiones insuficiente anteproyecto de dictamen

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

Las comisiones de Agricultura, Ecología y Medio Ambiente elaboraron un anteproyecto de dictamen sobre las iniciativas de ley de bioseguridad -del PAN y el PVEM-, que buscan prohibir la manipulación genética de organismos vivos humanos, la terapia genética, los test de control de genes y la clonación de células humanas.

A cuatro sesiones de que culmine el periodo ordinario en la Cámara de Diputados, la ley de biodiversidad integrada en la agenda legislativa permanece detenida en comisiones, y el único documento de trabajo existente propone la creación del Instituto Mexicano de Bioseguridad, que se encargaría de la investigación científica sobre organismos vivos modificados, en especial de origen humano.

El anteproyecto de ley también propone la creación del Consejo Consultivo de Bioética, que asesoraría y dictaminaría sobre los principios éticos que deben regir la atención médica, diagnósticos, investigación y desarrollo tecnológico vinculados con organismos vivos modificados, así como el desarrollo de nuevos medicamentos.

Uno de los puntos controvertidos se refiere a las atribuciones del Instituto Mexicano de Biodiversidad, que a la hora de evaluar el impacto socioeconómico entre los productores de escasos recursos y pequeñas empresas no considerará esto como "elemento de calificación" ni como obstáculo técnico ante el comercio internacional.

"El estudio de los posibles impactos por el remplazo de productos; la producción o comercialización necesarias para la supervivencia de la población; el poder adquisitivo de los campesinos y pequeños agricultores para acceder a las innovaciones agrícolas; el riesgo de la población de perder sus empleos debido a esta innovación, y evaluar la posibilidad de incrementar la urbanización, se considerará un elemento de calificación que no se podrá utilizar como obstáculo técnico al comercio internacional."

Producto de dos iniciativas de ley presentadas por los partidos Verde Ecologista y Acción Nacional -por separado- durante la 57 Legislatura, el anteproyecto es insuficiente porque no prevé la obligación de emitir un reglamento de la ley de bioseguridad, "y lo convierte en un documento de nula aplicabilidad, ya que no considera mecanismos para valorar riesgos en casos de libración incidental de organismos genéticamente modificados", denunció el diputado perredista Miguel Bortolini.

El texto tampoco considera mecanismos de consulta y participación ciudadana para la toma de decisiones ante la posibilidad de que se concreten proyectos biotecnológicos en sus comunidades o como fuente de afectación del entorno ecológico.

Tal es el caso de la cláusula donde se anulan las consideraciones de impacto socioeconómico entre los productores campesinos cuando se consideren un obstáculo técnico al comercio internacional. Y otra de las fallas del documento de trabajo se refiere al manejo genético con seres humanos, cuando eso es materia de otra legislación específica, que también se encuentra en proceso de dictamen.

El 18 de abril del 2000, la fracción panista presentó en San Lázaro la iniciativa de ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, con la idea de reglamentar la aplicación de éstos en la producción alimentaria. Dos años después, los panistas de la 58 Legislatura entorpecen el proceso para dictaminar el proyecto de sus correligionarios.

La denuncia del tortuguismo blanquiazul correspondió al perredista Bortolini, quien adujo que ante la necesaria certificación ambiental como forma de control, "existe la intención de reventar la iniciativa por parte de poderosos grupos de interés en bioprospección, bajo el falaz argumento de que esta ley es absolutamente restrictiva y cancela el desarrollo biotecnológico".

A decir de Bortolini, los diputados del PAN que integran las comisiones de Agricultura, Ecología y Medio Ambiente en San Lázaro se comprometieron con altos funcionarios de las empresas Savia -del Grupo Pulsar-, Novartis y Dupont a echar atrás el proceso de discusión y análisis del anteproyecto.

"La maniobra para congelar la ley involucra a diputados del PAN y a directivos de la empresa Savia, que pertenece a la división agrobiotecnológica del Grupo Pulsar. Nos parecería muy extraño que el PAN se retracte de su intención de impulsar esta ley, cuando el dictamen está basado, en buena medida, en su propia iniciativa", indicó.

Para ilustrar la denuncia, el perredista señaló que el pasado 10 de abril un grupo conformado por 30 diputados del PAN se reunió con representantes de las dos empresas trasnacionales citadas y con los funcionarios del Grupo Pulsar -propiedad de Alfonso Romo-: "bajo la apariencia de reunirse en privado con el Comité Consultivo de Biotecnología del Conacyt, que tiene entre sus distinguidos miembros a Pedro Bosch Guhua, directivo de la empresa Savia, y a investigadores que fueron entusiastas artífices del convenio UNAM-Diversa Corporación".

Exposición de motivos

En la exposición de motivos del anteproyecto se manifiesta que, tras una serie de consultas entre académicos e integrantes de los sectores interesados en el tema, la conclusión fue establecer en un documento legal una política nacional de bioseguridad que retome aspectos del medio ambiente, biodiversidad, salud (humana y animal) y agricultura, bajo los siguientes parámetros: precaución, oposición a la liberación de organismos genéticamente modificados y la creación de un organismo específico, con autonomía financiera, personalidad jurídica y facultad decisoria, que autorice y evalúe los procedimientos de investigación.

La principal aportación del anteproyecto se refiere a la creación del Instituto Mexicano de Bioseguridad, que tendría como facultad certificar las acciones que no afecten el medio ambiente, la salud humana y animal, "la moral, el orden público y las buenas costumbres".

De tal forma que el instituto vigilaría la seguridad en los laboratorios y espacios de confinamiento; la inocuidad de los productos que sean, contengan o se hayan elaborado con derivados de organismos vivos modificados genéticamente, consumibles por humanos y animales; protección, restauración y conservación de los ecosistemas; preservación de las especies que están en peligro de extinción; la inocuidad de las acciones de sanidad fitopecuarias y zoopecuarias; la no contaminación del suelo y las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos, y rechazaría sin más trámites la solicitud que se relacione con organismos vivos o especies de las cuales México sea centro de origen y diversidad biológica".