Emilio Pradilla Cobos
Política, democracia y planeación urbana
El pasado 18 de abril, con el voto de 39 diputados, incluyendo tres del PRD, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) regresó al gobierno local el proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), solicitándole realizar modificaciones que den respuesta a sus observaciones. Entre otras, el dictamen recoge, en forma parcial e incompleta, las observaciones que hizo el Movimiento Urbano Popular (MUP) en su propuesta alternativa entregada a la Asamblea. Así, la mayoría de los diputados de la ALDF se hacen eco de las múltiples críticas planteadas por distintos sectores sociales, desde diversas posturas ideológicas, a las políticas urbanas aplicadas por el actual gobierno local y condensadas en el PGDU, que éste ha ignorado hasta ahora. Llamó la atención el voto de los diputados perredistas surgidos de las filas del MUP, que votaron en contra del dictamen que recogía sus posiciones, posiblemente por falta de autonomía frente al gobierno capitalino.
A pesar del corto plazo, de 45 días hábiles, establecido por el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda realice las modificaciones pertinentes al PGDU, se abre la posibilidad de que operen ámbitos y procesos de discusión y concertación, como foros y mesas de trabajo, en los que participen los legisladores, el gobierno capitalino, investigadores y planificadores urbanos, el movimiento urbano popular y otras organizaciones sociales y no gubernamentales, así como los empresarios, para buscar acuerdos que conviertan el programa en un instrumento viable, útil y eficaz para regular y orientar el desarrollo urbano en el próximo cuarto de siglo, con visión de integración metropolitana y regional, criterios de equidad e inclusión social y espíritu democrático.
Si el gobierno local opta por realizar la revisión por sí solo, mantener inamovibles sus posiciones y las limitaciones y contradicciones del proyecto, y dar una respuesta formal a las observaciones, entraría en un juego de ping-pong con la ALDF, sin final previsible; otra opción errada sería la negociación cupular a espaldas de la ciudadanía; ambas negarían la participación ésta, darían camino a la irritación social y dejarían que las contradicciones de las políticas pragmáticas vigentes acentuaran la crisis urbana. Los perdedores seríamos todos, sobre todo los capitalinos más pobres y excluidos.
En la opción deseable de la discusión abierta habría que dejar atrás tres conductas dañinas y paralizantes. Se trata de discutir una política pública para aportar respuestas a problemas urbanos estructurales y complejos que tienen su propia lógica socioeconómica y territorial no modificable con políticas fragmentarias, sectoriales, coyunturales, voluntaristas y pragmáticas, en muchos casos en ámbitos y temas que no son parte de los programas partidarios, por lo que legisladores y partidos políticos deben evitar el manejo partidista del debate, acentuado por la proximidad de las elecciones de 2003, pues lo que está en juego es el futuro de la ciudad y sus habitantes. En particular, el PRD y sus legisladores deben asumir su autonomía y no caer en la defensa a ultranza de posturas y decisiones insostenibles del GDF que no forman parte del programa del partido ni de los principios de la izquierda que quiere representar.
En el debate, el gobierno local debe oír las voces y las razones de los distintos sectores y actores urbanos desestimadas hasta ahora, y modificar sus posturas. Esta práctica es parte de una forma democrática de gobierno y lo enaltece; en cambio, los argumentos de autoridad a partir de decisiones tomadas e inmodificables no ayudan a la democratización de la ciudad. Los diferentes actores urbanos, incluido el gobierno local, movidos por intereses específicos, más o menos respetables o aceptables, no necesariamente coincidentes, deben entender que la concertación social implica ceder y conceder a los otros actores, y encontrar soluciones equitativas que protejan, den prioridad y beneficien prioritariamente a los sectores mayoritarios, empobrecidos y excluidos de la sociedad urbana.
Los grandes temas de la discusión y la concertación son conocidos: las restricciones del bando 2 y sus implicaciones estructurales; en ese marco, la política de vivienda oficial y privada para el sector popular, la preservación del suelo de conservación y el desarrollo rural, la crisis hidráulica, la responsabilidad de los actores y las normas en la recuperación del Centro Histórico y los corredores urbanos, la prioridad al transporte público y las contradicciones con el segundo piso en Periférico y Viaducto, y la lucha contra la contaminación, el impacto urbano del nuevo aeropuerto y la planeación, concertación y coordinación metropolitanas en el marco megalopolitano, entre otros. El gobierno local, la ALDF y los actores sociales tienen la palabra.
