Declararán cuatro testigos del asesinato de regidora

Empieza el proceso legal contra el edil con licencia de Atizapán

El ex director de Protección Civil dará su testimonio

SILVIA CHAVEZ, ISRAEL DAVILA Y JAVIER SALINAS CORRESPONSALES

El juez quinto del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Alejandro Jardón Nava, informó que este miércoles se iniciará el proceso legal contra el alcalde panista con licencia de Atizapán de Zaragoza, Juan Antonio Domínguez Zambrano, y su ex secretario particular Daniel García Rodríguez, indiciados por los delitos de homicidio calificado en agravio de la regidora María de los Angeles Tamez Pérez, delincuencia organizada, extorsión y fraude.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que cuenta con cuatro testigos sobre el caso Atizapán, quienes declararán acerca de quién ejecutó a la regidora, quién fue el cómplice del homicida material, cuánto se pagó por el crimen. También declararán acerca de los actos de corrupción descubiertos en el ayuntamiento.

Jardón Nava citó a los abogados defensores del edil y del ex secretario a las 10 de la mañana, hora en que dará inicio el proceso judicial contra ambas personas, declaradas formalmente presas el 16 de abril, cuando el juez de la causa encontró los elementos para iniciar la acción legal en su contra.

Entre los testigos de cargo se ubicó al ex director de Protección Civil, Carlos Rodríguez Delgado, quien aseguró ser víctima de extorsión, debido a que por permanecer en su cargo se le pidió una cuota anual de 600 mil pesos. También se recordó que Mario Correa Barrios, quien ha declarado en varias ocasiones que pagó a Daniel García 200 mil pesos por la concesión del servicio de grúas, sea otro de los testigos de la procuraduría.

En tanto, ocho regidores de PRD, PRI y PDS de Atizapán de Zaragoza exigieron a la nueva delegación del PAN en el estado de México no intervenir en el relevo de la presidencia municipal.

Eugenio Ortiz Magro, Efraín Medina y Enrique Gasca, regidores de PDS, PRD y PRI, respectivamente, coincidieron en que la designación del panista Régulo Pastor Fernández -alcalde suplente de Domínguez Zambrano- se ha pospuesto por las confrontaciones que existen entre panistas.

Ortiz Magro, en un oficio enviado al alcalde interino Enrique González Fonseca, le asegura que luego de dos licencias y de un auto de formal prisión, Domínguez Zambrano "prácticamente está ausente del cargo", por lo que es necesario llamar a los suplentes, reiteró.

Explicó que el artículo 30 de la Constitución Política del estado de México, en su fracción séptima, señala que "para cubrir las faltas absolutas de los miembros de los ayuntamientos serán llamados los suplentes respectivos".

En tanto, el priísta Enrique Gasca comentó que la situación jurídica de Juan Antonio Domínguez Zambrano afecta la imagen pública del gobierno municipal y de sus habitantes.

Por la tarde, 13 de los 20 regidores atizapanenses, incluidos cinco del PAN, le enviaron otro oficio al alcalde interino, Enrique González Fonseca, en el que le solicitan convocar para esta noche a sesión extraordinaria de cabildo, y sea destituido formalmente Domínguez Zambrano antes de que sea procesado.

Sin embargo, hasta las ocho de la noche no habían recibido respuesta alguna.

En Toluca, el procurador de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, informó que valora la posibilidad de solicitar el traslado de Domínguez Zambrano y Daniel García del penal de Barrientos en Tlalnepantla al de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

Indicó que la PGJE realiza un estudio criminológico y valora las condiciones en que se encuentra el penal de Barrientos, donde hace mes y medio se suscitó un motín de internos.

Agregó que se continúa recabando todas las pruebas para ejercitar acción penal contra Isaías García Godínez -padre de Daniel García y presunto autor de las amenazas de muerte que recibieron los regidores atizapanenses-, con el fin de que no evada la justicia.

En tanto, el diputado local priísta Manuel Castañeda Rodríguez acusó a Alejandro Gamiño, ex alcalde panista de Coacalco y actual legislador mexiquense, de incurrir en tráfico de influencias, debido a que en la presente administración mantiene al menos 14 de sus familiares en la nómina, algunos de los cuales reciben sueldos hasta de 20 mil pesos mensuales.