Invalidan argumentos presentados por Zedillo, PAN y PVEM sobre el sector
Cifras infladas en propuestas para privatizar la electricidad: expertos
La lógica del lucro en este servicio público iría en detrimento del bienestar social, explican
ISRAEL RODRIGUEZ Y EMILIO LOMAS M.
Los argumentos que plantearon las iniciativas presentadas por Ernesto Zedillo, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN) para justificar la privatización del sector eléctrico mexicano y en las cuales se proponen cambios a la Constitución, no son válidos ya que se detectó que los requerimientos de inversión han sido sobredimensionados y las cifras se inflaron.
Hay confusión en los requerimientos de demanda futura en el fluido eléctrico, por lo que de modificarse el servicio de electricidad ya no sería un derecho de los mexicanos ni una obligación del Estado, y las empresas privadas privilegiarían el lucro en detrimento del bienestar social.
Las anteriores son algunas de las conclusiones anotadas en el dictamen final de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, por lo que este miércoles el PRI y el PRD desecharán las tres iniciativas que pretendían impulsar la privatización del sector eléctrico, como lo adelantó la reportera de La Jornada, Andrea Becerril (23/IV/02).
Las iniciativas del entonces Ejecutivo federal (Zedillo) y la del grupo parlamentario del PAN proponen eliminar del artículo 27 constitucional la exclusividad de la nación para generar, conducir, transformar y distribuir la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público.
Suprime, igualmente, la prohibición de otorgar concesiones a los particulares y que la nación aproveche los bienes y recursos naturales para dichos fines, y reserva la exclusividad de la nación sólo para la operación, control y mantenimiento de las redes de transmisión eléctrica.
Las iniciativas del Ejecutivo y del grupo parlamentario del PVEM eliminan del artículo 28 el carácter estratégico de la electricidad, que garantiza la exclusividad del Estado en esta área al no considerarlo monopolio. La ubican como ''área prioritaria'' para el desarrollo nacional.
En esta categoría constitucional, el Estado, al ejercer su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá el dominio de las redes de transmisión y de distribución de energía eléctrica. El carácter prioritario se limita al dominio de las redes de transmisión.
En la iniciativa del Ejecutivo federal se sostiene que se trata de una propuesta con eminente contenido social; sin embargo, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por el senador Manuel Bartlett, sostiene que ''nada está más alejado de la realidad'', ya que el principio de igualdad sería trastocado.
Explica que introducir la lógica del lucro en el servicio público de electricidad vulnera los principios de solidaridad y equidad, particularmente en países como el nuestro, con grandes desigualdades regionales, y generaría la apropiación privada de rentas económicas asociadas a recursos naturales, en especial el agua de las presas y el calor endógeno de la tierra, hoy asegurados por la Constitución.
La tentativa de introducir la competencia en este sector es económica y técnicamente errónea. ''La experiencia internacional demuestra que produce altas tarifas, colusión de los generadores y discriminación en contra de los consumidores pequeños y usuarios residenciales; asimismo, genera incentivos perversos para que la oferta sea insuficiente y suban las tarifas. Es un modelo que premia la escasez, optimiza las utilidades del sector privado y no el interés general''.
El dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos considera que los argumentos para la reforma constitucional presentados en las tres iniciativas no son válidos y su implementación augura grandes daños para el país.
Requerimientos sobredimensionados
En la iniciativa del Ejecutivo se dice que la inversión que se requeriría para el sistema eléctrico en el periodo 2000-2005 es de 250 mil millones de pesos; en la del PVEM se indica que la inversión requerida es de 590 mil millones de pesos; el PAN sólo señala que se requieren cuantiosos recursos. Los requerimientos de inversión han sido sobredimensionados.
El crecimiento de la demanda de electricidad será, sin duda, menos importante que la estimación oficial, debido a un menor dinamismo económico, por lo que no se justifican estos montos, ya que está muy lejos la estimación de crecer entre 5 y 7 por ciento durante la presente administración.
Otros de los aspectos analizados en los que existe confusión en las tres propuestas son los costos unitarios de generación que resultan excesivos; las necesidades de inversión y transmisión también han sido infladas, además que las inversiones en distribución y en mantenimiento fueron sobrestimadas. ''Es claro que se busca incrementar artificialmente los requerimientos de inversión'', indica el documento.
En la iniciativa del Ejecutivo se afirma que la infraestructura eléctrica está llegando a sus límites y presenta ineficiencias para hacer frente a los retos inmediatos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) llega a una conclusión sensiblemente diferente: ''México tiene un sistema de electricidad moderno, razonablemente cercano a los estándares de funcionamiento de Europa occidental y Estados Unidos. El suministro de energía eléctrica cumple globalmente los requisitos de continuidad, calidad y mínimo costo. México no conoce los racionamientos que fueron comunes en América Latina y en algunos países industrializados''.
