Se fundará un fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en caso necesario

Imponen candados contra el uso de recursos fiscales para rescatar a la banca de desarrollo

Aprueban en San Lázaro reformas a la Ley de Planeación para garantizar el desarrollo sustentable

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen que modifica las leyes orgánicas de la banca de desarrollo y de Instituciones de Crédito, por las que se crea un fideicomiso que impedirá el uso de recursos fiscales para hacer frente a sus obligaciones, además de generar las condiciones para evitar que se cree un nuevo Fobaproa en apoyo de estas instituciones.

Establece que los cambios a las leyes orgánicas de la banca de desarrollo buscan fortalecer los distintos órganos de gobierno, focalizar sus actividades y transparentar las operaciones, todo dentro de un marco de rendición de cuentas más amplio y oportuno. Las leyes orgánicas que se modifican son: Nacional Financiera; Banco Nacional de Comercio Exterior; Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; y Sociedad Hipotecaria Federal. También se modifica la Ley de Instituciones de Crédito.

El cuerpo del dictamen que será puesto a consideración del pleno establece que será una obligación aportar recursos para el fideicomiso, mismo que tenderá a "apoyar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la captación que las instituciones realicen del público en general, así como para contribuir al fortalecimiento del capital de dichas sociedades".

Las aportaciones se realizarán por medio de cuotas que podrán ser diferenciadas, de acuerdo con lo que establezca la Secretaría de Hacienda para cada institución de banca de desarrollo.

"También se busca reafirmar la participación de las instituciones de banca de desarrollo a través de instituciones financieras privadas que asuman total o parcialmente el riesgo de recuperación de los apoyos, no obstante que existen algunas excepciones en operaciones que por su naturaleza, o por circunstancias especiales, deben ser atendidas de manera directa", precisa el texto.

En el documento se precisa que la mayor libertad de las instituciones de banca de desarrollo hace necesario contar con información oportuna y suficiente sobre las metas, ejercicio del gasto y cumplimiento de programas. Dicha información deberá ser entregada al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y remitida al Congreso de la Unión en un anexo junto con los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.

"La banca de desarrollo en México exige de un cambio profundo para cumplir de manera más eficiente y ágil, y con una definición precisa de su misión y objetivos fundamentales como instrumento de fomento del desarrollo económico y social del país y, en particular, de las actividades prioritarias", expone.

Discuten la ley de acceso informativo

La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad el proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Planeación que tienen como objeto incluir criterios de sustentabilidad y garantizar que los programas sectoriales de la administración pública federal estén orientados a preservar, conservar el medio ambiente y los recursos naturales.

Durante la sesión se presentó en primera lectura el dictamen sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia, que será votada mañana. El texto incorpora mayoritariamente propuestas de PRI y PRD que se sumaron a las demandas de los sectores interesados en el tema. Del mismo modo, este miércoles se votarán los cambios a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), cuyo punto de mayor debate se centra en la bursatilización gradual hasta 20 por ciento de los recursos de los trabajadores.

El diputado independiente Jaime Martínez Veloz presentó otra iniciativa de reformas a los artículos 41 y 79 de la Constitución, para que el Instituto Federal Electoral tenga a su cargo en forma integral y directa la facultad de vigilar la transparencia y democracia en el funcionamiento y organización de los procedimientos electorales internos de los partidos y agrupaciones políticas, de acuerdo con sus propios estatutos y documentos básicos, así como las actividades relativas a la capacitación y educación cívica.

A su vez, el priísta Heriberto Huicochea Vázquez presentó una iniciativa para adicionar un párrafo tercero a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con el objetivo de que los centros públicos de investigación se rijan por las leyes específicas en materia de ciencia y tecnología, y por sus respectivos instrumentos de creación en lo relativo al control y evaluación del ejercicio de los recursos.

Otros proyectos legislativos

En su oportunidad, el panista Juvenal Vidrio Rodríguez propuso reformar el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para "dar un nivel de vida más accesible a los mexicanos que radican en regiones con temperaturas extremas", garantizándoles el suministro durante el periodo del año en que su vida y su salud se vean amenazadas por las condiciones climatológicas.

Cuauhtémoc Montero Esquivel, del PRD, propuso modificar el artículo 14 transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001, para precisar cómo determinar el monto de las pensiones de viudas y ex trabajadores de esa institución. Se envió a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

El priísta Enrique de la Madrid Cordero señaló en su oportunidad que fortalecer al Poder Legislativo y su capacidad para cumplir con su responsabilidad y atribuciones ante la nación, así como mejorar la práctica y el trabajo parlamentario, es el objetivo primordial de la iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General y su reglamento, que presentó ayer al pleno.

El legislador urgió a adoptar medidas y acciones que fortalezcan la capacidad del Congreso de la Unión, toda vez que los mexicanos exigen un Poder Legislativo fuerte, eficaz, profesional, moderno y responsable, que dé respuesta oportuna y cabal a los retos del nuevo contexto político y estructural del país.

Para ello, dijo, se requieren recursos técnicos y humanos suficientes y de calidad, y que las comisiones cuenten con un equipo permanente de profesionales especializados, aptos y apartidistas, que auxilien en la investigación, análisis, elaboración y discusión de las diversas iniciativas y proyectos de ley.

De la Madrid Cordero propuso publicar en el Diario Oficial de la Federación los títulos de las iniciativas presentadas y un extracto de las mismas, para poner a disposición de la sociedad información oportuna sobre la labor legislativa, así como la fecha en que se inició el proceso de dictaminación.

En su turno, el diputado perredista Martí Batres Guadarrama pidió reformar diversas disposiciones de la Constitución con el propósito de establecer el principio de representación proporcional pura y la federalización de la misma.

Para ello, argumentó, es necesario que en cada estado de la República, así como en el Distrito Federal, exista una circunscripción regional, de tal forma que en virtud del número de diputados que corresponda a cada entidad federativa se establezcan las listas correspondientes de los partidos políticos, con la finalidad de fortalecer su sistema.

José Antonio Gloria Morales, del PAN, presentó una iniciativa de reformas al artículo 165 de la Ley del Seguro Social, para que los asegurados tengan derecho de retirar como ayuda para gastos de matrimonio proveniente de la cuota social aportada por el gobierno federal en su cuenta ,una cantidad equivalente a 30 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Llamó la atención sobre la necesidad de tener acreditado un mínimo de 150 semanas de cotización en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en la fecha de celebración del matrimonio.

Indicó que el hecho de otorgar dicha compensación a las mujeres no afectaría el presupuesto del Seguro Social, pues el dinero que se otorga es de la cuenta individual de cada trabajador, por lo que el retiro parcial puede darse sobre el saldo de dos cuentas individuales distintas para el hombre y la mujer. La propuesta se turnó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Más adelante, Josefina Hinojosa Herrera, del PRI, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, con el propósito de hacer obligatoria la inscripción a dicho régimen de los trabajadores domésticos y que éstos puedan percibir un salario mínimo profesional fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Se trata, dijo, de evitar la discriminación en ese ámbito de la vida laboral, en el cual la mano de obra es mayoritariamente femenina, pues según datos del INEGI, en 2000 un millón 800 mil personas se dedicaban a esa labor, de las cuales un millón 600 mil son mujeres. Se turnó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

El diputado César Augusto Santia- go Ramírez, del mismo partido, presentó otra iniciativa de reformas a los artículos 41 y 116 de la Constitución, para aclarar la responsabilidad política de quienes hayan llegado al poder público mediante coaliciones y una vez en el gobierno se deslin- den del partido que hizo posible su acceso al cargo de elección popular, para que respondan a lo que ofrecieron en campaña y con el compromiso que adquirieron.

Destacó que es necesario acabar con la inercia de desprestigio de la política, para lo cual se debe perfeccionar el sistema de partidos y coaliciones, pues estas últimas se han convertido en un mecanismo pragmático "para que el oportunista use a los partidos políticos como franquicias que le permitan acceder al poder público, y una vez ahí se afilia a otro o bien decide que no pertenece a ninguno". Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.

El panista Manuel Narváez Narváez dio a conocer una iniciativa que adiciona un tercer párrafo a la fracción XIV del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, para regular el cobro de una comisión por la devolución de un cheque sin fondos al titular de la cuenta donde se depositó el mismo, puesto que el beneficiario del documento no tiene la culpa de tal situación.

Se prohíbe, de este modo, cobrar o cargar cualquier concepto que ex- ceda diez veces el salario mínimo general vigente en la cuenta del librador de un cheque sin fondos, y mucho menos al titular de la cuenta de cheques en la que se depositó o al poseedor del cheque que lo presente para su cobro.