Buscan convencer a pobladores de que acepten la reubicación; costaría $39 millones

Reiteran que no habrá desalojos en Montes Azules

La SRA asegura que esas tierras pertenecen a los lacandones y hay que respetar su derecho

MATILDE PEREZ U.

Las secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguran que no desalojarán a ninguna de las 989 familias que ocupan 3 mil 914 hectáreas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. El diálogo y el convencimiento de la reubicación son el eje de la estrategia de acción de la mesa ambiental que se restableció en septiembre del año pasado.

Sin embargo, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Lichtinger, muestra su preocupación porque avanza aceleradamente el proceso de degradación del macizo más conservado de esa selva húmeda tropical que alberga -dice- 20 por ciento de la diversidad biológica del país. Admite que por los graves errores de las políticas públicas de gobiernos anteriores se "pierde poco a poco la viabilidad de Montes Azules".

Lichtinger acepta que la riqueza natural de esa reserva es de los indígenas que allí están, pero también -destaca- de todos los mexicanos, y por eso la obligación y responsabilidad del gobierno federal de conservar y preservar esa zona, pero los recursos son limitados y las necesidades son enormes.

"Este es un problema de recursos; sin embargo, espero que la economía nacional crezca para impulsar inversiones sustentables que generen oportunidades de empleo en la región", agrega.

Para la SRA el problema en Montes Azules ya dejó de tener una connotación agraria o de tenencia de la tierra. Gilberto J. Hershberger Reyes, subsecretario de Ordenamiento Territorial, explica que de los 35 grupos que habitan la reserva, 90 por ciento son asentamientos irregulares y no interpusieron ninguna acción agraria, por ello la mayor responsabilidad recae en la Semarnat y en el gobierno de Chiapas.

"Después de un análisis jurídico del problema, se concluyó que no es un asunto agrario, sino eminentemente ambiental. En algunas reuniones entre la Semarnat y el gobierno de Chiapas ambos expresaron su anuencia y comprensión luego de que la SRA expresó su visión", señala.

Hershberger Reyes aclara que la SRA seguirá participando en la mesa ambiental de Montes Azules: "lo haremos sin ninguna reserva, e incluso está la disposición -expresada por la secretaria María Teresa Herrera Tello- de, si es necesario, colaborar en la búsqueda de recursos para reubicar a las familias".

El subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SRA se manifiesta en contra de la aplicación de la fuerza o del desalojo, ya que no es la solución. Este es un conflicto social derivado de la necesidad de sobrevivencia de los indígenas y hay que resolverlo en armonía, pero sin olvidar la ley.

"Las familias que ocupan una superficie que no les corresponde lo hacen porque necesitan la tierra, pero ésta ya tiene dueño: los lacandones, y hay que respetar su derecho a la propiedad. Hay que buscar alternativas para resolver ese requerimiento, pero no se vale que se trate de privar a otro de un legítimo derecho que ya tiene", asienta.

Acuerdo incumplido

En el último año de gobierno de Ernesto Zedillo, 241 familias, integradas en siete grupos -Nueva Argentina, Taniperla segunda ampliación, Sol Paraíso, Nuevo Villaflores, Doctor Manuel Velasco Suárez, Ojo de Agua el Progreso y Santa Cruz-, firmaron el acuerdo de reubicación en mil 100 hectáreas. El gobierno se comprometió a darles tierra, pie de casa, agua potable, electrificación, caminos y apoyo para el desarrollo de proyectos productivos; sin embargo, los abandonó.

El pie de casa sólo fue una enorme lona, y la delimitación de los terrenos para cada familia se hizo únicamente con cal, por lo que la gente regresó a la superficie que había dejado en la selva Lacandona.

Actualmente seis grupos -Nuevo Tepeyac, Ranchería Corozal, Nuevo San Gregorio, San Antonio Miramar, Nuevo Israel y Salvador Allende-, integrados por 200 familias que ocupan 390 hectáreas, demandan la regularización de la tenencia de la tierra.

Otros seis -San Antonio Escobar, Chamizal, Cintalapa, Lacanjá Tzeltal, Santo Domingo y Francisco Villa la Laguna-, con 364 familias, son los únicos que tienen derechos agrarios constituidos.

Mientras, otras 392 familias de Laguna Suspiro, Ocotal, El Jardín primera ampliación, Villa las Rosas e Indio Pedro (predio que compró Pedro Sánchez a su ex capataz) habían avanzado en el proceso de negociación para ser reubicadas en 2 mil 245 hectáreas.

Las 136 familias de El Semental, El Buen Samaritano, San Francisco, Innominado, Primero de Enero, Nuevo Agua Dulce, El Zapotal y Nuevo Cintalapa, que ocupan 179 hectáreas, no han aceptado participar en las negociaciones.

La compra de tierras para reubicar a la mayoría de las familias -excepto las 364 que tienen derechos agrarios- que están en Montes Azules y en la comunidad lacandona tendría un costo de 39 millones 140 pesos. Actualmente la Semarnat asegura que en el fideicomiso constituido para la compra de tierras tiene un fondo de 20 millones de pesos, ya que la institución entregó al gobierno de Chiapas 8 millones y éste se comprometió a aportar una cantidad similar e incluso superior.

Sin embargo, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía -en una entrevista radiofónica- reclamó al titular de la Semarnat los recursos, ya que, dijo, no han sido depositados en la cuenta del gobierno estatal.

"Sí hay disponibles 20 millones de pesos, y en este año pondremos una cantidad importante. Con esto podemos empezar, (aunque) no es suficiente para todo lo que tenemos que hacer", destaca el titular de la Semarnat. Insiste en que las acciones serán pacíficas; "habrá hechos para ganar la confianza y credibilidad de la gente en las instituciones. Las familias que regresaron a las tierras que habían desocupado fue porque el gobierno no cumplió, pero eso fue en la administración anterior".

Como principal responsable -junto con el gobierno de Chiapas- de resolver el conflicto social, Lichtinger reafirma: "no habrá una actuación de la policía federal, continuará el diálogo con todos los grupos y habrá acciones con mucha transparencia, porque se trata de convencer a las familias. Habrá un proceso de regularización para quienes tienen derecho, y con el resto se actuará de acuerdo con las circunstancias de cada uno... esto llevará tiempo."

Aclara que dentro de la reserva de Montes Azules no habrá una explotación o uso privado de los recursos naturales, pero tampoco serán tierras intocables. "Nadie está hablando de que esa riqueza no se toque, sino que las comunidades aprendan a utilizar las diferentes técnicas, se capaciten y preparen para usar sustentablemente los recursos naturales. Ojalá que las organizaciones interesadas en defender los derechos humanos y en los beneficios de los indígenas ayuden a armar esos proyectos.

"Espero -acota- que quienes tienen el afán de buscar la confrontación manipulando la información dejen de hacerlo y se sumen al esfuerzo gubernamental de resolver este problema." La Semarnat no ordenará el desalojo o una acción violenta en contra de las comunidades; tampoco impulsará la explotación comercial o el establecimiento de compañías en la reserva y zona de amortiguamiento, abunda Lichtinger.

"En Montes Azules hay una serie de comunidades que en los últimos años han aprendido a convivir con el ecosistema y tienen actividades que no destruyen la naturaleza, por lo que la Semarnat y la Secretaría de Desarrollo Social las ayudarán a convertirse en los más celosos vigilantes y cuidadores de la reserva, que está allí para ser usada y conservada sustentablemente por quienes habitan en ella", expresa Lichtinger.

A su vez, el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA reitera que la solución de fondo en este caso es la aceptación de los grupos a ser reubicados fuera de la reserva de la biosfera. "Las razones son evidentes: serán propietarios de la tierra (que ocupen fuera de Montes Azules), se protegerá la reserva y se respetará la propiedad de los lacandones. El trabajo de la Reforma Agraria es sensibilizar y concientizar a los jefes de familia de que acepten la reubicación, para que no hereden conflictos a sus hijos."

Hershberger Reyes no descarta la posibilidad de buscar otras alternativas de solución, e incluso que el caso sea discutido en el seno del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, en lo que "no debe pensarse es en una acción de fuerza policiaca. Hay que aprovechar el interés internacional en proteger esa reserva, para que nos apoyen con proyectos productivos atractivos, con financiamientos... en fin, hacer ejercicios imaginativos para buscar soluciones y de una vez resolver en serio este problema".

Por su parte, algunos grupos involucrados, como la ARIC Independiente y Democrática, reiteran al gobernador Salazar Mendiguchía su disposición al diálogo, pero que ello no se interprete como una actitud de "bajar la guardia en la defensa de sus justos derechos como indígenas", y reclaman que los funcionarios del gobierno estatal que participan en la mesa ambiental, como Rubén Velásquez López, dejen de comportarse "de manera autoritaria y prepotente", y se terminen "los engaños y las falsas promesas".

A la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al director de Montes Azules les piden que dejen de empujar a los lacandones para que sigan interponiendo denuncias penales en contra de los grupos indígenas asentados en la reserva, ya que "esa es una forma de actuación traidora en contra de quienes quieren el diálogo".

Y mientras el gobierno de Chiapas reafirma que no promueve el desalojo en Montes Azules y explica que la mesa ambiental está en "una fase de diagnóstico para trazar las estrategias a seguir", hay integrantes de ese órgano que se manifiestan a favor del desalojo de "asentamientos recientes, establecidos entre 1999 y 2002", como queda de manifiesto en una minuta, de la cual tiene copia La Jornada. Los propuestos a ser desalojados son 30 familias de Arroyo Cristalina, una familia en Ruinas Sol Paraíso (que es un rancho privado), dos familias de El Buen Samaritano, 16 personas en Nuevo Salvador Allende, una familia de Nuevo San Rafael y 30 familias ubicadas en las cercanías de Nuevo San Andrés La Paz.

También recomienda la presencia permanente de elementos de seguridad -no aclara de qué agrupamiento-, que en coordinación y apoyo de las brigadas de inspección y vigilancia de la Profepa y de la reserva de la biosfera actúen en la zona de la comunidad lacandona y Marqués de Comillas.

El Informe por la Paz en Chiapas, la segunda misión civil nacional e internacional, propuso, para conservar y preservar la reserva de la biosfera de Montes Azules, desmilitarizar la zona de conflicto; crear estatutos comunitarios sobre el uso y destino de los recursos naturales, y fortalecer el conocimiento de las comunidades sobre sus recursos naturales, así como su capacidad de participar en la planeación del uso del suelo, entre otras acciones.