Ofrece revisar la información sobre escoltas proporcionada por Pérez Canchola

Rechaza Bernardo Bátiz que exista rivalidad entre algunos funcionarios de la Procuraduría

La protección sólo se da a ex titulares de la PGJDF y a testigos o víctimas de delitos, dice

El procurador Bernardo Bátiz manifestó que se revisará el número de agentes de la Policía Judicial (PJ) que trabajan como escoltas de funcionarios, ex funcionarios y personas que requieren protección especial, ya que, reconoció, hace algunos meses secretarias de la corporación tenían como "choferes" a miembros del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI).

Sin embargo, dijo que esa situación la corrigió ya Damián Canales, director de la Policía Judicial, pero no descartó que pudiera haber algún caso más entre las 14 mil personas que trabajan en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Sobre las declaraciones que el viernes pasado hizo José Luis Pérez Canchola, director del Instituto de Formación Profesional (IFP), en el sentido de que unos 150 elementos de los 400 con que cuenta el GERI fungen como escoltas, Bernardo Bátiz dijo que quizá el funcionario cuenta con información específica que, en todo caso, se le requerirá.

"Voy a ver a qué se refiere Pérez Canchola, pero en general protección y escoltas solamente se asignan a quienes requieren vigilancia especial. Agregaría que dentro de la Policía Judicial hay un equipo específico que forma parte del GERI que tiene esa misión".

En contraste con las cifras proporcionadas por el director del IFP, el procurador calculó que de 30 a 60 personas del GERI reciben un entrenamiento para ser escoltas, aunque reconoció que hay otros agentes que también desarrollan ese trabajo a pesar de haber sido entrenados para intervenir en acciones de rescate de personas, detenciones y toma de inmuebles.

Asimismo, descartó que haya un enfrentamiento entre Damián Canales y Pérez Canchola por las declaraciones que hizo éste último, ya que, dijo, está preocupado por que se lleve a cabo la depuración del personal de la PGJDF, y en específico de la Policía Judicial. "Es una dialéctica buena: si algo no funciona bien, que se nos diga abiertamente, como hizo Pérez Canchola. Vamos a tomarlo en cuenta y corroborar; si hay algo que corregir, lo corregiremos. No creo que haya rivalidad, somos un equipo funcionando".

Mencionó que por ley la PGJDF ofrece protección a sus ex titulares por un periodo de cinco años, y en tal sentido informó que José Antonio González Fernández acaba de regresar a los agentes que lo cuidaban porque concluyó tal periodo, mientras que todavía se da protección a Samuel del Villar y a Lorenzo Thomas Torres, sus predecesores en el cargo.

Además, la protección se extiende "a personas que son testigos o víctimas de algún delito", como fue el caso de una señora que testificó en el caso del homicidio con un petardo de un menor; así como del general Francisco Gallardo o de Pilar Noriega, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), explicó el funcionario.

Dentro de la PGJDF, agregó, además de él, como titular de la PGJDF -"porque nos piden que nos cuidemos"-, quienes tienen escolta son los subprocuradores y aquellos funcionarios que llevan asuntos delicados y peligrosos "donde la delincuencia pudiera tener la mala idea de tomar venganza".

El procurador también se refirió a los 90 mandos de la PJ que Pérez Canchola mencionó que se resisten a cambiar y todavía incurren en prácticas de abuso o de tortura, al advertir que si alguno de ellos no quiere entrar a la nueva forma de hacer las cosas, entonces "se le mandará a otras actividades administrativas o se le separará de la corporación".

No obstante, justificó las resistencias de dicho personal al señalar que "la mayoría de los mandos ha hecho una carrera que ha pasado la prueba del tiempo, han tenido éxitos y son buenos policías, (pero) ciertamente les tocaron épocas en que las prácticas no eran las más adecuadas y les ha costado trabajo cambiar sus tácticas".

De cualquier manera, Bátiz Vázquez sentenció que la tortura debe desterrarse no sólo por el sentido de justicia y de los derechos humanos, sino también porque resulta impráctica y sin validez toda vez que una prueba confesional ya no es fundamental en un proceso penal.

Por último, el procurador destacó que con el trabajo desarrollado en las 70 Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia los comandantes y agentes judiciales han dejado de ser funcionarios alejados de la gente, porque trabajan tanto con los ciudadanos de cada zona como con personal de la delegación y del gobierno de la ciudad. "Hay un reconocimiento a su trabajo, a su labor. Yo creo que vamos caminando, pero está bien que nos llamen la atención para que no nos confiemos".