Francisco López Bárcenas

Derechos indígenas: sigue la hora de la SCJN

Las controversias constitucionales contra la reforma indígena que presentaron cientos de municipios indígenas en contra del Congreso de la Unión, el Presidente de la República y las legislaturas estatales han entrado en una nueva fase. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado terminado el periodo para que las autoridades demandadas contestaran y ha abierto el periodo de instrucción para que las partes aporten las pruebas que prueben sus argumentos. De acuerdo con la información que existe la mayoría de las audiencias de pruebas y alegatos se realizarán durante mayo y junio, lo cual dará por terminado el periodo de instrucción, y se pasará a otro en que el ministro ponente elaborará su propuesta de resolución que presentará al pleno de nuestro máximo órgano jurisdiccional para que la discuta y al final resuelva.

La decisión de abrir el periodo de pruebas coincide con otras manifestaciones en la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas. Diversos pueblos indígenas del norte del país denuncian que la "consulta" iniciada por el Senado de la República para que opinen si desean que sus derechos sean o reconocidos o no, sólo busca legitimar decisiones que ya se tomaron de antemano; en algunos estados, a pesar de que están demandados, se han iniciado procesos de reforma con igual fin, o están por realizarse, lo que en ambos casos prácticamente representa una repetición del acto por el que se encuentran demandados, que bien les podría valer una nueva demanda. Ante todo esto el Ejecutivo calla, como si no fuera responsable de lo que sucede en el país y se hubiera desentendido del asunto indígena, o quisiera que sea la SCJN la que resuelva un asunto que incumbe a todos los poderes de la Unión.

Del otro lado los pueblos resisten. En Chiapas denuncian lo mismo la intención de desalojar Montes Azules que el incremento de la paramilitarización en los municipios autónomos.

En Guerrero, la Policía Comunitaria Indígena lucha contra los intentos del gobierno de desarmarla después de más de seis años de existencia, tiempo en el que ha llevado seguridad a sus comunidades, lo que el gobierno no ha podido lograr, a pesar de que es su obligación. En vez de apoyar este esfuerzo, que además no le cuesta ningún dinero, decide desaparecerla porque, dice, "está fuera de la ley". Por ahora sus intenciones las ha frenado la protesta popular, pero no hay ninguna garantía de que no continuará adelante con sus planes.

En Oaxaca los conflictos agrarios están a la orden del día, muchos auspiciados desde el gobierno o por lo menos tolerados, a decir de los afectados. Las acciones de resistencia a lo largo y ancho del país son tantas que su enumeración es imposible.

En ese escenario se inscriben las audiencias de pruebas y alegatos que se realizarán en mayo próximo. Pero las controversias constitucionales contra la reforma en materia indígena no son una forma de lucha más. Si bien con ellas los pueblos indígenas, a través de los municipios a los que pertenecen, pretenden que se anule el proceso en el que se votó dicha reforma porque consideran que en ella se violó la propia Constitución, también pretenden que la SCJN se pronuncie sobre aspectos tan importantes como la vigencia del derecho de consulta, el papel de las legislaturas en la reforma constitucional y la responsabilidad internacional del Presidente con respecto a las obligaciones que establece el derecho internacional.

Por eso están preocupados de que la SCJN les haya fijado un promedio de 30 minutos para realizar las audiencias en las que presentarán sus pruebas y alegatos, porque es un tiempo tan corto que no permite alegar a sus testigos ni a los peritos que eventualmente se presenten. Seguramente en los días que vienen veremos a los municipios demandantes aumentar su preocupación y solicitarle que rectifique esa decisión para que puedan ejercer su derecho en el proceso.

En materia de derechos indígenas la palabra la sigue teniendo la SCJN y los pueblos indígenas esperan una respuesta convincente, apegada a derecho, pero con criterios que respondan a una nación pluricultural, como dice la Constitución federal que somos. Si así fuera no sólo sería en beneficio de los agraviados, sino de todo el país, que así podría contar con reglas para futuros casos similares, contribuyendo a la construcción de un verdadero estado democrático y de derecho.