El alcalde interino, Enrique González, señaló a Daniel García, ex secretario de Domínguez
Ratifica testigo que ex funcionario de Atizapán recibía dinero a cambio de licencias
Se pospusieron para el lunes los testimonios de las personas involucradas en el caso
SILVIA CHAVEZ CORRESPONSAL
Tlalnepantla, Mex., 13 de abril. Ante el juzgado quinto del penal de Barrientos, el alcalde interino de Atizapán, Enrique González Fonseca, ratificó que Daniel García -ex secretario particular del alcalde con licencia Juan Antonio Domínguez Zambrano- fue señalado por una regidora como la persona que recibía dinero por la liberación de licencias de uso de suelo en el municipio.
El juez de la causa, Alejandro Jardón Nava -quien deberá resolver el martes la situación legal de Domínguez Zambrano y Daniel García, procesados por el asesinato de la regidora María de los Angeles Tamez Reyes-, determinó anoche posponer la comparecencia de los 65 testigos que aportaron elementos en la integración de la averiguación previa iniciada contra el edil panista y funcionarios de su gobierno e incluso particulares.
En el procedimiento de desahogo de pruebas aportadas por los abogados de Domínguez Zambrano y de Daniel García, González Fonseca fue el tercero en ampliar su declaración luego de una sesión que se prolongó más de 12 horas y después de que le antecedieran dos personas en la lista de testigos requeridos por Mario Castillejos, abogado de Domínguez Zambrano.
Durante la diligencia, el alcalde en funciones ratificó que cuenta con el testimonio de la regidora panista Claudia Gutiérrez, quien le aseguró que siendo secretario particular del alcalde procesado, Daniel García cobró 400 mil pesos por la liberación de una licencia de suelo en Atizapán de Zaragoza.
No obstante, aclaró que no le consta que el alcalde Domínguez Zambrano, Daniel García y el director de Desarrollo Urbano, Arturo Fernández Ramírez, hubieran incurrido en otros actos de corrupción.
Cabe recordar que el presidente municipal con licencia y su ex secretario particular están procesados en el penal de Barrientos, por los delitos de extorsión, abuso de autoridad, fraude genérico, delincuencia organizada y homicidio calificado en grado de autoría intelectual.
En tanto, el bombero Francisco Pereira Solache, testigo fundamental de la procuraduría de Justicia del estado, quien dijo ser adicto a la mariguana y al alcohol, reiteró que conocía a Jaime Martínez Franco, El Jimmy, quien le confesó haber dado muerte a la regidora e hizo imputaciones directas a Daniel García como quien pagó 300 mil pesos por el crimen.
A las 22:30 horas la sesión de comparecencias de los 65 testigos se pospuso para el lunes a las 10 horas. La defensa de los procesados aseguró que ese día efectuaría la selección de aquellas personas cuyo testimonio es fundamental para normar el criterio del juez previo a que dicte el auto de libertad o formal prisión del alcalde panista con licencia Juan Antonio Domínguez y Daniel García.
Marcos Castillejos, al dirigirse a los familiares y amigos de su cliente, comentó que "mi pronóstico es que habrá auto de formal prisión" para Domínguez Zambrano. Dijo que su intención es no crear falsas expectativas a su defendido, aunque aclaró que hasta el momento en el proceso no hay imputaciones directas al edil con licencia.
Un mes de arraigo
En el hotel La Hacienda este sábado cumplieron 30 días de arraigo el ex subdirector de Seguridad Pública municipal, Martín Gachus Santiago, el policía José Luis Lara Martínez, y el padre de Daniel García, Isaías García Godínez -acusado de redactar amenazas de muerte enviadas a regidores atizapanenses- y los hermanos Elvia y Martín Moreno Rodríguez, estos últimos arrendadores de un cuarto donde fue desmantelado un supuesto centro de espionaje dedicado para la vigilancia de ediles.
Por otra parte, la procuraduría de Justicia insistió que en cualquier momento enviará al Ministerio Público Federal el desglose de la averiguación previa y remitirá a esta instancia el expediente integrado sobre los delitos de ataques a las vías generales de comunicación, intervención de comunicaciones privadas y fomento al tráfico de narcóticos.
