REANUDAN PLATICAS EN LA SG LAS POLICIAS FEDERAL Y CAPITALINA

Luego de los desencuentros que tuvieron los gobiernos federal y capitalino por la designación del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, ayer se reanudaron en la Secretaría de Gobernación las reuniones entre los responsables del ramo de ambos niveles de gobierno, con el objetivo de evaluar los operativos y la cooperación. Durante casi dos horas, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Agustín Ortiz Pinchetti; el procurador general de Justicia de esta ciudad, Bernardo Bátiz, y el jefe de la policía capitalina, Marcelo Ebrard, se reunieron con Santiago Creel, secretario de Gobernación, y con el titular de Seguridad Pública a nivel federal, Alejandro Gertz Manero. Aunque ninguno de los asistentes al encuentro quiso hablar sobre los temas abordados, se supo que entre lo tratado estuvo mejorar los esquemas de coordinación entre ambos gobiernos para abatir los niveles de delincuencia en la capital del país. Creel dijo a los funcionarios del gobierno capitalino que para el Ejecutivo federal el combate a la delincuencia es en todo el territorio nacional, razón por la cual se deben conjuntar esfuerzos. En principio, la Policía Federal Preventiva continuará con sus operativos de vigilancia en la ciudad para inhibir la delincuencia.

REBATE LA CDHDF ACUSACION DEL DIPUTADO BARAJAS

El diputado local del PRI Arturo Barajas Ruiz, quien enfrenta acusaciones en la Procuraduría General de Justicia del DF por los delitos de despojo, robo y difamación, acusó ayer a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de despedir a funcionarias "por el simple hecho de estar embarazadas" o ser madres solteras. La CDHDF aseveró que la información proporcionada por el legislador es falsa e infundada y explicó que a una de ellas, quien aún ocupa el cargo de subdirectora de Recursos Humanos pese a que sólo tiene nivel de técnico en trabajo social, fue señalada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa por la omisión en el pago del impuesto sobre la renta, además de que se detectaron irregularidades en el pago del impuesto de 2 por ciento sobre nómina. En los otros casos, sostiene, se trata de funcionarias conflictivas que asumían actitudes de abuso contra sus compañeros en el ejercicio de sus cargos, para beneficio personal; con todas, asegura el organismo, se llegó a un acuerdo para su liquidación conforme a la ley.