Duhalde advirtió que aplicará "duro ajuste fiscal" a las provincias

Más de 65 mil argentinos perdieron su empleo en marzo, según una consultora privada

En Buenos Aires y la periferia cerca de 6 millones de habitantes están en la pobreza

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires 9 de abril. Los índices de pobreza y desempleo no cesan de subir en Argentina, cuando el gobierno admite que podría aplicar un duro ajuste fiscal a las provincias -otra de las exigencias del Fondo Monetario Internacional- que se traduciría en miles de despidos.

Sólo en marzo, 65 mil 500 personas perdieron su trabajo, lo que suma 170 mil despidos en el primer trimestre de este año, según datos de la consultora privada Tendencias Económicas. Además, hay más de 16 mil trabajadores suspendidos por la parálisis económica.

En esta capital y la periferia (o gran Buenos Aires), casi 6 millones de habitantes están en la pobreza, esto es, un millón 550 mil más que en octubre pasado, de acuerdo con un informe de la Sociedad de Estudios Laborales.

El movimiento Barrios de pie, que integra a desocupados de esta capital y el denominado gran Buenos Aires, realizó cuatro manifestaciones frente a supermercados pidiendo comida, mientras las fuerzas policiales reforzaron la custodia en estos comercios, lo que da la pauta del clima social.

Mientras, el transporte público se halla en estado de emergencia. Un paro de trenes, dipuesto por los trabajadores, tuvo una completa adhesión, y la Unión Tranviarios Automotores (UTA) que agrupa a choferes de autobuses de corta, media y larga distancia se declaró en estado de alerta ante el posible despido de unos 5 mil trabajadores. Esto, en momentos en que las petroleras privatizadas dispararon un nuevo aumento de la gasolina, que ya suma entre 17 y 20 por ciento. Todas las empresas de servicios privatizadas durante el gobierno de Carlos Menem (1989-99) también aumentaron tarifas, que degradaron el salario "aterradoramente", como señalaron dirigentes sindicales oficialistas.

Cumplir con el FMI

En este contexto, el presidente Eduardo Duhalde intenta reunir apoyo para que el Congreso le permita ampliar un acuerdo que implica duras medidas que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI), que hoy prometió una ayuda de 700 millones de dólares a cambio del ajuste de gastos de las provincias, pero esto significaría miles de despidos en el ya empobrecido interior argentino.

Las protestas contra ese organismo financiero, que desde hace una década monitorea la economía y sigue con su receta de ajustes fiscales en un contexto de recesión, crece día a día. Los escraches (señalamientos públicos, o pintas) realizados ayer por distintas organizaciones contra el enviado especial del FMI, Anoop Singh , tanto en el aeropuerto como en el hotel donde se hospeda, fueron reflejo de la indignación local.

En su última edición de abril, la publicación local de Le Monde Diplomatique resume que la "sociedad argentina y las instituciones soportan cada vez más las presiones de un establishment económico y financiero voraz e insensible a los daños irreparables de la nación. La subida del dólar y la inflación estimuladas desde dentro y fuera del país, resultan un doble negocio económico y político. Los mismos dirigentes que cooptaron y profundizaron el modelo se someten a mantenerlo".

Ante "la lentitud con que la sociedad conforma la alternativa, el establishment apuesta a que el previsible caos le permita profundizar sus planes aun a costa de la democracia", advierte.

Apresurado por lograr una ayuda que el FMI le niega, Duhalde se ha agregado a otros frentes. Presionado por los jefes policiales, ahora pide durísimas condenas para los que maten a miembros de la policía, institución en la mira de organismos internacionales por sus violaciones a los derechos humanos. También el clima se enrareció ante la represión de la víspera contra ahorradores. Imprevistamente, un grupo compuesto principalmente por mujeres fue encerrado cuando realizaba un cacerolazo en el Banco de Boston, luego reprimidos y por lo menos tres personas fueron detenidas, esposadas y aisladas durante varias horas.

Los ahorradores son atacados tanto por el Banco Central como por el gobierno y la banca extranjera juegan con su desesperación, intentando dejarlos sin salidas para que acepten bonos en lugar de sus ya devaluados ahorros, encerrados en los bancos desde diciembre. Muchos de estos bonos se cobrarían y dentro de 10 años, lo que es una burla cruel para quienes sólo tienen sus ahorros para sobrevivir.

En las últimas horas funcionarios de inteligencia fueron denunciados por la prensa por presunta incitación a la justicia para detener al ex ministro de Economía Domingo Cavallo la semana pasada, con el propósito de lograr una aprobación popular, más allá de la razón jurídica que existe. Se teme que el uso político desvirtúe la justicia, especialmente porque Cavallo tiene varios juicios abiertos con pruebas suficientes por los que no podría eludir un castigo.

En tanto, crece la posibilidad de que el ex presidente Menem, que ya estuvo detenido el año pasado por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, regrese a prisión luego que se revocara su falta de mérito en el caso. Menem aseguró que hay "persecución política" y aprovechó una vez más para pedir que se adopte aquí la divisa estadunidense. Además, hoy la justicia rechazó un recurso presentado por la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, en un caso por enriquecimiento ilícito. Símbolo de la corrupción y frivolidad de esa administración, Alsogaray amasó una fortuna que no consiguió explicar, además de posar para una revista apenas cubierta con un tapado de piel auténtica, cuando era secretaria de Medio Ambiente.

Todo esto sucede cuando hay "aprontes de seguridad", y circulan informes falsos sobre la "infiltración" de la guerrilla colombiana en los movimientos de desocupados y activistas, en un mecanismo de propaganda que recuerda a los peores tiempos de represión aquí.