Los trabajadores acusan al rector, Enrique González Torres, de atacar al sindicato

Analizan ONG dirigidas por jesuitas si se violaron derechos de despedidos en la Ibero

Hay contradicción entre el discurso de las autoridades y su trato a los empleados, dicen

JOSE GALAN

Organizaciones de defensa de derechos humanos a cargo de jesuitas comenzaron ayer a analizar e integrar expedientes de más de 27 trabajadores despedidos de la Universidad Iberoamericana, a cargo también de la Compañía de Jesús, para determinar si hay violación a sus derechos laborales.

Los trabajadores despedidos, por otra parte, denunciaron que el rector Enrique González Torres, desde su llegada al cargo, intentó convencer a los abogados Arturo Alcalde y Néstor de Buen para eliminar el sindicato, lo que a la postre derivó en la salida de ambos de la Ibero.

El Centro de Derechos Humanos Mi-guel Agustín Pro Juárez, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), y Fomento Cultural y Educativo, organizaciones no gubernamentales dirigidas por sacerdotes jesuitas, han tomado cartas en el asunto, e incluso Rodrigo Olvera, de Cereal, anunció que observadores de ese centro atestiguarán los procesos de elección de la comisión electoral, y del proceso electoral sindical de la Ibero, programado para mayo próximo.

"Esas organizaciones jesuitas han reaccionado con simpatía ante el caso de los más de 27 despedidos de la Ibero des- de octubre pasado", afirmó Florinda Riquer, coordinadora del posgrado de ciencias sociales despedida por su militancia sindical, quien expresó en conferencia de prensa que el interés de esos organismos civiles responde a su preocupación por considerar los derechos laborales dentro de los derechos humanos.

La situación involucra de lleno a la Com- pañía de Jesús en México y refleja, según los trabajadores despedidos por su militancia sindical, la división interna de esa orden católica. "No creo que Enrique González Torres tenga apoyo ni de la mitad de los jesuitas, por su forma de gobernar la institución", agregó Florinda Riquer.

Junto con Octavia Lara Alarcón y Julia González Valencia, la académica consideró que la situación de los trabajadores despedidos "presenta contradicciones entre el discurso de defensa de los derechos hu-manos y la persecución contra el sindicato, ilegal desde el punto de vista formal, e inmoral de acuerdo con el trato que han recibido los compañeros".

Una comisión de trabajadores despedidos se reunió ayer con miembros del Centro Pro, quienes les solicitaron la presentación de documentos y pruebas que sustenten lo injustificado de los despidos, lo que se efectuará la semana entrante.