Plantearán pueblos de La Montaña
y Costa Chica a relator de la ONU su plan de justicia
Promete el gobierno de Guerrero no desarmar ni arrestar
a agentes de la Policía Comunitaria
Ofrecen autoridades del estado a comunidades buscar
mecanismos para que se tome en cuenta su proyecto de seguridad, informan
representantes de organizaciones
ROSA ROJAS
El gobierno de Guerrero y la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) de La Montaña y Costa Chica acordaron
que "mientras exista diálogo no se va a desarmar a los policías
comunitarios que operan en cuatro municipios de la zona". Además,
que se van a buscar mecanismos de "cómo hacer que se tome en cuenta
el Proyecto de Justicia y Seguridad Comunitaria" (PJSC), informaron Cirino
Plácido, del Consejo Guerrerense 500 Años, y Abel Barrera,
del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
El acuerdo, tomado en la reunión del pasado día
26 durante una junta en Chilpancingo, dejó en suspenso el ultimátum
que el gobierno guerrerense y autoridades militares habían dado
a la CRAC, en el sentido de que desapareciera la Policía Comunitaria
(PC) y sus miembros se integraran a las corporaciones preventiva municipal
y estatal, o de lo contrario serían desarmados. Además, que
se harían efectivas las órdenes de aprehensión contra
diversos comisarios municipales por "privación ilegal de la libertad".
La CRAC realizó una consulta entre los pueblos
involucrados en el PJSC, de la cual surgió una respuesta: "Defender
lo que es nuestro hasta las últimas consecuencias", sin cambiar
el nombre de la PC ni desaparecer sus órganos de justicia.
La CRAC señaló que enviará al relator
especial sobre pueblos indígenas de la Organización de las
Naciones Unidas "un informe sobre nuestro proyecto (de seguridad y justicia
comunitarias) y acerca de la situación que enfrentamos en nuestro
estado. Al mismo tiempo solicitaremos una visita para que conozca de manera
directa el verdadero sentido de nuestra organización.
Abusos, sólo por ser indígenas
"Denunciamos que históricamente los pueblos indios
hemos sido objeto de despojos, burlas, agresiones, engaños, extorsiones,
maltratos y torturas de las corporaciones policiacas, agentes del Ministerio
Público, jueces y miembros del Ejército Mexicano por el sólo
hecho de ser indígenas.
"Este sistema de procurar justicia en las regiones del
estado ha quedado en descrédito, porque sólo ha servido para
preservar intereses caciquiles y fomentar la corrupción y la impunidad.
Es urgente someter el sistema de seguridad estatal al escrutinio público,
porque ha atentado contra la convivencia pacífica y ha puesto en
entredicho la credibilidad y la confianza en las instituciones públicas.
Es impostergable una reforma del sistema de procuración de justicia,
pues de lo contrario los guerrerenses nos veremos en la imperiosa necesidad
de revocar el mandato que el pueblo le dio a las autoridades", agrega la
CRAC.
Subraya: "Demandamos respeto a nuestros sistemas normativos
y exigimos a las autoridades estatales diálogo y búsqueda
de nuevas formas civilizadas para una relación igualitaria y equitativa
con los pueblos indígenas".
En entrevistas por separado ?vía telefónica?,
Plácido y Barrera informaron que en la citada reunión, entre
autoridades estatales e indígenas, el secretario de Gobierno estatal,
Marcelino Miranda Añorve, accedió a que se retirara al titular
de Seguridad Pública, Luis León Aponte, a petición
de los indígenas, quienes no lo consideraron "interlocutor adecuado"
en lo que respecta a la reivindicación de los derechos colectivos
de los pueblos indios.
Asimismo, que las autoridades indígenas, luego
de informar que las 423 comunidades de los municipios participantes reiteraron
su apoyo al PJSC, solicitaron al gobierno estatal el desistimiento de órdenes
de aprehensión contra ex comisarios municipales que han sido acusados
de privación ilegal de la libertad al estar cumpliendo encomiendas
dentro de la PC. Ante ello, la respuesta fue que se analizarán los
expedientes para ver en qué contexto se dieron las averiguaciones,
para valorar la posibilidad del desistimiento.
Señalaron que se solicitaron reuniones con miembros
del Congreso estatal y con el gobernador del estado, para que atiendan
las demandas de respeto al trabajo de los pueblos indios de la región,
así como la exigencia de construir una nueva relación entre
Estado y pueblos indios, "para que se les incorpore como parte activa y
deliberativa en los asuntos públicos".
Barrera mencionó que, en relación con la
demanda de que el gobierno estatal se comprometa a respetar el trabajo
de la PC, concretamente el uso de armas, ya que en la pasada reunión
conjunta, integrantes del Ejército habían amenazado con desarmarlos,
"las autoridades estatales contestaron que la autorización para
el uso de armas y la licencia colectiva 110 es de competencia federal,
por lo que el gobierno coadyuvaría a hablar y plantear el proyecto
de la PC, el cual se enmarca en la lucha de los pueblos indios por el reconocimiento
de sus derechos colectivos, pero no hay compromiso de que pueda lograrse
algo".
Será en el curso de la próxima semana cuando
las autoridades indígenas determinarán la agenda de temas
y la fecha de los próximos encuentros.
