Fox fortalece las bases castrenses en lugar de desmantelarlas, afirma grupo religioso

Tolera Salazar Mendiguchía a paramilitares: ONG

Crece el hostigamiento contra defensores de derechos humanos, denuncia la CMDPDH

KARINA AVILES, JUAN BALBOA Y ELIO HENRIQUEZ REPORTERA Y CORRESPONSALES

San Cristobal de las Casas, Chis., 26 de marzo. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) afirmó que en el gobierno de Chiapas, encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía, hay "un clima de tolerancia" frente a los grupos paramilitares, y por ello se está "muy lejos de pensar" que el mandatario "quiera realizar una investigación expedita y concreta" sobre dichas organizaciones.

Denunció también que el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos ha ido en aumento, y calificó de "grave" el hecho de que el Ejecutivo local haya revelado públicamente los montos de la reparación del daño a los familiares de las víctimas del ejido Morelia, pues esta situación coloca "en riesgo" tanto a los agraviados como a los profesionales que participan en la defensa del caso.

Por lo anterior, hizo un llamando a los gobiernos federal y estatal para que cese el hostigamiento contra los defensores de los derechos humanos y "realice acciones tendentes a proteger a los afectados, además de establecer una reunión de trabajo donde se permita aclarar todas las imputaciones, a efecto de fortalecer un clima de distensión en la zona".

Por su parte, la organización estadunidense Pastores por la Paz manifestó su preocupación por la "constante violación de las garantías individuales en Chiapas" y por el "incremento de las acciones militares y paramilitares" en las comunidades indígenas. La coordinadora del grupo, Corrine Kohut, señaló también: "estamos preocupados por la promesa pública que hizo el presidente Fox de que traería la paz a Chiapas, y nos parece que lo que ha hecho es fortalecer las bases militares y preparar la continuación de la guerra en contra de los nativos".

La CMDPDH informó que ante la "grave situación", recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares en favor de los miembros de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, formada por indígenas que realizan su trabajo en siete zonas de la entidad, y del abogado Miguel Angel de los Santos.

En San Cristóbal de las Casas, el abogado de los presos del EZLN, Miguel Angel de los Santos, confirmó que solicitó la protección de organismos internacionales de derechos humanos ante la campaña de desprestigio que emprendió en su contra Salazar Mendiguchía, y comunicó que en los próximos días podría iniciar una demanda judicial contra del mandatario local por difamación.

En conferencia de prensa, la directora de defensa de la CMDPDH, Adriana Carmona, y la abogada del Programa de Atención Jurídica, Siria O. Ruiz, expresaron que las declaraciones de Salazar Mendiguchía -en el sentido de que miembros de organizaciones de derechos humanos, "específicamente Miguel Angel de los Santos Cruz y Abelardo Méndez Arcos" buscan lucrar con su trabajo- no sólo es algo "falaz", sino también se suma a la serie de hostigamientos en contra de los promotores de derechos humanos en la entidad.

Por otra parte, indicaron que el hecho de que el gobernador haya expuesto públicamente los montos de la propuesta de la reparación del daño a los familiares de los tres tzeltales que fueron torturados y ejecutados por un grupo de militares en el ejido Morelia, en 1994, "viola un acuerdo internacional", porque un principio básico de estas negociaciones es el de no dar a conocer esa información para proteger a las víctimas.

Además, explicó Siria O. Ruiz, "el monto económico y las condiciones de la reparación debe acordarse entre las víctimas, los peticionarios, el Estado y la CIDH, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, como son los diferentes criterios establecidos en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDH-OEA), por lo que, en ningún momento, el monto que se retribuya a quienes han trabajado en la defensa del caso puede considerarse una labor de lucro".

Adriana Carmona refirió que no se han investigado casos como los de los defensores Marina Patricia, del Centro Fray Bartolomé de las Casas, y Ramón Peñate, de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, pese a que es "clarísima la participación de grupos paramilitares" en los ataques que han sufrido. En razón de lo anterior, afirmó: "estamos muy lejos de pensar que (Salazar Mendiguchía) quiera realmente realizar una investigación expedita y concreta que permita llevar a los autores intelectuales que operan los grupos paramilitares".

Incluso, mencionó que la CMDPDH identificó a personal de la procuraduría del estado involucrado en actos de tortura y ejecución. Sin embargo, el procurador "tampoco ha hecho un cambio estructural".

Por su parte, Corrine Kohut, coordinadora de Pastores por la Paz, dijo que lo que más preocupa en estos momentos al grupo "son las tácticas de guerra de baja intensidad que la administración de Fox" lleva a acabo en Chiapas "para reprimir a los indígenas".

En rueda de prensa, Kohut sostuvo que "en vez de desmantelar las bases castrenses, ha estado fortaleciéndolas y ha continuado enviando militares mexicanos a la Escuela de las Américas para recibir entrenamiento adicional en técnicas de guerra de baja intensidad; en lugar de liberar a los prisioneros políticos, el presidente Fox ha dejado en libertad a asesinos; en vez de respetar las tradiciones indígenas, continúa la política de tratarlos como objeto; en vez de apoyar esfuerzos humanitarios para Chiapas, trata de socavarlos; en vez de apoyar el desarrollo sostenible para todas las personas, usa la tierra como un arma en la lucha contra los pueblos indígenas".

Subrayó que "esfuerzos colectivos para la paz y la reunificación en las comunidades de Chiapas están siendo saboteados por la política de legalización de tierras, presentando la ilusión de una política de desarrollo económico, cuando en realidad la privatización de éstas no es nada más que un arma en la guerra de baja intensidad y parte del gran proyecto para aplicar completamente el Plan Puebla-Panama".

Por su parte, el vicario de Justicia y Paz, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Joel Padrón, solicitó al presidente Fox cancelar cualquier presencia del capital extranjero en la selva Lacandona, porque amenazaría a las comunidades y la soberanía de México. En una carta al jefe del Ejecutivo Federal, el sacerdote apuntó que los pueblos indígenas de la selva Lacandona no son ninguna amenaza, sino todo lo contrario, defienden la soberanía de nuestro país.