Sergio Rodríguez Lascano
La obediencia debida y el deber de la justicia
Hace unos días, Ignacio Carrillo Prieto, flamante "fiscal especial para los casos de desapariciones forzadas", tuvo una audiencia con la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de la Cámara de Senadores. Lo primero a destacar del discurso del señor fiscal es la doble moral y el doble lenguaje; una cosa dice frente a los senadores y otra muy diferente dice, él o sus corifeos, ante los familiares de los desaparecidos. Ante los primeros la esencia del mensaje es: "No se juzgará al Ejército como institución. Echeverría y López Portillo serán llamados sólo si así se decide en el curso de las averiguaciones judiciales -por cierto que no se nos dice nada de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo o incluso Vicente Fox, en tanto, en todos estos casos, han existido desaparecidos-. Una sanción moral puede, en ocasiones, tener mucha más fuerza que una sanción penal. La prescripción de los delitos se determinará al final de las averiguaciones". Ante los segundos, o a trasmano: "Llegaremos hasta las últimas consecuencias. No hay intocables. Se trata de crímenes de lesa humanidad. Se aplicará todo el peso de la ley". Todo esto nos recuerda unas viejas palabras de Elías Canetti: "El detentador del poder, que de él se vale, lo conoce bien y sabe apreciarlo muy bien (...) Sabe qué acechar, cuando quiere alcanzar algo, y sabe a cuál de sus ayudantes debe emplear para el acecho (...) A uno le confía tal cosa, a otro tal otra, y se encarga de que nunca haya comunicación entre ellos".
ƑCuál de los dos discursos es el bueno? Sabemos que desgraciadamente al interior del poder político nadie le hace caso al consejo de Joaquín Sabina: "Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras".
El señor fiscal exculpa a las instituciones antes de iniciar su investigación, cuando ni siquiera ha hecho público su plan de trabajo. Quisiera centrar mi argumentación en este punto. Hace muchos años, el señor Fernando Gutiérrez Barrios le dijo a un ex desaparecido, Antonio Hernández, que la detención-desaparición fue una decisión de Estado y que solamente otra decisión de Estado podría solucionar el problema. Eso, viniendo de quien venía, nos parece mucho más apegado a la realidad. ƑQuién en sus cinco sentidos puede creer que desaparecer a cientos de mexicanos, desde hace 33 años, es producto de la decisión política de un grupo de individuos que actuaron a espaldas de las instituciones?
ƑNo sabían los diversos jefes sexenales de las fuerzas armadas que existía un grupo especializado que, actuando en la ilegalidad, detuvo, torturó, desapareció y no presentó frente al Ministerio Público a cientos de mexicanos; que ese grupo funcionaba en la Dirección Federal de Seguridad, luego en una cosa que se llamó "Brigada Blanca", en donde actuaban conjuntamente oficiales del Ejército Mexicano y de la policía? ƑNo sabían esto los secretarios de la Defensa o de Gobernación o los diversos procuradores?
Si la respuesta fuera que sí lo sabían, entonces las instituciones fueron parte de una de las violaciones a la ley más flagrantes en la historia de nuestro país, si no es que la más flagrante.
Desde otra perspectiva, el secretario de la Defensa Nacional, Clemente Ricardo Vega García, en su discurso en el Día de la Lealtad, señaló que el Ejército actuó en función de acatar el mando civil, y trató de justificarlo con una frase de triste historia: "obediencia debida". Según esto, los soldados solamente cumplieron órdenes. Para responder esta afirmación en primer lugar es indispensable que el secretario responda a la siguiente pregunta: Ƒquién dio las órdenes de convertir el Campo Militar Número Uno y la base de Icacos en cárceles clandestinas? ƑQuién ordenó la tortura y la desaparición? Los familiares de los desaparecidos y la sociedad en general requieren de esa información. Pero, peor aún, caben dentro del concepto de "obediencia debida" los delitos de tortura, detención-desaparición, etc. ƑLos miembros del Ejército gozan de un fuero especial que los ubica por arriba de las leyes? ƑPueden cometer cualquier delito, en especial los que están caracterizados como de lesa humanidad, bajo la coartada de que están cumpliendo órdenes?
Pues bien, todo esto y más (en especial, el punto en que han insistido los familiares de los desaparecidos: "vivos se los llevaron, vivos los queremos") debería ser parte de la materia de trabajo del señor "fiscal especial". Decimos lo anterior partiendo de una convicción: se trata de recuperar para la sociedad y para el Estado un concepto sencillo y al mismo tiempo profundo, la justicia. No la verdad histórica. Hace algún tiempo una escritora señaló que la verdad tenía por lo menos dos caras: la de los desaparecidos, pero también la de los que fueron secuestrados y asesinados por ellos. Pero aquí no se ubica lo fundamental del problema, en tanto los primeros nunca fueron presentados frente al Ministerio Público para ser juzgados por esas acciones, sino que fueron encerrados en cárceles clandestinas, con lo cual el Estado negó su propia legalidad. El punto entonces no es saber qué delito se cometió, por eso de una manera verdaderamente admirable las doñas del Comité Eureka, encabezado por Rosario Ibarra, han señalado que si uno de los encargados de la desaparición de sus hijos o de los torturadores de sus familiares fuera desaparecido, igualmente lucharían por su presentación con vida, es decir por la aplicación de la justicia. Desgraciadamente, por las declaraciones y las acciones del "fiscal especial", todo hace parecer que estamos frente a una nueva jugarreta del poder, muy probablemente la peor, en tanto buscará engallar, dividir y sembrar falsas expectativas, agregando al dolor la injuria. Su problema es que enfrente tiene a un grupo de mujeres llenas de dignidad a las que no será tan sencillo engañar.
