Derbez no convenció a diputados del beneficio de postergar el impuesto a la fructosa

Cuestionan industriales textiles las políticas económicas del gobierno foxista

Amenazan con organizar un paro nacional en breve

Total impunidad para el contrabando, denuncian

DAVID ZUÑIGA

La Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), que agrupa a las empresas manufactureras más golpeadas por la recesión, cuestionó la política económica del gobierno de Vicente Fox y preguntó de qué sirven los logros macro si no se expresan en beneficios para el aparato productivo.

El presidente de la Canaintex, Adolfo Kalach, señaló que los contrabandistas y los funcionarios coludidos con ellos siguen actuando ''con total impunidad''; acusó a la Secretaría de Economía de aplicar medidas que favorecen más a las empresas asiáticas que a las mexicanas, e incluso advirtió que ya hay industriales dispuestos a organizar un paro nacional si no reciben una respuesta pronta del gobierno.

El año pasado la producción del sector cayó 10.1 por ciento y sus exportaciones 7.61 por ciento, además de que se despidió a 32 mil trabajadores.

En la clausura de la 65 asamblea anual de la Canaintex, Kalach Mizrahi preguntó de qué sirve bajar la inflación si las tasas de interés siguen muy por arriba de las que se observan en otros países en condiciones similares, y la industria textil no tiene acceso a préstamos por ser considerada de alto riesgo.

Kalach pidió la integración ''urgente'' de un grupo de trabajo para atender los problemas de la industria textil, principalmente la falta de crédito, con la participación de la banca privada y la de desarrollo; asimismo, solicitó que se reinstale la Comisión Intersecretarial de Combate al Contrabando, presidida por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), a fin de coordinar las acciones de las secretarías de Hacienda y Economía, de la Procuraduría General de la República (PGR), del Instituto Nacional de Migración y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De la misma forma, el empresario propuso que los gastos que hacen las empresas textiles en seguridad de sus empresas, vehículos y cargamentos sean deducibles de impuestos.

El dirigente también se quejó de que sólo se han destruido 230 toneladas de productos textiles de contrabando, menos de 8 por ciento de lo embargado el año pasado, lo que aumenta el riesgo de que estos bienes entren al mercado negro.

En cuanto a la normatividad del comercio exterior, el dirigente afirmó que los Programas de Promoción Sectorial, la regla octava y otros mecanismos supuestamente diseñados para proteger a las empresas exportadoras son tan complejos que desincentivan a la industria y benefician a países asiáticos con los que México ni siquiera tiene tratados comerciales.

El secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez -quien llegó a la cita casi dos horas después debido a que se prolongó su comparecencia ante la Cámara de Diputados- respondió a los empresarios que el gobierno insistirá en el control de la inflación porque es fundamental para reactivar el crédito.

Mencionó que la dependencia a su cargo trabaja con Nacional Financiera (Nafin) en un programa de garantías que se dará a conocer a más tardar en un mes y que consistirá en la integración de un fondo inicial de 200 millones de pesos, que se multiplicará cinco veces y garantizará créditos de la banca comercial a las empresas. Derbez informó que ya se negocia con cuatro instituciones, entre ellas BBVA-Bancomer y Banorte.

En cuanto al contrabando, Derbez reconoció que ''estamos muy lejos de donde deberíamos estar'' porque no se ha combatido con suficiente energía a los grandes introductores y los ciudadanos siguen comprando mercancía ilegal; por otra parte, añadió, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales ya actúa de manera más expedita y actualmente atiende cinco casos de dumping.

Faltó comunicación con legisladores, argumentó

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

Aunque ofreció disculpas a lo largo de cinco horas por la falta de comunicación del Ejecutivo con el Legislativo y adelantó que el gobierno mexicano podría imponer un arancel de 210 por ciento a la fructosa, durante su comparecencia en San Lázaro el secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, no logró convencer a los diputados de que la decisión presidencial de postergar el cobro de un impuesto a los productos endulzados con fructosa, se dio en el mejor interés de México.

Por más de dos horas, el funcionario fue interrogado por los legisladores respecto del papel que los negociadores nacionales en la firma de tratados comerciales, ''en los que México siempre resulta afectado'' y le exigieron que el Ejecutivo se apoye en el Congreso para negociar con firmeza ante las naciones con las que suscribió estos tratados comerciales.

El titular de Economía se empeñó en afirmar que ''jamás se supeditará el bienestar de nuestro país al de otra nación'', además de reconocer que ''los diputados tienen toda la razón sobre el tema de la falta de comunicación'' y nuevamente pidió una disculpa a este cuerpo legislativo ''por haber fallado''.

Pero ni con esta actitud pudo Derbez lograr que los legisladores fueran menos duros en sus intervenciones. ''El caso de la fructosa debe verse desde distintos ángulos, por lo menos cuatro: el político, el jurídico, el económico y el social'', abrió la perredista Miroslava García Suárez.

En el ámbito jurídico, dijo, el PRD insiste en afirmar que el decreto que publicó el Ejecutivo el 5 de marzo, mediante el cual se exime del pago del impuesto a la fructosa, es inconstitucional.

''Cualquier estudiante de primer semestre de Derecho sabe que cualquier norma secundaria que vulnere los principios fundamentales de la división de poderes, en este caso el Código Fiscal de la Federación, es inconstitucional, por lo que no puede esgrimirse como fundamento para emitir actos o decretos que modifiquen lo aprobado por el Congreso de la Unión'', le dijo.

Sostuvo que en la jerarquía de las normas los decretos se encuentran por debajo de los reglamentos, lo que los coloca en marcada subordinación respecto a las leyes y por ende lejanos al nivel constitucional. ''Es por ello que insistiremos en la procedencia de presentar un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea esta instancia la única voz autorizada para interpretar las leyes, la que dirima la procedencia o no del decreto del Ejecutivo''.

En el plano político destacó que no deja de extrañar que los representantes de Economía estuvieron presentes en la negociación que tuvieron los partidos en la Cámara de Diputados en diciembre pasado y conocieron la intención de gravar con un impuesto especial al consumo de fructosa, y que en ningún momento manifestaron su desacuerdo con el impuesto especial y tácitamente lo avalaron.

''Hoy se dicen sorprendidos, lo que pone en evidencia la falta de diálogo institucional entre poderes y la escasa intención de promoverla por parte del Ejecutivo'', advirtió la perredista, a lo que Derbez respondió que está de acuerdo en ''establecer un compromiso de diálogo institucional'' y agregó: ''reconozco que fue un error de comunicación''.

Pero la inconformidad seguía. El priísta Ildefonso Guajardo lamentó ''la falta de firmeza y decisión política'' del Ejecutivo para exigir que Estados Unidos asuma un compromiso de respeto a los acuerdos firmados y se ciña con rigor a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLCAN).