En lo que va de marzo se incrementaron los rumores de que la agresión es inminente

Denuncian "artimañas" del gobierno chiapaneco para desalojar comunidades de Montes Azules

Cuando necesitamos a las autoridades nos ignoraron, ahora nos miran como ilegales: indígenas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 20 de marzo. El municipio autónomo Ricardo Flores Magón ha denunciado desde febrero un eventual intento de desalojo de las comunidades en Montes Azules, y el gobierno de Chiapas ha negado, reiteradamente, dichas acusaciones.

Este tipo de denuncias persistieron y se multiplicaron a principios de marzo.

Con renovado empuje, el gobierno chiapaneco insistió esta semana en que no empleará la fuerza sino que privilegiará las negociaciones con los pobladores de las comunidades, luego de que diversos funcionarios y delegados federales de Semarnat, Procuraduría Agraria, Profepa y PGR han declarado lo contrario. ƑEstaríamos ante un conflicto entre el estado libre y soberano y la Federación? Uno más, podría decirse: dichos conflictos atraviesan la historia de Chiapas desde tiempos de Porfirio Díaz.

En un extenso documento, las autoridades en rebeldía denunciaron "las artimañas que el gobierno teje para continuar su guerra contra las comunidades en resistencia, ahora con el pretexto de las zonas reservadas". Las comunidades de Ricardo Flores Magón, agregaron, no permitirán el desalojo, ni la reubicación de sus comunidades: "las vamos a defender como territorios de nuestro pueblo indígena".

Explicando sucintamente sus motivos, estos indígenas asentados en el norte de la selva Lacandona, recordaron: "A nosotros nadie nos tomó en cuenta en 1972, cuando al presidente de la República se le ocurrió entregar nuestras tierras a un puñado de familias, creando un latifundio de 614 mil 321 hectáreas llamado Zona o Comunidad Lacandona. Nadie nos preguntó cuando en 1978 entregaron 331 mil 200 hectáreas a la Reserva de la Biosfera de Montes Azules".

La voluntad presidencial no tomó en cuenta "a quienes allí vivíamos, a quienes años teníamos solicitando nuestro derecho agrario, ni tomó en cuenta el derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre sus territorios. El gobierno ha saqueado estas tierras desde hace muchos años, ha permitido la entrada de empresas madereras, de Pemex, y hoy dice preocuparse por la ecología.

"Nunca miraron a quiénes le pertenecían esas tierras por derecho histórico, por derecho colectivo, es decir a nosotros, los indígenas tzeltales, choles, tojolabales y tzotziles de Chiapas. A los malos gobiernos tampoco les interesó cuántos esfuerzos, recursos, esperanzas y sueños de las comunidades indígenas solicitantes tiraron al olvido al decretar la Zona Lacandona y la Reserva de Montes Azules.

"A nosotros nunca nos ha mirado el gobierno. Hoy ya nos miran, pero como ilegales, como invasores de tierras, como estorbos a desalojar, como talamontes. El gobierno nunca nos miró cuando teníamos el derecho en nuestras manos, cuando legalmente le solicitamos la tierra, sexenios pasamos solicitando esas tierras y nadie nos vio, nadie firmó nuestras solicitudes."

Se apunta que en los 80, decenas de comunidades fueron desalojadas, "y otras, que pueblan estas tierras desde los años 50 y 60", permanecieron bajo amenaza.

Luego, "traicionando la lucha zapatista de los más primeros, otra vuelta nos olvidaron y excluyeron, en 1992 nadie nos preguntó si queríamos la reforma del artículo 27 constitucional, con la que nunca hemos estado de acuerdo. Con esta traición llegó nuevamente la negación legal de nuestro derecho campesino a las tierras, de nuestros sueños y esperanzas agrarias".

Señalan que el nuevo artículo 27 permite la privatización de las tierras. "Hoy nuevamente nos miran como ilegales, como invasores, como delincuentes y nos amenazan con la violencia, la persecución, el desalojo, la cárcel y la mala muerte. Hoy sólo miran en sus leyes lo que les sirve para estos fines, pero nunca han de mirar nuestro derecho".

El municipio autónomo insiste en que varias comunidades dentro de Montes Azules ya se encontraban allí o habían solicitado su derecho agrario antes de estos decretos y reformas. Y otras, "que en los años anteriores han tomado posesión de tierras y han hecho centros de población, han sido forzadas a hacerlo debido a la creciente militarización de sus comunidades originales, debido a la persecución, militar, paramilitar, judicial. En otras palabras, son desplazados de guerra. Es el propio gobierno el que ha provocado que cada día más gente entre a tomar su derecho a la tierra en la Zona Lacandona y en la Reserva".