En la misma situación están Romero Deschamps, Aldana Prieto y otros

Montemayor Seguy sigue siendo "indiciado" por el presunto desvío en Pemex: Macedo

GUSTAVO CASTILLO Y ALONSO URRUTIA

Para la Procuraduría General de la República (PGR), Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex; Carlos Juaristi Septién, director corporativo de Administración; Juan José Domene Berlanga, ex director corporativo de Finanzas, y los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, seguirán siendo indiciados, aseguró Rafael Macedo de la Concha.

En tanto, el secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Francisco Barrio Terrazas, afirmó que existe solidez en las acusaciones que la dependencia a su cargo formuló contra los ex directivos de Pemex y los líderes petroleros.

Macedo de la Concha, quien fue entrevistado en el marco de la presentación del plan de trabajo del fiscal para desaparecidos, Ignacio Carrillo Prieto, refirió que el hecho de que haya terminado el arraigo de tres ex empleados del PRI que han aportado datos importantes a la investigación "no ha variado en absoluto la situación" de ninguno de los acusados en el presunto desvío de mil 580 millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero, y de los cuales, supuestamente, 500 millones fueron utilizados en la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.

El titular de la PGR refirió que el hecho de que haya concluido el arraigo domiciliario de Alonso Veraza López, Melitón Antonio Cazares Castro y Andrés Heredia Jiménez no modificará en nada las indagatorias de la PGR, pues los tres ex empleados del PRI, ahora -oficialmente reconocidos- como testigos protegidos, continuarán "aportando datos y colaborando con la procuraduría".

Señaló que la conclusión del arraigo sólo implica "que permitirá continuar trabajando en el perfeccionamiento de la indagatoria".

Rechazó que el caso se haya "esfumado" y consideró que a la "sociedad hay que decirle que la investigación continúa y que se llegará hasta las consecuencias últimas de lo que la propia pesquisa arroje, porque se está haciendo un trabajo responsable, transparente, y en su momento el Ministerio Público Federal se pronunciará sobre si ejercita o no acción penal en contra de ex servidores públicos o de personas".

Mencionó que los testigos protegidos están colaborando de manera "voluntaria" con la PGR "a cambio de decir la verdad y a cambio de ofrecer todo lo que conocen de estos hechos".

La investigación en torno al presunto desvío de mil 580 millones de pesos de Pemex durante la gestión de Rogelio Montemayor se inició el 10 de diciembre de 2001, cuando la Secodam denunció al ex director de la paraestatal y a otros funcionarios, así como al diputado federal Carlos Romero Deschamps y al senador Ricardo Aldana Prieto como responsables de ese acto ilícito.

Diez después, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) detuvo a Veraza López, Cazares Castro y Heredia Jiménez, quienes confesaron haber participado en el traslado de 500 millones de pesos en efectivo de la compañía de resguardo de valores Cometra a las oficinas centrales del PRI, dinero que les fue entregado a partir de una cuenta a nombre de Ricardo Aldana, tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en junio de 2000.

A partir de las indagatorias de la UEDO, la autoridad pudo conocer que el STPRM también llevó a cabo transferencias presuntamente ilícitas de capital hacia otras naciones, concretamente a Estados Unidos, donde existe a nombre del STPRM un depósito de 390 millones de pesos convertidos a dólares, circulante que presuntamente formó parte del dinero que se desvió de Pemex y que según la Secodam sólo benefició a los líderes petroleros.

Con esa decisión de no consignar el expediente, la PGR no tendrá una fecha límite para solicitar órdenes de aprehensión contra quienes resulten presuntos responsables, ni para turnar el caso ante un juez. Se esperará a tener "una acusación sólida".

Hasta el momento las investigaciones buscan establecer la responsabilidad de los señalados como indiciados en los delitos de lavado de dinero, desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones y delincuencia organizada. Sin embargo, además de los ex directivos de Pemex y líderes petroleros están involucrados distintos ex directivos priístas como Alonso Bretón y Jorge Cárdenas Elizondo, quienes eran los encargados de las finanzas del partido durante la campaña de Francisco Labastida.

Por su parte, Barrio Terrazas dijo en el marco de la presentación del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Secretaría de Gobernación (Segob) que de las indagatorias realizadas por la Secodam se desprendieron elementos muy sólidos y firmes que se incorporaron al expediente para sustentar la acusación del desvío de recursos públicos que posteriormente se denunció ante la PGR.

"Confiamos en que de las investigaciones que realiza la PGR podrían desprenderse acciones legales en los próximos días. Dijo estar confiado en que las instancias responsables podrán concretar las pruebas suficientes que permitan en cualquier momento sustentar las acusaciones ante el Poder Judicial, para que sea esta instancia la que resuelva lo concerniente".

-ƑSería pronto?

-No lo sé, eso le toca resolverlo a la PGR y yo no puedo comprometer los tiempos de la procuraduría. Ellos tienen su propia estrategia de trabajo y jurídica para desahogar el caso, y por eso será el procurador Macedo de la Concha, o sus colaboradores, quienes determinen los tiempos a seguir.

A pregunta expresa sobre las irregularidades detectadas por la Secodam en la Dirección de Juegos y Sorteos de la SG, Barrio contestó que por el momento no existe ninguna vinculación entre estas inconsistencias en Gobernación con el caso de Pemex.

-ƑSe podría presumir alguna responsabilidad del ex secretario Diódoro Carrasco?

-No lo sé, lo que sí sé es que hubo un manejo poco transparente en la Dirección de Juegos y Sorteos, como ya se dijo en la presentación del informe del programa anticorrupción de la SG. Los permisos se otorgaron sin que tuviesen como base un tabulador.

Barrio añadió que esto significa que cada uno de los permisos otorgados por Gobernación se cobrara de una manera discrecional.