Se estudia la incorporación de funcionarios civiles a los tribunales militares

En el Ejército "no hay ninguna resistencia" al cambio democrático, según mandos de Sedena

JESUS ARANDA

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hará los ajustes legales necesarios en materia de protección a derechos humanos al interior del Ejército, y las adecuaciones de sus ordenamientos conforme al derecho penal internacional y, en su caso, a lo que establezca la Corte Penal Internacional (CPI), que deriven de acuerdos firmados por México.

En el Ejército "no hay ninguna re- sistencia" a que los cambios democráticos y políticos ocurridos en los años recientes incluyan también a las fuerzas armadas, subrayaron altos oficiales de la Sedena.

Añadieron que por órdenes del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, se inició la revisión de normas militares, tales como Ley Orgánica del Ejército, Ley de Disciplina, Código Militar, Reglamento Interno de la Sedena, Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y que una vez que sean aprobadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se enviarán al Congreso.

Se trata, se explicó, de adecuar la legislación militar a las nuevas circunstancias políticas y sociales del país y del mundo, para que las fuerzas armadas del país estén en mejores condiciones de cumplir su encomienda constitucional de garantizar la seguridad interior y la defensa exterior del país.

Uno de los temas que ya analizan los expertos militares es el relativo a la inclusión de jueces y magistrados civiles en el aparato de justicia castrense, es decir, en los juzgados militares, el Supremo Tribunal Militar e incluso en los juicios de guerra.

La directriz partió del comandante supremo de las fuerzas armadas, que es el Presidente de la República, y una vez con esa línea se inició el estudio respectivo para determinar cuál es la forma idónea de incluir por primera vez a civiles en el fuero de guerra; podría ser personal civil o bien jueces y magistrados que provengan de la justicia federal.

Aunque los militares entrevistados co-mentaron que un cambio de este tipo implicaría necesariamente reformas constitucionales y legales, y que arrancarían desde la transformación del nombre Secretaría de Guerra y Marina, que todavía reza en muchas de las legislaciones castrenses.

Sin embargo, dejaron en claro que ésta y otras modificaciones que tuvieran lugar tendrían como principio rector garantizar la disciplina en el instituto armado. Sin embargo, rechazaron tajantemente la posibilidad de crear un ombudsman militar.

Los oficiales consultados comentaron que una vez abierta la discusión en el Ejército sobre las reformas necesarias en las leyes referidas, el instituto armado está abierto a escuchar propuestas e iniciativas de la sociedad civil. Al respecto, adelantaron que la participación de la sociedad sobre el tema tendrá lugar cuando las iniciativas legales sean presentadas por el Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión.

Los informantes negaron que el Ejército permita la impunidad de quienes violan los derechos humanos, y aseguraron que los soldados, además de responder ante la justicia local o federal por diversos actos ilícitos, son juzgados también por el fuero de guerra, lo que cierra el paso a la impunidad.

Sin embargo, comentaron que debido a la creciente relación entre los militares y la sociedad civil, como en casos de desastre, ayuda social a la población, combate al narcotráfico o en acciones de seguridad pública, se analizará el Código de Justicia Militar para tipificar adecuadamente conductas ilícitas que merezcan ser castigadas.

Al respecto, comentaron que uno de los temas importantes será el de revisar el "tipo penal" de muchos delitos, que ya no corresponde a las condiciones actuales, porque data de un código elaborado en 1931.

Pusieron como ejemplo el delito de deserción o abandono de plaza. De acuerdo con el código vigente, los oficiales no pueden retirarse a más de 40 kilómetros de su cuartel sin el permiso correspondiente, mientras los soldados tienen un límite de 20 kilómetros. Es decir, aun cuando un oficial esté "franco" -es decir, en día de asueto-, no puede viajar más allá de 40 kilómetros de su cuartel -ni siquiera a la ciudad de Toluca o Cuernavaca-, porque incurriría en el delito de abandono de plaza.

Estos "y otros detalles" de este tipo, que corresponden a una realidad de hace más de 70 años, son los que se propone modificar, porque además generan costosos procesos penales que desvían a las autoridades castrenses de sus obligaciones fundamentales, porque en muchos de los casos los acusados recurren al amparo e involucran a la institución en procesos legales que bien podrían solucionarse administrativamente y de una manera más ágil.

Por otra parte, apuntaron, tienen que detallarse aspectos disciplinarios y sus posibles sanciones, para prevenir que soldados cometan actos de corrupción derivados de su participación en el combate al narcotráfico.

La encomienda del secretario de la Defensa Nacional en la revisión de la legislación castrense se centra en adecuarnos para que el Ejército siga funcionando y sirviendo correctamente a la sociedad mexicana, concluyeron.