Documento que aconseja expulsiones dice que los indios están manipulados desde fuera

La primera etapa del desalojo de Montes Azules comenzaría en ocho comunidades

Dueños de parte del área, los lacandones están atrapados en un juego que ya no controlan

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 17 de marzo. En fecha muy próxima podría comenzar la expulsión de las comunidades ubicadas en el entorno de Montes Azules, la denominada área protegida de la selva Lacandona. Habría desalojos y reubicaciones. Las primeras acciones de expulsión se pretende que sean efectuadas en las comunidades San Antonio Miramar, Sol Paraíso, El Buen Samaritano, Nuevo San Rafael, Nuevo Salvador Allende, Las Ruinas Sol Paraíso, Arroyo Cristalina y Noreste de Ocotal.

En un documento de la Mesa Ambiental del gobierno de Chiapas, entregado al secretario de Gobernación en días pasados, se determina también una "segunda etapa" para desalojar Primero de Enero, Nuevo Limar y 8 de Febrero (esa fecha fue "detectado" por satélites un presunto asentamiento que nadie ha visto, en el sur de la reserva de la biosfera).

En lo que serán operativos de la fuerza pública federal, y que algunas fuentes independientes afirman se efectuarán esta Semana Santa, se pretende "reubicar fuera de las áreas protegidas", en una primera etapa, a Ojo de Agua Las Pimientas, Nuevo Israel, Nuevo Agua Dulce, Nuevo Guadalupe Tepeyac y Ranchería Corozal. En la segunda etapa, se sacaría de sus casas a los pobladores de El Semental, San Francisco e "Innominado" (sic).

Según miembros de la Mesa Ambiental, la "reubicación" de indígenas se haría a "sus comunidades de origen", si bien muchos de ellos serán expulsados, precisamente, de su lugar de origen. En todo caso, esta política de aliento estaliniano, en caso de salirse con la suya, generará desplazados en sentido inverso, a las regiones de sus antepasados, donde seguramente ya no habrá tierras para ellos. Aunque el delegado de la Procuraduría Federal de protección al Ambiente (Profepa) ha dicho que los campesinos de la reserva tienen tierras en otro lado, no es así en casi todos los casos.

Eco a planteamientos de la mesa

Los primeros días de marzo, a instancias del titular de Semarnat, Víctor Lichtinger, algunos miembros de la Mesa Ambiental de Chiapas se reunieron en la ciudad de México con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y le presentaron el documento Problemática de los asentamientos irregulares y desmontes en las áreas naturales protegidas de la selva Lacandona, que aunque lo signaba el gobierno del estado, al menos parte de su contenido tomó por sorpresa al mandatario estatal y presidente de la Mesa, Pablo Salazar Mandiguchía.

Si bien el primer lineamiento operativo de la Mesa Ambiental -establecida en septiembre- fue que todos sus acuerdos serían por consenso (al menos así apareció en la prensa), el documento entregado a Creel no contaba con la aprobación de los representantes del gobierno de Chiapas en la mesa, quienes incluso lo desconocían.

No obstante, allí se plantean "acciones" muy precisas, de las cuales miembros federales de la mesa han hecho eco. Hernán Alfonso León, delegado estatal de Profepa confirmó el 8 de marzo a la agencia Maya Press que unas 35 comunidades dentro de Montes Azules serían "reubicadas", a menos que demostraran tener derechos adquiridos.

Insistiendo en que los indígenas serán "reubicados, no desalojados", Alfonso León indicó que "85 por ciento de los asentamientos irregulares lamentablemente se localizan dentro de la zona núcleo, por ello la preocupación de las instancias respectivas. Sin embargo, el proyecto de reubicación se ha visto frenado por el rechazo de los asentamientos irregulares, que han sido mal aconsejados por grupos sociales y ambientalistas".

Dando a entender que los campesinos que se resisten a ser expulsados están manipulados por "gente de afuera", el funcionario repite el viejo argumento del poder y los patrones contra esos eternos "menores de edad", los indígenas.

El factor lacandón

Paralelamente, no es ningún secreto la connivencia de la pequeña comunidad lacandona (con menos de 200 miembros sobrevivientes) con los gobiernos desde hace tres décadas. Ganando privilegios relativos, pero aun así mayores que cualquier otro pueblo indígena, han sido reiterados "hijos predilectos del régimen", al grado de convertirse en el único pueblo indígena mexicano que no participa en ninguna acción de estos pueblos en el país.

Dotados con una porción inmensa de los Montes Azules por el presidente Luis Echeverría, se convirtieron en el parapeto constante del gobierno contra las reclamaciones de derechos sobre la selva de comunidades tzeltales, choles y tzotziles, mucho mayores en número, que las desvanecientes familias lacandonas, y algunas en antigüedad.

Enajenados de los demás pueblos, los lacandones fueron el único pueblo que pidió el aplastamiento militar del EZLN en 1994, el único que rechazó los acuerdos de San Andrés, y el único que aplaudió la llamada contrarreforma indígena de 2001, que no satisfacía la propuesta de la Cocopa. De hecho, su secuestro histórico por el poder ha hecho de ellos el único pueblo maya que no participa en foros ni encuentros convocados por indígenas o sus organizaciones.

Ellos mismos víctimas de una mitificación muy utilitaria por parte del gobierno y la crema y nata del ambientalismo internacional, quedaron atrapados en un juego que ya no controlan. Los historiadores los ubican como caribes, un pueblo silvestre procedente del Golfo, que ocupó las tierras y el nombre de un pueblo extinguido, los verdaderos lacandones, cuyos últimos individuos murieron en el siglo xviii. Este hecho histórico se usa, equívocamente, como argumento para descalificarlos. El problema con estos lacandones, cada día más escenográficos y menos vinculados con la selva, es que usándolos de pretexto, les "limpian" de indios "sus" tierras para fines, esos sí, ajenos.

Está documentado cómo han dejado la agricultura casi por completo, y por otro lado practican la cacería prohibida en su nombre. En el crucero de Tumbo, en la cuenca del Tulijá, es frecuente verlos vender tepezcuintle de monte, o en Chensayab, vendiendo colmillos de mico de noche, garras de jaguares y picos de tucán.

Sus promotores oficiales y privados les han facilitado el acceso a la industria turística (claro, a escala filantrópica), permitiéndoles la custodia y administación de los sitios arqueológicos de Bonampak y Yaxchilán (o sea, tampoco un Sheraton). En rigor histórico, si acaso importa quién tiene la taquilla, ellos no serían los herederos de estas ruinas, sino los choles de la región, que sin embargo tienen que pagar 70 pesos para entrar a las ruinas.