Comparece ante comisiones el fiscal especial para desapariciones forzadas

No se juzgará al Ejército como institución, advierte Ignacio Carrillo Prieto a senadores

Echeverría y López Portillo serían llamados a declarar si se decide en las investigaciones

Una sanción moral a militares involucrados puede ser más fuerte que una penal, sostiene

ANDREA BECERRIL

El fiscal especial para casos de desapariciones forzadas, Ignacio Castillo Prieto, adelantó a senadores que en su trabajo habrá de anteponer a toda consideración los derechos humanos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de víctimas y victimarios; aclaró que el Ejército, como institución, no habrá de juzgarse, y ante los cuestionamientos de legisladores de PRD y PAN sobre cuándo llamará a declarar a los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, respondió que comparecerán sólo si así se decide en el curso de las averiguaciones judiciales.

Incluso manifestó que coincidía con lo expresado en la reunión por el general con licencia y senador por el PRI Ramón Mota Sanchez, en el sentido de que una sanción moral a los militares involucrados "puede, en ocasiones, tener mucho más fuerza que una sanción penal". La prescripción de los delitos, precisó, se determinará al final de las averiguaciones.

Durante casi cuatro horas Castillo Prieto compareció ante los miembros de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República y enfrentó las inquietudes expresadas por los legisladores con respuestas cautas y hasta evasivas.

La perredista Leticia Burgos insistió en la responsabilidad de las fuerzas armadas, y Rutilio Escandón, también senador por el PRD, dijo que ojalá no los desilusione ni se convierta en otro más de los fiscales especiales que sólo han servido "para maquillar las políticas del Ejecutivo del momento".

De entrada, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sadot Sánchez Carreño, advirtió a Carrillo Prieto que (los senadores) llevarán un "puntual seguimiento" de los trabajos de esta fiscalía para movimientos sociales y políticos del pasado. "Conocemos en quién ha recaído la responsabilidad, sabemos de su biografía académica y de su profesionalismo, y por eso esperamos que su trabajo no solamente sea eficiente, sino que se realice con toda la probidad en la investigación y obtengamos resultados."

A su vez, Carrillo Prieto informó que el próximo día 20 presentará su programa de trabajo para llevar a cabo las investigaciones judiciales y sostener la acción penal ante los tribunales competentes de quienes resulten responsables de las desapariciones políticas durante la llamada guerra sucia de los 70 y los hechos de octubre de 1968.

Leticia Burgos manifestó que en su partido, el PRD, fueron muy críticos del nombramiento de un fiscal especial para desaparecidos, debido a las experiencias de cargos similares, que presentaron expectativas amplias y tuvieron finales tristes porque se impuso la impunidad.

Destacó que muchos de los militares implicados en la guerra sucia de los 70, que han sido mencionados como torturadores, "van a ser prácticamente premiados con un retiro". Y preguntó a Carrillo Prieto: "¿cuál será su línea de investigación sobre los soldados y miembros del Ejército implicados en desapariciones forzadas?"

El fiscal especial respondió que se llamará a declarar a todo aquel que se mencione en las indagatorias, sin importar el cargo que ocupe o haya ocupado. Acerca del Ejército Mexicano, subrayó "que de ninguna manera hay la pretensión de debilitar o de manchar a las instituciones de la República. No existe derecho penal contra las instituciones", remarcó.

El senador priísta Mota Sánchez intervino para precisar que no puede olvidarse que las fuerzas armadas son el medio legal de represión del Estado, y dijo que "aunque haya la prescripción para algunas personas que hubiesen sido consideradas culpables, siempre quedará el yo acuso moral contra ellas por lo que se hizo".

De esa forma, agregó Mota, "cualquier miembro del Ejército que sea determinado culpable deberá ser debidamente castigado. Si ya no es posible que lo sea físicamente, moralmente debe ser señalado como tal".

Carrillo Prieto le dijo que efectivamente "el mero reproche moral es muy importante", y evadió entrar al debate sobre la prescripción de los delitos tanto en la matanza estudiantil de 1968 como en las desapariciones forzadas y asesinatos de la década de los 70.

Ante la pregunta del presidente de la Comisión de Justicia, el panista Jorge Zermeño, en el sentido de que si ya tenía un listado preliminar de cuántos expedientes habían prescrito, Carrillo Prieto dijo que primero se realizarán las investigaciones y al final se determinará si ya no es posible sancionar a los responsables.

Otro senador del PAN, José Alberto Castañeda, manifestó que es preocupante que se pretenda decidir la prescripción del delito no al principio sino al concluir el proceso judicial, porque podrían crearse falsas expectativas en la ciudadanía, y solicitó que se informe al respecto con toda claridad el próximo día 20 en que presentará su programa de trabajo.

El senador Jorge Zermeño insistió en que informara cuándo llamará a declarar a Luis Echeverría Alavrez y José López Portillo, dada su responsabilidad en la matanza de Tlatelolco y la guerra sucia de los 70.

Carrillo Prieto respondió que si han de comparecer y la fecha para ello será "cuando así lo indique el curso de la averiguación o averiguaciones".

Al final, en entrevista colectiva, Carrillo Prieto dijo que sólo las investigaciones determinarán si se llama a declarar a los ex presidentes, y sostuvo que los resultados de la fiscalía a su cargo llevarán "algún tiempo", sin precisar cuántos meses o años.