Confirma jueza que en 15 días citará a De la Rúa a declarar por la violencia policial

Pesquisas sobre represión de diciembre evidencian que permanece la impunidad militar en Argentina

Sería llamado el canciller Carlos Ruckauf, quien pidió la imposición del estado de sitio

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 8 de marzo. Las investigaciones que lleva adelante la justicia argentina para determinar quiénes son los responsables de la cruenta represión del estallido popular del pasado 20 de diciembre, cuando cinco personas fueron asesinadas en los alrededores de la céntrica Plaza de Mayo y otras dos murieron en hospitales, dejan al descubierto la herencia de la impunidad que liberó a los represores de la última dictadura.

La jueza María Servini de Cubría, quien resolvió la prisión preventiva del ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov y del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, confirmó la víspera que en 15 días citará al ex presidente Fernando de la Rúa a declarar en esta causa por la represión policial. Mathov, en sus primeras declaraciones aseguró que la responsabilidad de la represión no era suya, pues él era sólo un funcionario intermedio y "todas las decisiones fueron del doctor De la Rúa", informaron este viernes fuentes judiciales.

Se busca determinar quiénes dieron la orden a la policía de reprimir a los manifestantes que espontáneamente llegaron hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, luego de que De la Rúa declaró el estado de sitio para enfrentar saqueos de comercios, cuando la falta de dinero circulante por la confiscación de ahorros había agravado una situación recesiva ya crítica.

Servini de Cubría dijo estar segura de que De la Rúa no va a evitar este citatorio, pero en cambio ha denunciado operaciones de prensa de sectores de la policía en su contra, para apartarla de esta causa, así como otras maniobras para que detenga sus investigaciones sobre la fuga de dinero de los bancos antes y durante el corralito financiero, que la llevaron a detener y procesar al banquero Carlos Rhom.

Las investigaciones para determinar quiénes son los verdaderos responsables de la represión del 20 de diciembre han dejado al descubierto un tema doloroso para la sociedad argentina, el de la impunidad, que ha permitido que continúen en las calles responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-83), o los funcionarios corruptos que precipitaron la crisis terminal que hoy atraviesa el país.

En este contexto es que la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida, presentó el pasado martes un proyecto firmado por 22 legisladores de distintos partidos, para la anulación definitiva de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1987), y los decretos de indulto (1990) a las juntas militares de la dictadura.

En 1987, a sólo cuatro años del final de la dictadura y luego de varios intentos golpistas, el gobierno de Raúl Alfonsín votó estas leyes que dejaron sin castigo a miles de autores directos de graves violaciones a los derechos humanos.

Algunos sectores permitieron entonces la iniciativa en pro de una supuesta "reconciliación" que nunca fue, porque, como ha dicho Patricia Walsh, "ninguna ley puede tapar la historia de una dictadura atroz ni silenciar los crímenes". La diputada es hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, que pasó a engrosar la lista de los miles de desaparecidos, después de haber escrito una valiente carta pública contra la junta militar.

Este tema ha vuelto al tapete cuando circulan rumores sobre un posible golpe de Estado, y por eso también toma relevancia la investigación de Servini de Cubría, que ha llevado a prisión también a varios oficiales de policía acusados de ser los autores directos de los crímenes del día 20.

Corren versiones de que también se tendría que citar a declarar al actual canciller, Carlos Ruckauf, ya que era gobernador de la provincia de Buenos Aires en diciembre y habría sido uno de los que llamó a De la Rúa para que impusiera el estado de sitio.

En cambio, Servini de Cubría dijo la víspera que aún no analiza el pedido de citación de Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente, supuestamente "sospechoso" por haber llamado a su padre para pedirle que no renunciara. Esta citación suena "desproporcionada" a muchos juristas, ya que el pedido se hizo sin que se citara antes a su padre, y además el joven nunca ocupó un puesto oficial.

También resulta desproporcionada para muchos la actitud de la cadena Tower Records, que sacó de la venta los discos de Shakira, cantante colombiana que es novia del hijo del ex presidente.

Para algunos analistas, esta actitud formaría parte de una campaña destinada a desviar el enojo popular de otros hechos gravísimos que suceden en el país, de las maniobras del sector financiero, y de la crisis inédita que atraviesa el país. También buscaría desviar la atención de los verdaderos responsables de la represión. Exactamente, el miércoles un programa de televisión mostró un video en el cual algunos de los policías procesados por Servini de Cubría disparan directamente sobre los manifestantes.

Un testigo reconoció entre esos hombres al comisario Inspector Orlando Oliverio, a un subcomisario identificado como Rodríguez y al oficial principal José Luis González, como quienes dispararon a quemarropa contra Alberto Márquez, de 57 años, y Martín Galli, de 26 años, quien sobrevivió milagrosamente.

Como agravante, los policías llegaron al lugar vestidos de civil y en vehículos sin identificación, en los que portaban escopetas cargadas con municiones de plomo. En la investigación se está manejando que si bien altos funcionarios del gobierno ordenaron el despeje de la Plaza de Mayo, no habrían dado órdenes de disparar a matar, aunque serían culpables "por omisión" al no ordenar detener la matanza.

Precisamente, el oficial González fue procesado anteriormente por ocultar y destruir evidencias por el caso AMIA que involucraban a un sospechoso con vínculos policiales. Otro caso simbólico es el del teniente coronel retirado Jorge Varando, detenido hace una semana acusado de matar de un tiro en la cabeza a un joven de 23 años ese 20 de diciembre. Este ex militar, que aparece disparando en el video, figura en los archivos del Centro de Estudios Legales y Sociales como represor de la dictadura. Así, los fantasmas del pasado no se han retirado, y están dispuestos a seguir actuando.