Miguel Concha
Derecho a la vivienda
La Comisión de Derechos Huma-nos de la ONU decidió crear el 17 de abril de 2000 un relator especial sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada, por un periodo de tres años. La nominación recayó en el joven arquitecto indio de 45 años Miloon Kothari, especialista en derechos económicos, sociales y culturales, quien desde el lunes pasado y hasta el próximo jueves se encuentra de visita en México. Su mandato se centra ciertamente en la vivienda adecuada, pero como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, enunciado en el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el párrafo 3 del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en el derecho a no ser discriminado, enunciado en el apartado h) del párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y en el apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
Es más, cuando presentó su primer informe a la comisión el año pasado, en su 57 periodo de sesiones, demandó con justa razón una interpretación más amplia del derecho a una vivienda adecuada, identificó algunos de los impedimentos más importantes que obstaculizan en la práctica la realización progresiva de su disfrute, y pidió considerar un conjunto de problemas interrelacionados: la discriminación de género; los problemas de la tenencia de la tierra y del acceso a aguas potables; las consecuencias de la actual mundialización económica en la vigencia de los derechos humanos, y particularmente su impacto en el derecho a una vivienda adecuada: la cooperación internacional, los desalojos forzados, así como las políticas sociales llamadas globales y contra la pobreza, y su interrelación con los derechos humanos.
Se trata, pues, del primer relator de Naciones Unidos que visita México para observar violaciones a los derechos humanos en cuestiones como vivienda, tenencia de la tierra, alimentación y acceso a servicios básicos. Nunca debe olvidarse que en 1977 la Asamblea General de la ONU declaró (resolución 32/130) que "todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes"; y que "deberá prestarse la misma atención y urgente consideración tanto a la ampliación, la promoción y la protección de los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales". Y que en 1988 la Asamblea General de la OEA estableció también en el preámbulo del Protocolo de San Salvador, ratificado por México, "la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana".
Como forma parte de su mandato el entablar durante sus visitas un diálogo no únicamente con los gobiernos y las agencias internacionales de la ONU, sino también con la sociedad civil en sus esfuerzos por asegurar estos derechos, el jueves pasado se reunió con algunas organizaciones sociales y ciudadanas que desde hace tiempo se vienen ocupando profesionalmente en la solución de estos problemas en nuestro país, las que en forma muy clara y documentada le presentaron cinco situaciones típicas en las que se viola el derecho a una vivienda adecuada en México: la escasa importancia que se le otorga a este problema en el gobierno federal; las dificultades de acceso al crédito y la falta de solidaridad de la banca; los juicios contra deudores de vivienda y las múltiples decisiones de jueces que, además de no considerar el artículo 133 de la Constitución y la jurisprudencia de la propia Corte, violan acuerdos y convenciones como los mencionados, de los que el Estado mexicano es parte; y decretos expropiatorios como los de Atenco, en los que no se da una reparación del daño adecuada, y mucho menos se toma en cuenta la vinculación que existe en algunas culturas entre tierra de labor y vivienda. Piden también que se dé respuesta a las recomendaciones que sobre vivienda emitió desde noviembre de 1999 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. 
