Respeto a cauces jurídicos internos, plantea el gobierno

Las demandas de Gallardo, en manos del Poder Judicial

Según Sepúlveda, Gobernación no prejuzga al general

Human Rights Watch, satisfecha por la excarcelación

ALONSO URRUTIA Y KARINA AVILES

La restitución de José Francisco Gallardo Rodríguez como general activo del Ejército, la indemnización correspondiente y las posibles sanciones contra militares que participaron en el proceso que se le siguió, como lo establece la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependerá exclusivamentre de lo que determine el Poder Judicial, sostuvo Ricardo Sepúlveda, responsable de las negociaciones con Gallardo por parte de la Secretaría de Gobernación.

En tanto, la organización humanitaria internacional Human Rights Watch manifestó su satisfacción por la excarcelación del militar, y la Corte Internamericana de Derechos Humanos dio a conocer que la próxima semana se analizará el asunto.

En entrevista con este diario, Sepúlveda señaló que existe interés del Ejecutivo federal por resolver el caso Gallardo, razón por la cual no está en su estrategia "enfrascarse en una discusión de si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente o no para conocer el fondo del asunto". El ánimo del gobierno mexicano no es poner en entredicho la jurisdicción de la corte, sino solucionar el problema, expuso.

Bajo esta lógica, Sepúlveda subrayó que el único aspecto que reivindica el gobierno es que la solución se realice de acuerdo con los cauces jurídicos internos. "Según la Constitución, las leyes internas tienen el mismo nivel, por tanto, por respeto a nuestro orden constitucional tenemos que adecuar lo que dice un organismo internacional para ejecutarlo conforme a nuestras circunstancias internas."

Por otro lado, la audiencia solicitada por Gallardo con el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, se realizará a la brevedad posible, "quizá hacia finales de esta misma semana o principios de la próxima; el secretario tiene el interés de agendarla los más pronto".

En vísperas de la audiencia de la Corte Interamericana -el próximo 19 de febrero- para conocer del avance en la aplicación de las medidas de protección que pidió a México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya envió una comunicación mencionando la excarcelación de José Francisco Gallardo.

"La excarcelación cambia totalmente las circunstancias pues representa un paso muy importante en la solución del caso. No era la única petición de la Comisión Interamericana, hay otras, pero sin duda se trata de lo central, aunque queda pendiente, por ejemplo, la reincorporación o no al Ejército."

Sin embargo, el cumplimiento cabal de la recomendación dependerá de lo que determine el Poder Judicial sobre su inocencia o culpabilidad. "Es un asunto que debe resolverse judicialmente porque el hecho de que pertenezca o no al Ejército no significa solamente un reconocimiento formal, sino un conjunto de derechos que se derivan. No sólo portar el uniforme y las insignias, sino lo que deriva de ello."

Sepúlveda puntualizó: a Gobernación no le corresponde prejuzgar sobre su inocencia o no, eso le compete al Poder Judicial al desahogar las diversas vertientes jurídicas que tiene el asunto.

La gran virtud que tiene la excarcelación, dijo, es que deja abiertos los medios de defensa para su posible reincorporación al Ejército, para las subsiguientes indemnizaciones y todos los medios de defensa jurídicos del derecho interno.

"Cuando fuimos a comunicarle su excarcelación le dijimos: uno, el Presidente acaba de firmar el acuerdo de reducción de pena; dos, usted tiene todas las vías de defensa jurídicas abiertas, internas e internacionales; y tres, le ofrecemos seguridad personal, al menos provisional."

-La recomendación de la comisión no se agotaba en su liberación.

-Es cierto, no solamente incluía la excarcelación, también la indemnización, pero eso requiere hacerse conforme a nuestro marco jurídico. Es un caso superintrincado que es necesario ir deshilvanando y la secretaría ya ha iniciado un análisis técnico muy detallado sobre la situación jurídica, no porque nos toque resolverlo, es un asunto judicial, de los tribunales -del de Justicia Militar y del Poder Judicial de la Federación-, sino para coadyuvar en su solución.

-ƑEl gobierno de Fox sí reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana en el caso Gallardo?

-La corte no ha conocido el fondo del asunto. Es un asunto técnico. ƑLa Corte tiene jurisdicción para conocer sobre las medidas de protección? Sin duda. ƑTiene jurisidicción para conocer el fondo del caso? La misma corte no se ha pronunciado al respecto y el gobierno mexicano tampoco.

-ƑY eso incide en si México acata la recomendación de la comisión (llevada ya a la corte)?

-Es un asunto al que le veo menor importancia porque finalmente hemos avanzado mucho en cuanto a las peticiones que derivan de la recomendación. Todo esto ha ido avanzando sin tener que enfrascarnos en una discusión de si la corte es o no competente. Se podría llegar al límite de estar sentados en la corte discutiendo su jurisdicción, pero realmente el ánimo es mucho más positivo y vamos a darle solución previa.

-Para Gobernación, ƑGallardo sigue siendo culpable?

-Gobernación no prejuzga su inocencia, quien lo juzga es la autoridad judicial. Si ésta dice que es inocente, seremos los primeros en defender su inocencia, porque eso es el derecho -aseguró el funcionario.

Señaló que el gobierno federal no va a dilatar los procesos judiciales, como es la preocupación que tenía Gallardo, pues más voluntad que su excarcelación no se puede mostrar. Aunque, ciertamente, los procesos tienen sus plazos.

Ejemplo de abuso de poder: HRW

La organización internacional Human Rights Watch, en tanto, manifestó su "plena satisfacción" por la liberación del general José Francisco Gallardo y dijo que su caso ha sido uno de los ejemplos más evidentes de abuso de poder y falta de respeto a los derechos humanos que ha imperado en el pasado de México.

Su existencia, puntualizó, pone de manifiesto la necesidad de impulsar un proceso de reforma del sistema de procuración e impartición de justicia militar, para hacerlo más congruente con los valores jurídicos propios del estado de derecho y las instituciones democráticas.

Agregó que la reforma debe tener entre sus objetivos hacer que la justicia militar sea más transparente, que responda directamente a las autoridades civiles y deje de tener jurisdicción sobre casos de violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.

En una misiva que dirigió al presidente Vicente Fox, la organización internacional señaló que Gallardo fue injustamente encarcelado en 1993 por expresar opiniones sobre la práctica de derechos humanos en el Ejército Mexicano y, enseguida, agradeció la intervención del mandatario para su liberación.

Copias de la carta fueron entregadas al secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda; al titular de Gobernación, Santiago Creel; al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha; a la subsecretaria para los Derechos Humanos, Mariclaire Acosta; al embajador de México en Estados Unidos, Juan José Bremer, y al embajador ante la OEA, Miguel Ruiz Cabañas.

Por último, la organización manifiesta su respaldo a la decisión del general Gallardo de seguir adelante en las acciones judiciales pertinentes dirigidas a reparar los daños sufridos y reivindicar su buen nombre ante la opinión pública mexicana.

Preocupaciones sobre la justicia castrense

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Cancado Trindade, confirmó que la próxima semana se realizará una audiencia para analizar la solicitud de las medidas provisionales del caso del general José Francisco Gallardo. A su vez, Carlos Manuel Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó su complacencia por la liberación del general y externó su preocupación sobre una expansión de la justicia militar para el juzgamiento de civiles en el caso de algunos países del hemisferio.

Entrevistados durante el séptimo Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Antonio Cancado apuntó que hasta que la corte inicie su periodo de sesiones, el próximo 18 de febrero, se analizará el asunto del general.

-ƑQué indica que el gobierno mexicano no haya cumplido la resolución de la comisión interamericana en cuanto a que el general Gallardo tenía que ser liberado de todo delito?

-No puedo anticipar ninguna opinión sobre esta materia, de esto va a tratar el examen de la corte cuando empiece el periodo de sesiones, la próxima semana.

Por su parte, Carlos Manuel Ayala Corao recordó que cuando estuvo como presidente de la comisión, se observó que el general Gallardo era sometido "a una cadena ilimitada de procesos" en los que se iniciaba una causa tras otra. "Era evidente que lo que se estaba persiguiendo en su oportunidad era un hostigamiento... la comisión llegó a la convicción de que había un abuso de poder" y actos que tenían como objetivo mantenerlo detenido a pesar de que los propios jueces "habían ido cerrando las causas".

En referencia al caso de Digna Ochoa, sostuvo que el Estado debe tomar en serio las amenazas que se denuncian y tiene que investigar los hechos a profundidad y no bajar la guardia en materia de seguridad. "Uno de los principales problemas de la sociedad latinoamericana es la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos. La impunidad es grosera en América Latina, llegando a índices superiores a 90 por ciento".

Por otro lado, sostuvo que la justicia militar "debe ser estrictamente para enjuiciar casos de la violación de la disciplina y la jerarquía" castrenses. "No obstante, en algunos países hemos observado una expansión de la justicia militar para otros temas y, particularmente, para el juzgamiento de civiles", planteó.

Sergio García Ramírez, ex procurador general de la República, dijo que se debe analizar la posibilidad de la creación de un ombudsman militar, figura que ya existe en algunos otros países. Por su parte, el director del IIJ, Diego Valadés, destacó que hace unos años el problema era construir nuevos sistemas constitucionales y hoy el desafío es "preservarlos y desarrollarlos". Del viejo drama del poder sólo conservamos un mal recuerdo, "pero a veces la memoria colectiva no retiene la magnitud del sufrimiento que el poder desbordado impuso a nuestros pueblos".