El capitán retirado Alberto Enríquez exige el pago de compensación de servicios

Denuncian ante el titular de Sedena violaciones a derechos laborales contra miembros del Ejército

JESUS ARANDA

El Ejército Mexicano viola la Constitución al negar a los soldados que se dan de baja por petición propia las prestaciones sociales y económicas a que tienen derecho, denuncia el capitán retirado Alberto Enríquez en una carta dirigida al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, en la que le exige que ordene al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) que entregue la compensación justa que merecen quienes sirvieron al instituto armado.

La misiva, fechada el 6 de febrero y que fue recibida ese mismo día en la Dirección de Justicia Militar, señala que después de haber prestado servicio activo en el Ejército del primero de septiembre de 1983 al 15 de diciembre de 1998, Alberto Enríquez del Valle solicitó su baja en diversas ocasiones por no estar de acuerdo con la política desarrollada por el gobierno.

En aquel entonces se incorporó como militante activo del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP), que encabezaba el coronel Hildegardo Bacilio -actualmente en libertad, después de que fue encarcelado por delitos como motín y asonada-, pero por haberse dado de baja no pudo ser acusado por la justicia militar, y aunque su caso fue turnado a la Procuraduría General de la República, ésta no encontró elementos para procesarlo.

Según la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, hay tres lineamientos para cobrar el pago de compensación de servicios: causar baja por muerte; causar baja por enfermedad o accidente que impida al individuo desempeñar funciones en la carrera de las armas o causar baja por solicitud del interesado.

Enríquez indica que en el primer caso los deudos cobran la compensación de servicios, al igual que lo hace en el segundo el militar afectado. Pero en el tercer caso, quien toma la decisión de separarse del servicio activo por iniciativa propia "es obligado a firmar su solicitud de baja invocando el artículo 170, fracción II, apartado A de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, es decir, sin derecho a nada".

Entre la espada y la pared

Esto demuestra, asegura la misiva, que la Secretaría de la Defensa Nacional no permite que un elemento se vaya en edad productiva, con buen estado de salud, "negándole todos sus derechos laborales". Esta situación coloca al soldado entre la espada y la pared, ya que si existe una situación de peso para solicitar su baja, tiene que firmar el referido documento aunque sean vulneradas sus garantías individuales.

La carta explica que luego de solicitarle por escrito a la Dirección General de Justicia Militar su intervención, ésta le respondió que Enríquez del Valle no tiene personalidad militar, aunque aplica leyes castrenses para argumentar precisamente su negativa de pago, ya que "usted causó baja por haberla solicitado, por lo que en obvio de las circunstancias, le resulta aplicable el artículo 170 fracción II, apartado A de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, lo cual implicó que perdiera el derecho a reclamar prestaciones o beneficios en base al tiempo de servicios que tuvo".

En el oficio SGB-IV-31367, el director general de Justicia Militar, general de brigada José Luis Chávez García, añade que también le es aplicable a Enríquez del Valle lo que disponen los artículos 49 y 50 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que establecen que, "salvo la que se ordene por muerte del militar", la baja del Ejército "extingue todo derecho a reclamar haber de retiro, compensación o pensión". Tampoco se le concedió la entrega del fondo de ahorro solicitado y es remitido "al instituto o dependencia facultado para tal fin".

Ante esta situación, Enríquez del Valle le exige al secretario de la Defensa que aclare la situación del director de Justicia Militar, quien actúa como "juez y parte". Además, solicita que el ISSFAM le pague el dinero al que tiene derecho, "porque es necesario que en este país se sienten las bases para que los ciudadanos que prestamos servicios al instituto armado recibamos la compensación justa (...) y no ser simplemente carne de cañón utilizada a capricho de políticos o militares de alto rango". Finalmente, le pregunta al general Vega García: "Ƒa dónde van a parar los millones de pesos que anualmente recaba el ISSFAM por concepto de compensación de servicios, negada a los militares que solicitan su baja de manera voluntaria?"