Una comisión en la que participaría la Sedena se encargaría de examinar el caso

Gallardo se entrevista hoy con Creel para analizar su posible reintregración al Ejército

JESUS ARANDA

El general José Francisco Gallardo se reunirá hoy con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, para analizar su posible reintegración al Ejército y tratar el tema de su rango.

Después de que dejó la prisión el pasado jueves en la noche, Gallardo llegó a un acuerdo con el encargado del área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación para formar una comisión que analice, con la Secretaría de la Defensa Nacional, su eventual reintegración al Ejército.

El mismo Gallardo le planteó al funcionario que después de dejar la prisión, por ley tenía que presentarse a disposición del Ejército antes de que transcurrieran 72 horas de su liberación, porque de lo contrario podría ser acusado de deserción.

Aunque este plazo se cumplió el pasado domingo, será hoy cuando se entreviste con el secretario de Gobernación para analizar su situación jurídica, ya que incluso se siente impedido para viajar a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prevista el próximo 19 de febrero en San José de Costa Rica, donde se examinará precisamente el incumplimiento del gobierno mexicano de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que plantea el resarcimiento de daños económicos y profesionales sufridos por más de nueve años que estuvo en prisión.

Cabe recordar que la justicia federal amparó a Gallardo en contra de la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de destituirlo de su cargo de general brigadier.

El amparo de la justicia militar

El quinto tribunal colegiado en materia administrativa y el juzgado primero de distrito ordenaron dejar sin efecto el oficio girado el 8 de octubre de 1998, por acuerdo del entonces secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, mediante el cual se le notificaba al militar preso que quedaba "destituido" de su cargo, por lo que tenía que entregar a la autoridad castrense las patentes de sus grados.

Cuando Gallardo recibió esta notificación, lo hizo bajo protesta e interpuso un amparo ante la justicia federal, la cual en segunda instancia le dio la razón.

El dictamen del tribunal precisa que a pesar de que la justicia castrense condenó a Gallardo a 28 años y ocho meses de prisión, no se trata de una sentencia "firme e irrevocable", toda vez que "cualquier resolución condenatoria privativa de la libertad es impugnable en última instancia de amparo en cualquier tiempo", por lo que "la autoridad responsable no motivaba en forma alguna el acto de autoridad reclamado".

Después de que el tribunal resolvió y emplazó al entonces director general de Personal de la Defensa Nacional, general José Angel García Elizalde, a cumplir con el mandato judicial, éste respondió con un memorando en el que aseguraba que el oficio 13547 -mediante el cual se informaba a Gallardo de que perdía su empleo de general brigadier- había quedado sin efecto.

Sin embargo, cuando se regresó el expediente al juez primero de distrito -quien conoció originalmente la causa penal-, éste se encontró con que la Defensa Nacional no sólo no había reconocido que Gallardo seguía siendo general brigadier, sino que además le prohibió actuar como tal, so riesgo de ser acusado de usurpación de funciones. Gallardo se inconformó y solicitó entonces la intervención de la justicia federal, misma que le dio la razón.