Ť El segundo tribunal unitario decidirá si Schietekat y González son culpables de lavar dinero

Recurrirían a la Corte implicados en el caso IPAB

Ť Aún no asegura la PGR el millón de dólares producto de la extorsión a GBM Atlántico

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Será el segundo tribunal unitario el que resuelva si León Alberto Schietekat, ex director de Investigaciones de Bancomext, y Eugenio González Sierra, ex director Jurídico adjunto del IPAB, deben ser enjuiciados por los delitos de lavado de dinero.

Como se sabe, Schietekat Ballesteros y González Sierra fueron acusados de haber extorsionado con un millón de dólares a GBM Atlántico para que "le arreglaran" un asunto en el IPAB, y tras una investigación de varios meses por parte de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), fueron acusados de seis delitos, pero el juzgado tercero de distrito en materia penal los exoneró de los cargos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho.

La resolución emitida por Ramón Esquivel Ortiz, secretario de acuerdos, en funciones de juez, será analizada por el segundo tribunal unitario, mismo que determinará si hubo deficiencias en la probanza de las acusaciones o errores en la decisión judicial.

El segundo tribunal unitario conocerá de la apelación presentada por la PGR luego de que el juzgado tercero decidiera no juzgar a Schietekat Ballesteros y González Sierra por delitos graves, lo que les hubiera impedido salir de prisión con el pago de una fianza.

Asimismo, se dio a conocer en fuentes judiciales que el millón de dólares que GBM Atlántico depositó en el Principado de Andorra, en una cuenta a nombre de León Alberto Schietekat, no ha sido asegurado por la Procuraduría General de la República.

De ese millón de dólares, Schietekat Ballesteros transfirió una parte a otra cuenta a nombre de González Sierra, y según se dio a conocer, el ex director adjunto del IPAB lo dejó a disposición del juzgado tercero para que decida el destino del dinero.

La resolución del segundo tribunal podría tardar entre uno y dos meses, y en caso de resultar contraria a los intereses de los ex funcionarios, éstos podrían recurrir a la Suprema Corte de Justicia en torno a las acusaciones que pesan en su contra.

Sin embargo, si el tribunal respalda la decisión del juzgado tercero de distrito, la PGR no tendrá ya otra instancia judicial a la cual recurrir, pues la ley establece que en caso de que un tribunal de segunda instancia confirme las decisiones de un órgano como un juzgado de distrito, se convierte en resolución jurídica definitiva.