Ť Presentó el Centro Miguel Agustín Pro Juárez su informe del año 2001

Tortura, práctica recurrente en el gobierno foxista

Ť La actual administración, sin voluntad política para erradicar inseguridad e impunidad

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

En el primer año de gobierno de Vicente Fox la tortura siguió siendo una práctica recurrente de los cuerpos policiacos, militares y funcionarios públicos, lo cual refleja la ausencia de un esfuerzo por parte de las autoridades para poner fin a ese método, afirma el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En el documento Tortura, represión, discriminación y violaciones a derechos políticos en 2001 señala que la voluntad del gobierno federal para erradicar de raíz la impunidad y la inseguridad, lo cual genera la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, "está puesta en tela de juicio" debido a la vigencia de estos grupos.

Respecto a la tortura y con base en las quejas presentadas el año pasado, las diversas policías son señaladas como el principal elemento violador. Las detenciones arbitrarias y las lesiones provocadas durante las aprehensiones o en desalojos son las acciones de más alta incidencia en México.

Los reclusorios son los espacios más propicios para la tortura, afirma esta organización civil. El alto número de denuncias presentadas por la situación en estos centros penitenciarios "es alarmante", afirma.

Entre otros casos de tortura que se documentaron en 2001 menciona el de Francisco Alcocer Flores, detenido "por error" en Monterrey, Nuevo León. También el de Luis Manuel Hernández, Luis Castellanos y José Luis de la Torre, aprehendidos en Venustiano Carranza, Chiapas, presuntamente por instrucción de un cacique local.

La política represiva contra las movilizaciones sociales sigue vigente. El centro contabilizó 205 casos de violaciones a derechos políticos en situaciones de conflicto social y de violencia política.

"La fuerza represiva es utilizada por el actual régimen como método para dirimir conflictos sociales, o en su caso, tolerada en los tres niveles de gobierno", afirma la agrupación.

Dice que 2001 fue un año en el que nuevamente los mexicanos se enfrentaron a homicidios políticos, disolución violenta de manifestaciones, detenciones arbitrarias, casos de tortura, amenazas y hostigamiento.

48 por ciento de estos casos de represión, explica, ocurrieron en zonas marginadas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde las corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, así como el Ejército Mexicano y grupos armados -paramilitares o guardias blancas- tuvieron una participación activa.

Critica la decisión de Fox de mantener al Ejército Mexicano en actividades de control y contención en las comunidades rurales marginadas, principalmente en Chiapas y Guerrero. En el caso de la entidad chiapaneca dice que aun cuando la presencia del Ejército en las comunidades ha sido señalada como nociva, este gobierno no ha modificado en forma alguna esta política militar.

En Chiapas, explica, la actividad paramilitar no ha cesado. En la zona norte, los defensores comunitarios de derechos humanos han sido víctimas de amenazas y agresiones por parte de miembros del grupo Paz y Justicia.

2001 fue también difícil para los defensores de derechos humanos, afirma este centro. El asesinato de Digna Ochoa, añade, evidenció el estado de indefensión en el que se encuentran.

Los ataques de los que fueron víctimas los defensores de las garantías individuales fueron campañas de difamación, amenazas, espionaje, interrogatorios, persecución por parte de policías judiciales hacia defensores y sus familiares, quema de casa-habitación, atropello con auto, robo de equipo de cómputo e información y emboscadas a manos de civiles armados.

Los dirigentes y luchadores sociales, refiere, también han sido víctimas de asesinatos, de aprehensiones injustificadas; amenazas de muerte y de agresión física.

De acuerdo con este centro, las prácticas de discriminación son recurrentes. Los grupos más afectados son primeramente las mujeres, luego los gays y los migrantes, los indígenas y las personas con VIH/sida, y finalmente la población marginada o con alguna discapacidad.