Ť La propuesta fue presentada al jefe de Gobierno

Nuevo plan para reorganizar a la Policía Auxiliar en el DF

Ť Varias dependencias analizan el estado de la corporación

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

La definición del marco jurídico de la Policía Auxiliar continúa como tarea pendiente del gobierno capitalino luego de casi tres años de las primeras protestas de uniformados por un supuesto desvío de fondos. Ayer se presentó al jefe de Gobierno una nueva propuesta para reorganizar el trabajo de la corporación y disponer de un sistema de cobro confiable.

Además, diversas dependencias realizan tareas para resolver la secuela de problemas que se generó desde el gobierno anterior.

La Oficialía Mayor se aboca al cobro de la cartera vencida de clientes, entre ellos empresas, industrias y dependencias del mismo gobierno capitalino; la Consejería Jurídica analiza si puede convertir la corporación en órgano desconcentrado y aplicar una medida de esta naturaleza en el marco normativo vigente; la Contraloría General aún tiene pendientes las auditorías sobre presuntos desvíos y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está por resolverse si los magistrados ratifican o revocan la suspensión como servidores públicos de 26 comandantes y otro personal de mando.

Aparte, se hace el análisis jurídico sobre la propiedad de edificios, patrullas, chalecos, macanas y otro equipamiento, pues fue adquirido por una asociación de policías que ya desapareció y que, sin embargo, tiene facturas de los objetos a nombre de la citada asociación; el objetivo es determinar si son propiedad de los uniformados o del gobierno.

Aunque el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, emitió un bando para ordenar la actividad de los más de 40 mil uniformados de la Policía Auxiliar persisten los problemas.

Por ejemplo, la cobranza se ha dificultado y se han perdido clientes, aunque se mantiene un número estable de 40 mil policías, cuyas prestaciones sociales eran cubiertas por la asociación civil que ellos mismos integraron desde 1984.

El cinco de julio de 1999, el entonces jefe de la policía, Alejandro Gertz Manero, denunció en una comparecencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un fraude millonario que, sin embargo, no tuvo resultado en la vía penal, pues la Procuraduría General de Justicia determinó que no había delito.

En tanto, por la vía administrativa, después de más de un año, se inhabilitó a comandantes que eran los encargados de conseguir clientes y cobrar las facturas de servicio. No obstante, está pendiente la resolución sobre si serán reinstalados o se confirma el fallo.

Reuniones preparatorias

Ayer, un grupo de funcionarios de la Contraloría del DF, encabezados por su titular, Bertha Luján, se reunió con López Obrador para exponerle una propuesta que tiene como objetivo reordenar la actividad de la Policía Auxiliar.

Luján dijo que en la reunión se habló de los avances para rencauzar el marco jurídico de la corporación, pero dijo que hay fechas posteriores para platicar con el gobernante.

"Se trata de una propuesta para mejorar el servicio en Seguridad Pública, en especial a la Policía Auxiliar, que se ha trabajado desde hace meses", con acciones preventivas, comentó al referirse al plano administrativo y a la prestación del servicio.

En suma, se busca "tener una sola línea de acción para lograr un mejor funcionamiento de la Policía Auxiliar" y resolver el problema, dijo la contralora.

Sin embargo declinó dar detalles sobre el plan que platicó con López Obrador. Sólo se conoció que ayer por la tarde otros funcionarios se reunieron con la intención de reorganizar la Policía Auxiliar y mejorar el sistema de cobro, para hacer más efectiva la organización de la corporación.