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Ť Evitar enfrentamiento entre poderes, el fin, indica el obispo Arizmendi
Exhortan al gobierno chiapaneco y a la CEDH a entablar "mayor comunicación"
ELIO HENRIQUEZ, ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES
San Cristobal de Las Casas, Chis., 21 de enero. El obispo Felipe Arizmendi Esquivel exhortó al gobierno de Chiapas y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández, a entablar entre sí una mayor comunicación "para evitar malos entendidos o conflictos que pueden resolverse por medio del diálogo".
De acuerdo con el prelado, "muchas veces el enfrentamiento entre poderes se da por la falta de comunicación, porque uno puede interpretar mal lo que otro dice o piensa, y podemos perjudicarnos más o perjudicar más al estado". Igualmente, aseveró: "La voz que nosotros elevamos es de que se busquen medios, en que los diferentes poderes o servicios estén en mayor comunicación para buscar la verdad y la paz".
Entrevistado después de la misa que ofició en la catedral de San Cristóbal la noche del domingo, Arizmendi Esquivel manifestó su esperanza en que pronto vendrá "una nueva etapa de aceptación, respeto, tolerancia, en la que podamos convivir más pacíficamente todos".
El obispo lamentó el atentado a balazos que sufrió hace una semana el ombudsman chiapaneco en su domicilio, del cual salió ileso, y dijo que es "muy aventurado acusar a alguien (de los hechos) mientras no se tengan pruebas adecuadas, y en este sentido tenemos que ser muy cautos y prudentes, porque de lo contrario se pueden suscitar altercados -incluso públicos- que no benefician a nadie".
Aseveró que hechos como la agresión en contra de López Hernández "dañan la imagen" de Chiapas en el exterior, porque el tema de los derechos humanos "es muy sensible".
Arizmendi Esquivel sostuvo que los responsables del atentado "tienen que entregar cuentas ante Dios, porque están dañando mucho a la sociedad chiapaneca", y les pidió: "Eviten ese tipo de acciones violentas porque dañan mucho a Chiapas. Si ellos quieren de alguna forma beneficiarse a sí mismos o a otros grupos o intereses, nos están haciendo mucho mal a todos".
De igual forma, exhortó a las autoridades judiciales a que "se dediquen con particular empeño a esclarecer el atentado, que no se fabriquen culpables, sino que se encuentre a los responsables para que no hagan más daño a la sociedad chiapaneca".
Resguardan la alcaldía de Zinacantán
Decenas de policías estatales resguardan la alcaldía de Zinacantán, cuyo presidente municipal, el perredista Domingo de la Cruz Pérez, no ha podido tomar posesión del inmueble y despacha en su domicilio particular, informó la Secretaría de Pueblos Indios (Sepi).
De acuerdo con la dependencia, desde el domingo de la semana pasada 60 policías estatales custodian el edificio para evitar que lo tomen priístas inconformes con el edil. Durante las primeras dos semanas de este año la alcaldía estuvo en poder de militantes del PRI, quienes aseguraron que De la Cruz Pérez se negó a integrar al cabildo tres regidores plurinominales del tricolor.
La Sepi dijo que las autoridades salientes priístas no han hecho la entrega oficial de las oficinas, lo cual se espera ocurra en los próximos días, pues el proceso de entrega-recepción está en marcha.
Intentan desalojar a ex peones
Ex peones de la finca San Isidro Chichiuistán, municipio de Teopisca, dieron a conocer que el ex propietario del inmueble, Antonio Ricardo Suárez González, intentó desalojarlos del lugar, el cual tomaron hace meses, luego que el anterior dueño se negó a darles la hacienda, a pesar de que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) le depositó el pago acordado.
Amado Hernández Jiménez, titular del comisariado ejidal de San Isidro, afirmó en entrevista que 44 familias que durante 110 años fueron peones, negociaron en septiembre de 2000 con Suárez González la compra de 77 hectáreas de terreno, incluido "el casco de la casa grande".
El acuerdo se hizo a través de la SRA; sin embargo, según Hernández Jiménez, Suárez González "vendió a terceras personas 20 de las hectáreas pactadas y el casco de la finca", a pesar que la SRA le depositó en un banco 4 mil pesos por cada hectárea