Ť Nunca menciona al tricolor o a Labastida como beneficiarios de desvíos

Confirma Secodam denuncia ante la Procuraduría

JOSE ANTONIO ROMAN Y JESUS ARANDA

La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo confirmó anoche la denuncia penal que presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de recursos federales superior a los mil 100 millones de pesos detectado en Pemex. No obstante, nunca menciona ni al PRI ni a la campaña presidencial de Francisco Labastida como presuntos destinatarios de esos recursos.

Como resultado de la denuncia penal, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) mantiene bajo arraigo domiciliario a tres ex colaboradores de Labastida, Alonso Veraza, Melitón Cázares y Andrés Heredia. Veraza fungió como coordinador administrativo de la Secretaría de Elecciones del tricolor hasta agosto de 2000, mientras los otros dos participaron en la campaña labastidista en el área de finanzas.

La Secodam tampoco hace alusión a la situación jurídica de esas personas, pese a que fuentes oficiales de la PGR aseguraron ayer mismo que la dependencia que encabeza Francisco Barrio sería la que presentara toda la información del caso.

De acuerdo con la auditoría iniciada por el área central de la Secodam en Pemex el 22 de enero del 2001, se detectó que en el ejercicio presupuestal de Pemex Corporativo entre 1997 y 2000 se registraron erogaciones de la paraestatal, a favor del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) superiores a mil 100 millones de pesos.

La confirmación de la denuncia y el monto, adelantados por La Jornada el domingo se dio luego de una reunión convocada por el presidente Vicente Fox en la residencia oficial de Los Pinos, a la que asistieron el actual director general de Pemex Corporativo, Ernesto Martens Rebolledo; el secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, y el vocero presidencial, Rodolfo Elizondo, según revelaron funcionarios de la Secodam.

En la Contraloría se confirmó que además de los mil 100 millones de pesos se investigan "otras partidas" de la paraestatal. No se descarta que se interpongan nuevas denuncias.

La mañana de ayer Francisco Barrio sugirió en entrevista radiofónica que la información publicada los últimos días sobre este incidente se debía a "filtraciones" de la UEDO. La afirmación causó molestia en la dependencia que encabeza el general Rafael Macedo de la Concha, por considerar que no es la primera vez que una indagación todavía en proceso en la Secodam se turna a la PGR para que le termine el trabajo.

El 5 de junio de 2000 el entonces director general de Pemex Corporativo y ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, firmó el convenio 9399 con el sindicato petrolero, mediante el cual la paraestatal le prestó a esa agrupación sindical 640 millones de pesos, que serían pagados mediante 20 exhibiciones mensuales a partir de noviembre de ese año.

Tres días después Pemex Corporativo expidió el cheque 0008648 por 640 millones de pesos, cantidad que tenía el propósito de atender gastos y costos originados por demandas judiciales interpuestas en contra del Comité Ejecutivo Nacional del STPRM, las cuales no fueron especificadas.

El 11 de septiembre del 2000 Pemex y el sindicato petrolero firmaron el convenio administrativo 9442, por 850 millones de pesos, que serían destinados a "cubrir supuestos incumplimientos laborales de la paraestatal, acordados en revisiones del contrato colectivo de trabajo de 1997 a 1999". Esto se hizo sin contar con autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como establece la ley.

Este acuerdo incluía la entrega de otros 250 millones de pesos para atender una demanda en contra del STPRM por la empresa Arriba Limited por incumplimiento de contrato.

Según la Secodam, el sindicato solicitó a Pemex que le descontara el importe del préstamo inicial de 640 millones de pesos.

Así las cosas, el 19 de octubre del 2000 el sindicato petrolero recibió el cheque 15185 por la cantidad de 460 millones de pesos, con lo que se completaron los mil 100 millones de pesos entregados por la paraestatal por los cuales se presentó la denuncia ante la PGR.

La UEDO inició el pasado 10 de diciembre la investigación correspondiente y diez días después obtuvo una orden judicial para mantener bajo arraigo domiciliario a tres ex colaboradores y funcionarios de la campaña a la candidatura presidencial del PRI de Francisco Labastida Ochoa.

La indagación denominada Operación Crudo llevó al arraigo domiciliario a Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alfonso Veraza, en tanto se determina si tienen o no responsabilidad penal en el presunto desvío de recursos de Pemex. Los dos primeros trabajaron durante la campaña de Labastida en la subsecretaría de Finanzas del PRI, que encabezaba el ex oficial mayor de Francisco Labastida cuando fue secretario de Gobernación, Jorge Cárdenas Elizondo.

Posteriormente los dos primeros se integraron al Sistema de Adimnistración Tributaria, mientras a Alonso Veraza se le ubica como un "particular".

En un tono particularmente cuidadoso, la Secodam precisó en su comunicado que una vez presentada la denuncia de hechos ante la PGR, ésta, "de estimarlo procedente", ejercerá acción penal en contra de servidores públicos o particulares a quienes les resulte probable responsabilidad.