Hay tiempo para reformas inquilinarias: Castillo

Ť La administración local recibió 300 solicitudes de expropiación de inmuebles en ruinas, dice

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

La posibilidad de un desalojo con motivo del descongelamiento de las rentas en viviendas deterioradas tiene que agotar por lo menos tres instancias legales, cuyo procedimiento puede llevar algunos meses, lapso que puede dar oportunidad a que la Asamblea Legislativa realice modificaciones a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, explicó la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Laura Itzel Castillo.

Indicó que el Gobierno del Distrito Federal ha recibido 300 solicitudes de expropiación de predios que se consideran vecindades ruinosas y que se concentran mayoritariamente en las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

El subsecretario de Gobierno capitalino, Francisco Garduño, indicó a su vez que se podrá apoyar con la reubicación provisional, programas de crédito e incluso apoyo crediticio a los particulares que vayan a remozar los inmuebles.

No habrá un desalojo masivo, estableció, pues los dueños tienen que acreditar la propiedad del inmueble, dijo en concordancia con los recursos jurídicos que tienen que desahogarse antes de cualquier lanzamiento inquilinario.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el funcionario, existen 350 mil asuntos de rentas congeladas en los juzgados y comentó que en caso necesario se podrán realizar expropiaciones para ayudar a la gente que lo requiere, dado que el tema de la vivienda lo es también de "justicia social".

Sobre el tema del vencimiento de las rentas congeladas, Laura Itzel Castillo precisó que de hecho ya se han cumplido algunos plazos para el descongelamiento y algunos se dieron todavía en 1996, según el tipo de inmueble de que se trate.

No obstante la dependencia, por medio del Instituto de Vivienda (Invi), puede asesorar a los inquilinos. "A quienes no pueden contratar un abogado, desde el Invi se les puede apoyar"; además, la Procuraduría Social tiene un módulo para la conciliación entre arrendador y arrendatario, dijo.

Pero no deben olvidarse los recursos jurídicos, como el amparo, las instancias federales y recurrir a los juzgados civiles o de arrendamiento en el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

En caso de que la Asamblea Legislativa aborde el tema, sería importante que se analicen cambios en los códigos en materia civil, aunque rechazó hacer propuestas, pues dijo que es facultad de los diputados locales.

En el caso de las 300 solicitudes de expropiación que comentó en entrevista con este diario, dijo que si las realiza el Instituto de Vivienda quedarán a título de la dependencia, "pero evidentemente es para beneficiar a los que ahí viven".

El objetivo de una expropiación puede ser la redensificación o exclusivamente la sustitución de vivienda. Recordó que las 300 solicitudes se distribuyen en toda la ciudad y que se trata de acciones compatibles con la redensificación en predios en malas condiciones en las llamadas delegaciones centrales.

Por su parte, en conferencia de prensa, el subsecretario Garduño puntualizó que en el Centro Histórico 71 por ciento de los inmuebles de alto riesgo están habitados por familias de bajos ingresos y dijo que existen programas de atención de las autoridades.

Hazo un repaso de los diferentes decretos publicados, desde el de 1948, en que el entonces presidente Miguel Alemán emitió un decreto de congelamiento de contratos de arrendamiento hasta las actuales circunstancias.

El problema que se presenta es que los dueños de los inmuebles plantearán la actualización de las rentas, aseveró, pero cualquier acción de lanzamiento la tiene que resolver un juez.

Al citar trabajos de organizaciones civiles, dijo que estadísticas indican que de 1992 a 1999 se reportaron 18 juicios de desalojo por día, que conllevan hechos de violencia.