Marcos Roitman Rosenmann

Las tiranías latinoamericanas

En un periodo en el que se piensa que los alzamientos militares y las tiranías son cosa del pasado, la justicia continúa su marcha. Juzgar a los tiranos y no permitir la impunidad es el mejor reconocimiento para evitar caer en tentaciones totalitarias. Sin embargo parece ser que mientras la justicia pretende ejercer su cometido, el poder político se empeña en poner trabas a la acción judicial. En América Latina nuestras elites no comparten el criterio democrático de una ley igual para todos. Aún hay quienes se sienten seguros y vanaglorian de evadir la acción judicial y quedar en la más absoluta impunidad gracias al corrupto y miserable comportamiento de quienes deberían tener la obligación de dar ejemplo. Me refiero a los cargos electos en ejercicio del poder político.

Salvo en Argentina, en países como Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia se sigue sin encausar a los máximos y directos responsables de las políticas de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante los años que los generales usurparon el poder. Tiempo donde se urdió una de las maniobras mas despreciables para acabar con la vida de militantes de izquierda en los países del Cono Sur sometidos a regímenes militares: la Operación Cóndor. En un intento de aplicar medias tintas, por ejemplo, se juzga a mandos intermedios con el fin de expiar pecados. En cualquier caso, la política ha sido evitar juicios ejemplares donde se sentaran los verdaderos artífices de tan horrendos crímenes de lesa humanidad.

Perdón sin olvido no es perdón. Así reza la máxima pragmática establecida en 1905 por George Mead. Para poder vivir en la más completa degradación e ignominia se torna imprescindible la pérdida de memoria. Mas importante que perdonar, cuestión que no debe afectar la acción de la justicia, es no tener conciencia. Hay que olvidar.

Cualquier intento de pedir responsabilidades puede alterar el pacto de gobernabilidad entre militares, elites económicas, políticas y fuerzas exteriores sobre las cuales se acordó la Ley de Punto Final y el restablecimiento de un orden de libertades mínimas y restringidas. Regímenes electorales más que democráticos. Cuando surgen escaramuzas o se levantan voces díscolas pidiendo el enjuiciamiento de tiranos en vacaciones éstos tienen testaferros que asumen su defensa. Personajes que se apresuran a eximir de culpa a torturadores y genocidas. Este es el caso de la mayoría de los actuales dirigentes de partidos políticos en otro tiempo perseguidos, declarados en la ilegalidad y cuyos militantes fueron detenidos y asesinados por las policías políticas de las tiranías.

Sin el más mínimo respeto a las vidas humanas y los principios éticos sobre los cuales dicen articular sus vidas y proyectos de cambio social, antiguos perseguidos se transforman en cómplices y encubridores de los más siniestros personajes. Aludiendo a una falsa legitimidad supuestamente ganada en la lucha contra la tiranía se rodean de un halo protector que los inmuniza de las críticas por su cobardía. Responden con indignación y descalifican a quienes pretenden que la ley y la justicia se cumpla, tachando de desestabilizadores a quienes han luchado por la democracia sin pedir ningún cargo público como recompensa o pago por servicios prestados. De esta manera, los defensores de tiranos y torturadores transforman y tildan las actividades de las asociaciones de familiares de detenidos y desaparecidos, de presos políticos en organizaciones cuasi terroristas.

Por suerte, y a pesar de la Ley de Punto Final, el magistrado argentino Rodol- fo Canicoba Corral ha pedido a la justi- cia boliviana la extradición del ex general golpista boliviano, Hugo Bánzer. El hasta hace pocos meses presidente constitucional de Bolivia, obligado a dimitir por problemas de salud, previó esta posibilidad. Antes de abandonar el gobierno formal articuló una red protectora con el fin de evadir la acción judicial y no verse involucrado en los asesinatos y desaparición de ciudadanos argentinos, chilenos, paraguayos, bolivianos, brasileños y uruguayos cometidos durante el periodo que duro la Operación Cóndor. Fue un pacto implícito: me voy pero dormiré tranquilo sin pensar en la posibilidad de un caso Pinochet. Esta red protectora emerge en estos momentos decisivos. Son las voces de testaferros y lacayos dispuestos a guardarle las espaldas a Bánzer. Así sucede con el Movimiento de Izquierda Revolucionario de Bolivia uno de cuyos máximos dirigentes, Hugo Carvajal, a la sazón ex ministro con Bánzer, en su particular alianza para gobernar acusa de cínicos y vendepatrias a quienes plantean se cumplan los acuerdos y se extradite al tirano.

Son estos lacerantes comportamientos lo que favorece la impunidad y avalentona a otros a seguir este camino de desprecio a la acción judicial y las instituciones democráticas. Pero no es todo. El gobierno boliviano, y como portavoz su presidente Jorge Quiroga, con principios idénticos a su protector, señaló con tono indignado que Bánzer no puede ser ni juzgado ni extraditado. Es más, en caso de producirse semejante atrocidad la única instancia que podría realizar dicho acto sería la Corte Suprema de la nación boliviana. Desde luego, al igual que sucediera en Chile con Pinochet, sería aconsejable, ya que es la instancia perfecta para legitimar la impunidad vía presión política. šViva la independencia de los Tribunales!

De esta manera, el gobierno boliviano esgrime la soberanía nacional para impedir la acción de la justicia internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Es una pena que esta misma soberanía nacional no se ejerza con igual firmeza cuando se roban y esquilman las riquezas nacionales en nombre del progreso. Cuando más necesitados estamos de gobiernos democráticos nuestras clases dominantes más se empecinan en mostrar su carácter totalitario e intolerante. Bolivia es un ejemplo.