Los consensos fiscales

Mientras la crisis en Argentina pasaba de la revuelta social a las múltiples renuncias presidenciales, en México el Poder Legislativo hacía su chamba de negociar el presupuesto y la reforma fiscal. La impresión que dejan esas sesiones maratónicas de trabajo parlamentario son las de una labor que se hizo tarde y con prisa. Los resultados a los que llegó el Congreso son bastante polémicos.

La materia fiscal resulta casi siempre un terreno conflictivo y las reformas de fines de 2001 no son una excepción. En términos gruesos se ve que los legisladores le cambiaron al Poder Ejecutivo su reforma fiscal: la resistencia al núcleo central de la propuesta foxista, gravar con IVA alimentos y medicinas (abril del 2001), se mantuvo hasta el final. En cambio, se buscó un esquema alternativo, el cual resulta ?según algunos analistas? una nueva miscelánea fiscal llena de contradicciones, como gravar un tipo de telefonía y no otro; gravar los contratos de los celulares y no las tarjetas; gravar como de lujo artículos de trabajo como las agendas electrónicas o las computadoras, o dar privilegios a los burócratas. De las novedades fiscales se pueden resaltar tres los cambios para homologar el impuesto sobre la renta (ISR), que se ajusta en un porcentaje de 35 por ciento y que bajará en los siguientes años hasta llegar a 32 por ciento; los impuestos a productos y servicios considerados de lujo, que pagarán un 5 por ciento más de IVA, lo cual grava el consumo de los estratos más altos de la pirámide económica; y los impuestos a los refrescos con edulcorantes, cigarros y bebidas con más de 20 grados de alcohol.

El balance es que el Ejecutivo entregó un presupuesto de un billón 410 mil millones y el Congreso aprobó un paquete con 52 mil millones más, es decir, 3.7 por ciento, lo cual equivale a un poco menos de un punto porcentual del PIB. En términos del cálculo que hacía el presidente Fox, tendrá más o menos la mitad de los recursos que esperaba de su reforma fiscal. La respuesta presidencial fue mesurada, calificó el resultado como insuficiente, pero al mismo tiempo señaló que daba certidumbre y que contenía avances importantes. Además, los reajustes presupuestales beneficiaron algunas áreas del gobierno como la educativa, las secretarías de Economía, Comunicaciones y Desarrollo Social; en cambio, otras áreas del gobierno sufrieron recortes, entre ellas la Presidencia de la República, Trabajo y Gobernación; también hubo recortes en los otros poderes, en los que el más notable se dio en el Judicial, que tuvo 24 por ciento menos (la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral) y el mismo Legislativo, que sólo tuvo 2.6 por ciento menos. Este conjunto de decisiones se aprobaron con un alto consenso.

Las reformas fiscales y los ajustes presupuestales que aprobó el Congreso son producto de un gobierno dividido. ¿Podrían haber sido diferentes? Es posible que sí, pero en política dicen que el 'hubiera' no existe. La gran pregunta que queda de toda esta experiencia es que algo falla en nuestro sistema político, que hace de este gobierno dividido una estructura muy ineficiente y con altos costos para el país. Pasaron prácticamente nueve meses de discusión y desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, aparentemente porque se mantuvo una posición irreductible en torno al IVA para alimentos y medicinas. Al final el Congreso dispuso que no apoyaría este impuesto, y el partido en el gobierno no tuvo más remedio que ceder. La lección tiene que ser clara para el presidente Fox: necesita hacer un gobierno con mayores dosis de negociación, porque repetir la actitud de la experiencia fiscal en otras iniciativas importantes sería un grave error.

Otro aprendizaje es que los cambios y las reformas futuras tienen límites muy delimitados que surgen de la misma composición de un gobierno sin mayoría legislativa. Eso que se sabía desde el principio, ahora ya tiene un perfil definido, en el que se conocen las rutas largas y cortas, y los mecanismos para que un proyecto salga adelante o se quede atorado. Ahora quedó completamente claro para el país, quizá por primera vez en décadas, que el Congreso es un poder real y tiene que ser responsable frente a los ciudadanos; que no puede tener fuero frente a la opinión pública.

La experiencia legislativa, los consensos y los desacuerdos fiscales a los que se llegó en los últimos días y horas de 2001 expresan a un sistema político en el que la capacidad de pactar es todavía muy reducida. Por lo pronto tenemos una democracia incipiente que se mantiene en niveles mínimos y con baja calidad. Ť